Por años, desde Amnistía Internacional, hemos manifestado que Chile necesita una nueva Constitución porque la actual ha demostrado que no contribuye a disminuir las desigualdades, la precariedad y los abusos que afectan a la gran mayoría de la población. Por el contrario, el texto actual obstaculiza los cambios necesarios para conseguir un Chile más justo. Una y otra vez ha sido una muralla para avanzar en el ejercicio de derecho, especialmente respecto de las personas tradicionalmente discriminadas. Por eso, y bajo la convicción de que la nueva Constitución garantizará de mejor manera los derechos humanos, desde la organización hemos presentado recientemente la campaña “Aprobar es Humano”.

En septiembre nos enfrentaremos a dos opciones que van a determinar el futuro de las actuales y futuras generaciones. No hay otras opciones, son solo dos. Por un lado, la ciudadanía podrá aprobar y abrir la puerta a una Constitución que favorece la igualdad de derechos y que establece un catálogo de derechos coherente con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como ninguna otra en nuestra historia republicana. Como movimiento internacional de derechos humanos con 61 años de historia queremos señalar que hay pocos textos constitucionales que reconozcan con tanta fuerza los derechos humanos como lo hace la propuesta que la Convención Constitucional nos ha entregado a los pueblos de Chile. 

La otra alternativa que tendremos el 4 de septiembre es rechazar y quedarnos con el Decreto Ley 3.464, conocido como “Constitución de 1980” e impuesta durante la dictadura militar. Pero, más allá de su origen, la actual Constitución ha demostrado múltiples veces que favorece la mantención de privilegios y no el efectivo ejercicio de derechos. Creemos que mantenerla es hacer como si no ha pasado nada y no hacernos cargo de las legítimas manifestaciones sociales de millones de personas que han exigido avanzar hacía un Chile más humano e inclusivo. 

En esta disyuntiva, desde Amnistía Internacional no lo hemos dudado y tenemos clara nuestra posición. Hemos decidido ponernos en la vereda de la justicia y la dignidad, por eso vamos por el apruebo.

A nuestro juicio el nuevo texto constitucional consagrará de manera más robusta los derechos fundamentales, especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que tienen relación con el acceso adecuado a la salud, a la vivienda, a la educación, a pensiones dignas, al trabajo, al agua, entre otros. Por lo tanto, esto repercute directamente en la vida cotidiana de las personas abriendo paso a mayores niveles de igualdad y justicia.

Una diferencia clara respecto a lo que pasa hoy en día con la actual Constitución es que esta no incluye determinados derechos que son vitales o los considera, pero de manera muy deficiente, como ocurre con el derecho a la salud y la seguridad social. Lo anterior implica que muchas veces el Estado asume un rol más bien pasivo sin que tenga obligaciones de garantizarlos. 

Por último, Amnistía Internacional entiende que los cambios que anhelan los pueblos de Chile no llegarán de la noche a la mañana. La nueva Constitución por sí sola no asegurará una protección inmediata e integral de los derechos fundamentales de todas las personas, pero es un paso inicial imprescindible para avanzar en esa dirección. La nueva Constitución no es el punto de llegada, sino que es un punto de partida para construir ese camino de mayor igualdad. Aprobar es humano y es la puerta a una sociedad más justa y solidaria.