El concepto de poder nacional ha sufrido una serie de cambios, como efecto de la interdependencia global. Las tradicionales nociones vinculadas a la preeminencia del poder militar han perdido fuerza, como lo demuestra el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde la musculatura bélica del gigante eurasiático no ha ido de la mano de un incremento de su posicionamiento internacional. El despliegue de su poder duro, en los términos de Joseph Nye, no ha ido acompañado de su poder blando, incluso, podría argumentarse que se han afectado de manera inversa. Se trata de un equilibrio precario, difícil de discernir para los decisores. En el libro El Fin del Poder, Moisés Naím explicaba esta situación, planteando una cierta democratización del poder, donde en los conflictos, muchos de ellos de larga duración, usualmente ganaban los más débiles, sobre todo pensando en su capacidad de ganar las voluntades políticas y el apoyo de la opinión pública global.

En este contexto internacional, acentuadamente complejizado, es necesario reflexionar sobre la manera en que los Estados pueden incrementar su poder o, más bien, su capacidad de influencia en el plano internacional. La fuerza militar ya no basta. Muchas veces el prestigio puede tener mayores efectos para la proyección de un país determinado, de la mano de una estrecha cercanía y coordinación entre su Política Exterior y Defensa. El sistema político y la calidad de la democracia de un Estado inciden directamente en su poder blando e imagen internacional. En línea con lo anterior, desde el análisis de las políticas públicas se suele señalar que, para la calidad, eficacia y eficiencia de las políticas y, en último término el apoyo ciudadano, resulta esencial la mutua articulación y coherencia, bajo una visión de Estado. Ello resulta esencial en una realidad marcada por problemas interdependientes, que exigen respuestas transversales y multisectoriales, lo que en el ámbito de la seguridad y defensa se expresa en amenazas que no pueden ser enfrentadas mediante la tradicional disuasión, como es el caso de los ciberataques. No obstante, la armonización de la Política Exterior y la Política de Defensa no suele ser un asunto fácil, donde predominan distintas visiones de mundo, formación profesional y culturas organizacionales. Además, se trata de políticas públicas Sui Generis, que buscan generar efectos en un ambiente amplio y difuso, como el escenario internacional.

Desde el ámbito académico vinculado con las Relaciones Internacionales y los asuntos de defensa, se suele señalar que una manera de hacer coherentes ambas políticas públicas es mediante la elaboración de una Gran Estrategia, que las integre y armonice bajo una visión común respecto del posicionamiento del Estado en el sistema internacional, buscando un equilibrio en los recursos de poder en el plano diplomático y militar. Se trata de un documento guía que articula los distintos ámbitos del poder nacional. En esta línea, el profesor Miguel Navarro plantea que dicha Estrategia “…es un instrumento para maximizar los elementos de poder del Estado con el fin de asegurar su existencia y el desarrollo de sus objetivos y finalidades, considerando la naturaleza del Sistema Internacional en sus aspectos de seguridad”. Tradicionalmente se trata de un instrumento elaborado bajo una perspectiva Realista, buscando resguardar la seguridad nacional, en un contexto plagado de amenazas; aunque también puede ser apreciado como una herramienta para favorecer la inserción internacional y la influencia en la toma de decisiones globales, especialmente bajo la perspectiva de los países del mundo en desarrollo. En este sentido, puede servir no sólo como una herramienta que busque mejorar la disuasión en un escenario básicamente competitivo y anárquico, sino como una instancia que apuntale la cooperación, en el seno de instancias multilaterales.

Una serie de países del primer mundo cuentan con una Gran Estrategia, como es el caso paradigmático de Estados Unidos, que cuenta al respecto con dos documentos claves, como son la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa. También es el caso de la Unión Europea, que posee su propia Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad y que incluso recientemente ha elaborado la denominada Brújula Estratégica, aprobada en marzo de 2022, para orientar el desarrollo de sus medios de seguridad y defensa en los próximos años. En América Latina, es necesario destacar el ejemplo de Brasil, cuya Estrategia Nacional de Defensa del año 2008, le permitió articular su estrategia de desarrollo, de defensa y política exterior, de lo que decantó el liderazgo brasileño en la constitución de la UNASUR y, particularmente, de su Consejo de Defensa Suramericano, avizorando a la región como la plataforma natural de la proyección exterior del gigante sudamericano, al mismo tiempo que la apreciaba como un potencial mercado regional para su potente industria de defensa. En el caso chileno, un frustrado intento de elaborar una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD), se encuentra en el Congreso desde el año 2012.

La diversificación de la política internacional hace que la actividad en el exterior deje de ser un campo exclusivo de la diplomacia, la que pasa a trabajar mancomunadamente con otros actores con una activa agenda exterior, lo que resulta particularmente evidente en el ámbito de la defensa. Los Ministerios de Relaciones exteriores pasan a ser, de este modo, coordinadores generales de las políticas exteriores del Estado, siendo la diplomacia y la defensa agentes fundamentales para insertar a un país en el mundo. Se trata de la denominada Diplomacia en Red. El Libro de la Defensa Nacional de Chile del año 2017 recogía esta idea, señalando que “Los principios del orden institucional republicano y democrático de Chile y los objetivos que se fije la Nación desempeñan un papel crucial dentro de los elementos en que se basa la Defensa Nacional. Sobre ellos se orienta la acción del Estado en pos de la seguridad exterior del país, un ámbito en el que la confluencia y la colaboración entre la Política de Defensa y la Política Exterior resultan imprescindibles, actuando la primera en respaldo de la segunda”. Últimamente, la Política de Defensa de Chile, publicada en 2020, contempla entre los Principios de la Defensa de Chile, que “La Política de Defensa es complementaria y se materializa en forma coordinada con la Política Exterior y las restantes políticas públicas relacionadas con la seguridad interna y el desarrollo del país”, al mismo tiempo que define a la “Cooperación Internacional y Apoyo a la Política Exterior” entre las áreas de misión de las Fuerzas Armadas.

En distintos documentos preparados por el Ministerio de Relaciones Exteriores Chile se coincide con lo anterior. Por ejemplo, el libro Vocación de Paz. La política Exterior de Chile (2016), sostiene que “La disuasión es la herramienta central en la defensa de la soberanía territorial chilena. La diplomacia y las Fuerzas Armadas y de Orden son las llamadas a cautelarla”. Asimismo, el documento Política Exterior de Chile 2030 (2018), plantea que “La implementación de nuestra Política Exterior en materia de Paz y Seguridad constituye una tarea interdisciplinaria que compromete a todo el Estado y a la sociedad chilena en su conjunto y que demanda estrecha cooperación y coordinación entre la Cancillería y el Sector Defensa”.

En consecuencia, en Chile se ha hecho cada vez más evidente que la defensa y, consecuentemente, las fuerzas armadas, más que un instrumento relacionado con el uso de la fuerza, ha pasado a conformarse en un medio más del relacionamiento, proyección exterior y cooperación interestatal. En el fondo, utilizando los conceptos aportados por Joseph Nye, se puede sostener que las fuerzas militares no sólo deben ser apreciadas bajo el prisma del poder duro de la fuerza física y la coerción, sino también desde sus aportes al poder blando y la política exterior, como parte de una agenda de seguridad definida por la cooperación entre los Estados.

Sobre la base del interés de Chile por mejorar su posicionamiento global, con un fuerte acento en el multilateralismo, sería relevante fortalecer las relaciones interministeriales. En un plano operativo, se podrían establecer, para el efecto, comités de diálogo permanentes o puntos focales en ambas secretarías de Estado. Pero en un nivel político estratégico, sería necesario, eventualmente, retomar las discusiones para elaborar una nueva Gran Estrategia, que armonice los recursos de la diplomacia y las fuerzas armadas para mejorar el posicionamiento internacional de Chile y, en suma, su poder nacional, actuando proactivamente en temas como operaciones de paz, asistencia humanitaria, desarme, desminado e instancias multilaterales del ámbito de la defensa, entre otros. Para ello, sería esencial asegurar la participación de la sociedad civil, lo que no se aprecia fácil en un país con una débil cultura estratégica; el mundo académico, que luego de una nutrida literatura en la década de los noventa ha dejado estas temáticas en un lugar secundario; y un activo intercambio civil-militar, basado en relaciones modernas, aseguradas por la supremacía civil. Una conocida frase de Tocqueville parece útil para enmarcar lo anterior: “Con ciudadanos cultos, disciplinados, firmes y libres, tendremos soldados disciplinados y obedientes”.