Las dos afirmaciones que haremos a continuación no son juicios de valor, sino descripciones: la primera es que el poder económico está con el Rechazo. Y la segunda es que hay una evidente desproporción de recursos entre las dos opciones para el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Este escenario es idéntico al del plebiscito de entrada y coincidente con la elección de convencionales, donde las listas y candidaturas identificadas con el Rechazo obtuvieron aportes exponencialmente superiores a las demás.

Según reporte publicado por el Servel para el Plebiscito, con fecha de corte del pasado domingo 17 de julio, se ha donado un total de $27.833.961. De ese monto, un 98% ha sido destinado a financiar la campaña del Rechazo ($27.355.598) y apenas un 2% por el Apruebo ($478.363). La desproporción es tal que no amerita agregar más palabras. Yendo a la lista de los donantes, los principales intereses están vinculados con los sectores de la Construcción y la Ganadería, además de un ministro del expresidente Sebastián Piñera. A esta parte de los dineros destinados al Plebiscito y que está regulado por el Servel, se debe sumar el apoyo al Rechazo de los medios de comunicación más vinculados al gran empresariado, especialmente canales y diarios, así como la millonaria inversión en bots -cuentas falsas que aparentan ser personas- en redes sociales, cuyo único propósito es amplificar de modo artificial determinadas ideas, en este caso también en favor del Rechazo.

Debemos recordar que ya en la campaña para elegir a la Convención Constitucional, se instaló el problema del aporte a las campañas, habiendo casos de distritos donde candidatos recaudaron menos de $1 millón de pesos, en comparación con otros que habían recibido más de $120 millones. Al seguir la trayectoria de quienes recibían mayores aportes, uno se encuentra en todos los casos con que hoy se han manifestado a favor de la opción Rechazo.

A pesar de los avances que se han producido para regular el financiamiento de las campañas, persiste la inequidad, lo cual es una expresión severa de déficit del funcionamiento democrático. No se puede negar el avance en materias tales como la obligación de aportar a las campañas a través del Servel, la eliminación del aporte de personas jurídicas y el límite de los aportes de personas naturales, pero esto no termina por resolver la desigualdad en la competencia ni la incidencia del poder del dinero en favor de determinadas opciones.

Si bien en las últimas elecciones el aporte a las campañas ha sido inversamente proporcional al resultado, por lo general una ventaja presupuestaria se transforma en una ventaja política. Lo es, para decirlo más directamente. En la misma órbita está la falta de diversidad editorial en los medios que acceden a más recursos. Ambos son asuntos necesarios de corregir para un mejor funcionamiento de la democracia, por lo que deben ser objeto de preocupación y de políticas públicas.