En un país donde se ha perdido el respeto por los programas de gobierno, que es lo que los candidatos someten a consideración de la ciudadanía cuando se presentan a la presidencia de la República, no debería sorprender lo señalado este domingo por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, respecto a que se iniciarían conversaciones con distintos sectores sobre la mejor estrategia legislativa para avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Este gobierno, además de autodenominarse feminista, lo había comprometido.

Si nos guiamos por los programas presidenciales, tampoco debería sorprender que los diputados del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, hayan presentado un proyecto de ley para derogar la despenalización del aborto en tres causales y ratificarlo como un delito a todo evento. Aquello estaba contemplado en el programa del candidato de esa tienda, José Antonio Kast, tal como la disolución del ministerio de la Mujer que ahora encabeza Orellana y la entrega de subsidios como el habitacional solo para mujeres casadas.

Todos estos asuntos fueron controversiales para la segunda vuelta y, a juicio de diversos analistas, terminaron favoreciendo al actual mandatario. De hecho, el movimiento feminista se involucró en la contienda presidencial como no lo había hecho anteriormente.

Por otra parte -y más allá del timing, anglicismo usado en política para referirse al momento adecuado para actuar de cierto modo- no hay manera alguna que permita vincular el resultado del plebiscito ni el proceso constituyente con esta temática. Así como nadie se atrevería a decir que el 62 por ciento que votó Rechazo lo hizo contra el aborto, por secuencia lógica nadie podría ponerlo como condición para dialogar. Sin embargo, tanto el presidente como la secretaria general de la UDI señalaron que la instalación de este tema influye negativamente en la posibilidad de un acuerdo constitucional.

Además de la ya señalada imposibilidad de vincular el plebiscito de salida con la discusión sobre el aborto, estas declaraciones confirmarían la predisposición a que el diálogo sea con condicionamientos temáticos, es decir, con una tutela explícita o implícita a priori sobre qué debería discutirse o no en una nueva convención constitucional, aun cuando ésta sea elegida por la ciudadanía. Aquello es un retroceso democrático, más allá de que algunos sectores tengan hoy el poder para hacerlo.

Por último, y más allá de que este asunto es controversial para algunos, los derechos humanos deberían ser el piso o consenso mínimo respecto a los cuales las sociedades discutan acto seguido sus legítimas diferencias. Sobre este tema, apenas la semana pasada tres expertos de Naciones Unidas instaron en una declaración conjunta a los Estados y sus instituciones “a priorizar los derechos a la salud sexual y reproductiva, y a adoptar legislaciones, políticas y decisiones que aseguren a las mujeres y niñas el pleno ejercicio de su derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva y a servicios sanitarios -incluido el aborto seguro-, sin temor a la intimidación, el estigma o la penalización, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.