El acuerdo a que han llegado los partidos que sustentan el actual Gobierno para modificar una Nueva Constitución que aún no se aprueba es una suerte de fraude democrático.
Fueron los partidos los que promovieron el Acuerdo del 15 de Noviembre de 2019, cuando el gobierno derechista y la institucionalidad pinochetista de la Constitución de 1980 estaba a punto de derrumbarse debido a las masivas movilizaciones ciudadanas. Es cierto que había que buscar una salida democrática para evitar un colapso institucional de magnitudes, pero eso no significaba necesariamente salvar a un gobierno elegido democráticamente que había violado masiva y sistemáticamente los derechos humanos en el marco de las pacíficas movilizaciones de millones de habitantes del país. Pudo haberse abierto paso a un proceso institucional diferente y mucho más cercano al reclamo ciudadano.
Pero no. La derecha y el conservadurismo de centroizquierda demostraron que estaban cómodos con lo que existía y había que preservar todo lo que les permitiera seguir profitando de su privilegiada posición. Y quienes se planteaban en una posición diferente y crítica de aquéllos, que hoy son gobierno, carecieron entonces de la densidad política para entender el profundo significado de lo que estaban firmando.
No obstante, quienes hegemonizaron ese acuerdo fueron los tradicionales partidos de derecha y de centroizquierda. Trataron de salvar partes de la Constitución del 80 promoviendo reformas; buscaron que fuera el desprestigiado Congreso el que las hiciera para evitar la irrupción de fuerzas sociales externas y extrañas a la elite. Y, por la presión ciudadana, tuvieron que abrir la posibilidad de consultar a la gente. Y la gente les dijo, clara y contundentemente, 80/20, que no quería reformas a la Constitución pinochetista sino una Nueva Constitución y que no quería que en su elaboración hubiera partidos ni parlamentarios.
Los partidos firmantes de aquel Acuerdo de 2019, aparte de binominalizar la futura Convención imponiendo el quórum de 2/3, trataron de mantener cautiva la elección de los futuros convencionales y la metieron dentro de la misma legislación por la que se eligen a los parlamentarios, que entrega el monopolio de las candidaturas a los partidos y deja con escasas posibilidades de postularse y elegirse a ciudadanos y ciudadanas independientes. Pero éstos supieron eludir el cerco y conquistaron una mayoría de los cargos en la Convención, dejando en minoría a la Derecha y a los representantes de partidos.
Y generaron una Nueva Constitución, por 2/3 de los votos de los Convencionales, que contiene disposiciones que pueden producir profundos cambios en el país. cambios que esa elite simplemente no quiere.
Hoy los partidos que sustentan al actual Gobierno, a tres semanas del crucial plebiscito en que los y las habitantes del país deben decir si Aprueban o Rechazan este texto constitucional que se les propone, arman una cocinería política en las oscuras piezas de la politiquería, al margen de la voluntad ciudadana mayoritaria ya expresada, y acuerdan un conjunto de reformas que le harán a una Constitución aun no aprobada, tratando de responder a la indecorosa campaña de mentiras y distorsiones de la derecha, que busca que el texto constitucional sea Rechazado. ¿Esperan acaso que con tan absurda concesión a la derecha ésta se sume al Apruebo? En lugar de volcarse y desplegarse por todo el país defendiendo la Nueva Constitución de informando verazmente a la gente, como lo hicimos en 1988 llamando a votar en un plebiscito que parecía imposible de ganar, cocinan un acuerdo que confunde aún más a la gente. Peor aún, en ese acuerdo hacen concesiones inaceptables a la derecha, volviendo atrás con lo que la Nueva Constitución establece en temas clave. Tal acto, sin embargo, involucra una suerte de fraude democrático, porque de alguna manera esos partidos subvierten la expresión soberana del pueblo a través de la Convención Constitucional, sobre cuyo trabajo ese mismo pueblo aún no se pronuncia.
Esto no significa que esta Nueva Constitución no pueda reformarse posteriormente, según las cláusulas establecidas en ella, como toda Constitución en todo el mundo se reforma. Pero sí significa que no se puede ni se debe acordar reformas ex ante el pronunciamiento soberano del pueblo de Chile del 4 de septiembre próximo. Si creen que con eso fortalecen el Apruebo, están profundamente equivocados. Sólo lo debilitan. Y, peor aún, desde el punto de vista democrático, subvierten la voluntad popular ya expresada reiteradamente, que sólo se traducirá en que el pueblo junte más rabia y resentimiento contra las elites políticas. Francamente inaceptable. Y que el gobierno se involucre desde atrás en tal operación, sobre la base de un falso y engañoso “sentido de Estado” para afirmar el Apruebo, es un profundo error, que esta vez no se resolverá pidiendo disculpas después, por las consecuencias que este acto sin duda tendrá.
Germán Correa
Exministro de Estado
