En las últimas décadas la humanidad ha avanzado en el reproche de diversas formas de negación, apología pública y trivialización de los crímenes de lesa humanidad. Si bien las regulaciones normativas se han desarrollado principalmente en Europa y en su origen estuvieron muy asociadas a la puesta en duda del genocidio nazi, hoy se entiende que el anti negacionismo aborda diferentes discursos que nieguen determinados tipos de crímenes internacionales conforme a la definición de los mismos establecida en el derecho internacional de los derechos humanos.

En el marco de los sistemas de derechos humanos -especialmente el sistema de Naciones Unidas y el sistema europeo- se ha considerado que pueden justificarse limitaciones a la libertad de expresión cuando los actos o declaraciones negacionistas constituyan discursos racistas, de incitación a la violencia y a la discriminación o la trivialización de crímenes de lesa humanidad.

En Chile, lo ocurrido este último 11 de septiembre nos muestra todo lo que le falta a nuestro país para avanzar en ese camino. En esta fecha fuimos testigos de mensajes de políticos y periodistas que podrían caer en una apología al Golpe de Estado o en la trivialización de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en este periodo oscuro de nuestra historia. Ello no es aceptable. 

En el caso de los medios de comunicación, lo primero es recordar que tienen un rol central para el ejercicio de la libertad de expresión. Dicho derecho, como ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos “es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública”. En el caso de lo ocurrido en el periodo de la dictadura, tal como lo señaló la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación en 1991, “la desinformación de la opinión pública en estas materias contribuyó sin duda a la mantención de las violaciones de derechos humanos en el país”. Pasados ya 49 años del Golpe de Estado es fundamental que los medios de comunicación tengan una función importante respecto de la condena de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestra historia y, en ningún caso, tengan prácticas que puedan caer en su banalización. 

Respecto de dirigentes políticos, debemos recordar que si son autoridades del Estado, deben cumplir con los deberes de respetar y garantizar los derechos humanos y, dentro de sus obligaciones está también la de preservar la memoria respecto a los crímenes de lesa humanidad y, en ningún caso, incurrir en actos que puedan causar una re victimización de las víctimas o de sus familiares. 

Este 11 de septiembre nuevamente nos mostró la necesidad de hacernos cargo de las deudas pendientes en materia de verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición en relación a las violaciones de derechos humanos cometidas en la dictadura. Pero también nos muestra que se requiere avanzar en una regulación del negacionismo y establecer una educación en derechos humanos en todos los niveles, así como avanzar en medidas que permitan que contemos con una robusta educación cívica. 

Estos no son temas del pasado. La construcción de una sociedad democrática es una tarea permanente. Tenemos que tener siempre presente nuestra historia y mantener viva la memoria si es que queremos avanzar hacia un futuro en que se respeten plenamente los derechos de todas y todos.