Patricia Hidalgo, ex seremi de Desarrollo Social, hizo publica su renuncia al Partido Por la Democracia (PPD), tras su polémica salida del Gobierno.

La ex autoridad afirmó no haberse sentido apoyada por su organización luego de ser desvinculada de su cargo, donde denunció haber sido presionada por parte del gobierno para respaldar determinados proyectos con los que ella no estaba de acuerdo.

En conversación con Evolutiva TV, Hidalgo confirmó su salida del PPD luego de ser consultada si había sentido apoyo de parte de la colectividad. “No, para nada”, respondió y agregó que ya no es militante y que solo tiene que esperar que el Servel le envié una notificación formal de su renuncia.

Por su parte, el PPD emitió una declaración que consta de cinco puntos, en el que reforzaron que el partido es parte del gobierno.

Si bien, en uno de estos puntos del comunicado reconocen la trayectoria política de Hidalgo señalaron que “su proceder no se condice con el comportamiento que todos los militantes del PPD deben tener en el ejercicio de los cargos y funciones públicas, sobre todo al dejar de ejercer el mismo”.

Además, agregaron que “todas las circunstancias que han rodeado estos hechos y que ameriten un pronunciamiento deben ser investigados por las autoridades correspondientes. De los resultados de estas, nos corresponderá definir sanciones si así procediere”.

“El Partido por la Democracia seguirá colaborando activamente con la gestión de gobierno y en el cumplimiento de las políticas públicas a las cuales nos hemos comprometido”, afirmaron.

La ex funcionaria fue hasta la Contraloría General este miércoles 7 de diciembre para solicitar que indaguen los hechos relacionados a la Comisión de Evaluación Ambiental RM, a fin de determinar si hubo infracciones a la legislación, faltas administrativas como ambientales, así como también sancionar a quienes resulten responsables.

El reclamo exige que se investiguen las eventuales presiones e intromisiones de parte de los ministerios del Interior, de Desarrollo Social y de la Delegación Presidencial de la región Metropolitana, para que se aprobaran o rechazaran ciertos proyectos ambientales.