De acuerdo a cifras del INDH en este momento en Chile hay 129 conflictos medio ambientales. En algunos casos, como ha sucedido, por ejemplo, en la zona de Quintero-Puchuncaví, hemos estado frente a verdaderas “zonas de sacrificio”, lo cual ha implicado la vulneración de diversos derechos humanos, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Incluso, en algunos casos, debido a los episodios de contaminación, los niños, niñas y adolescentes no han podido concurrir a sus establecimientos educacionales, lo que ha significado una afectación de su derecho a la educación.

Actualmente la Constitución de 1980 regula el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en el artículo 19 N° 8, pero no con la fuerza que se requeriría para que realmente este derecho pueda ser disfrutado por quienes habitan en nuestro país. De hecho, lamentablemente este derecho fundamental se ve supeditado al ejercicio de actividades económicas y empresariales sin que se consideren sus efectos en la población.

¿Qué pasa si se aprueba la nueva Constitución? Chile pasaría a tener probablemente la primera Constitución ecológica del mundo con una nueva mirada de la relación con la naturaleza que nos pone a la vanguardia para enfrentar las urgencias que tiene nuestro planeta respecto del cambio climático. La Constitución chilena de 2022 sería la primera constitución del mundo que reconocería la existencia de la crisis ecológica y climática, estableciendo el deber del Estado de tomar medidas de prevención a los daños provocados por la crisis.

Por un lado, se regularían los derechos medioambientales y de la naturaleza en un capítulo completo del nuevo texto constitucional. Son cuestiones en las que ya la humanidad está atrasada y, ahora, el Estado chileno se comprometería, entre otras cosas, a adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica.

También hay otras muestras del cambio de paradigma al que avanzaríamos. Por otro lado, se establece que los animales serán seres sujetos de especial protección y que es deber del Estado proteger la biodiversidad. Ello incluiría a las especies nativas, sus hábitats y su distribución dentro del territorio nacional para evitar su extinción. Además, el estatuto de las aguas cambia radicalmente: el agua, al ser indispensable para la vida, no será propiedad de nadie en particular. El estado protegería las aguas en todos sus estados y una ley determinará los demás usos del agua.

A todo lo anterior, se agrega que, para que estos derechos no sean ‘papel mojado’, se establece que todas las personas tendrán derecho a la participación informada en materia ambiental. También se crearía una Defensoría de la Naturaleza que tendrá como función la promoción y protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales.

De esta forma, desde Amnistía Internacional consideramos que Aprobar es humano también porque nos hará avanzar hacia una nueva relación con el medio ambiente.