El 4 de julio por la noche, un importante canal de televisión dedicó dentro de un programa relativo a la entrega del texto definitivo del proyecto de nueva Constitución, una nota a las polémicas de la Convención Constitucional que contribuyeron a su desprestigio. Se identificó, entre otras, las siguientes: 1. La farsa de Rojas Vade: 2. El convencional que votó desde la ducha. Nada se dijo sobre las sanciones del Comité de Ética por conductas agresivas, difusión de mentiras y desinformación ¡Para algunos mentir o desinformar premeditadamente sale gratis!
Cabe recordar que el Comité de Ética sancionó a varias y varios convencionales defensores de la opción que implica no aprobar la nueva constitución: 1. El 28 de enero se sancionó al convencional Zúñiga (UDI) por sus agresiones verbales contra el convencional Barraza. 2. El mismo 28 de enero se sancionó a la convencional Ruth Hurtado (Partido Republicano) y nuevamente a Zúñiga por agresiones a la convencional la machi Linconao. 3. El 24 de febrero a la convencional Cubillos por “desinformar al presentar hechos como reales sabiendo o debiendo saber que son falsos”. 4. El 21 de marzo a la convencional Marinovic por poner en riesgo la salud de las (os) convencionales y no atender al bien común, violando normas sanitarias, al negarse a usar mascarilla en las sesiones . 5. El 22 de marzo se sancionó al convencional Martín Arraú por desinformar. 6. En junio de 2022 a la convencional Montealegre por agredir a la Convencional Ampuero, etc.
Dichas conductas se verificaron a lo largo del año de trabajo de la Convención y contribuyeron a crear una imagen de dicho espacio como conflictivo, faltó de armonía, afectando con ello la imagen pública de la Convención. Sin embargo, estas conductas no fueron tratadas como asuntos polémicos por los medios de comunicación pertenecientes al oligopolio informativo, es más, varios de los involucrados fueron entrevistados frecuentemente por la misma prensa que optó por no colgarles el cartel de desprestigio que se colgó a otras/os. Se instaló un manto de silencio respecto de un conjunto de hechos jurídico políticos graves protagonizados por los defensores de no aprobar, a saber, agresiones. difusión de mentiras y de tergiversaciones respecto de las normas aprobadas por la Convención. Y lo que es todavía más grave, se usó un distinto baremo según quién mentía o agredía. Es así como, por ejemplo, el pasado 4 de julio por la noche, en un día de enorme trascendencia histórica, el convencional sancionado por desinformar y denunciado por denostar, don Martín Arrau, militante de la UDI, fue invitado estelar al programa del mismo medio que al dar noticia de las polémicas del desprestigio no consideró como tal a las conductas sancionadas por el Comité de Ética. Dicho convencional participó al día siguiente en la televisión pública, sin que tampoco la línea editorial del programa y del canal se preguntara si era o no conveniente dar a conocer al país los juicios de quien fue sancionado por desinformar y denunciado por denostar (su ataque a la plurinacionalidad fue particularmente mordaz, aunque el Comité consideró que estaba dentro de los límites de la crítica aceptable).
No parece sano para el evento electoral del 4 de septiembre que las polémicas se asocien con las y los convencionales cercanos al Apruebo, y que no se incluya a las y los convencionales sancionados por el Comité de Ética (todas/os de Chile Vamos, es decir, del grupo político que está por no aprobar). Más grave es todavía que un convencional sancionado por desinformar sea invitado al estelar de un canal privado, y luego a un programa matutino del canal público, como una voz autorizada.
Cabe preguntarse legítimamente, como corolario, qué responsabilidad le cabe a los medios privados y públicos en el éxito de la campaña de desprestigio y mentiras orquestado por quienes están por no aprobar ¿Cómo podemos confiar en que informan de buena fe en este momento de tanta relevancia para el presente y el futuro del país? ¿Si se incurre en estas conductas discriminatorias inaceptables por las líneas editoriales privadas y públicas, podremos decir en el futuro que ante esta coyuntura histórica toda la prensa estuvo a la altura de sus responsabilidades?.
El derecho a ser informado verazmente está siendo amenazado y los órganos competentes para evitarlo parece que miran hacia el lado. Al respecto el CNTV señaló el año 2019 que la ciudadanía tiene derecho a recibir información oportuna y veraz (sería una dimensión de la libertad de expresión), y que: “la televisión tiene la obligación de mantener la construcción de la información dentro de un estándar que exponga diversas opiniones en temáticas de interés general, asegurando también rigurosidad en la publicación de antecedentes”.
