Congreso peruano discute el adelanto de elecciones mientras que las protestas registran 17 muertos y 52 heridos

La Defensoría del Pueblo de Perú interpuso una denuncia ante las autoridades fiscales penales con el objetivo de que se investiguen las muertes vinculadas a la crisis política y se administren las responsabilidades correspondientes a los culpables.

La Defensoría del Pueblo de Perú interpuso una denuncia ante las autoridades fiscales penales con el objetivo de que se investiguen las muertes vinculadas a la crisis política y se administren las responsabilidades correspondientes a los culpables.

A los dos días de estado de emergencia en todo el territorio peruano las movilizaciones han dejado al menos 17 muertos, según las cifras de la Dirección de Salud Regional de Ayacucho, entidad que también reportó 52 heridos. El Congreso mantiene las discusiones respecto a las modificaciones del calendario electoral y el expresidente Pedro Castillo es dejado en prisión preventiva durante 18 meses.

El juez supremo, Juan Carlos Checkley, determinó que existen elementos de convicción de presunta conspiración relacionados con el exmandatario Pedro Castillo, junto a la ex primera ministra Betssy Chavéz, el exministro del Interior Willy Huerta y el ex primer ministro Aníbal Torres, quienes habrían concertado la decisión de disolver el Congreso e intervenir el sistema de Justicia.

Mientras tanto, según lo propuesto por la presidenta Dina Boluarte, el Congreso sigue en discusiones respecto al adelanto de las elecciones presidenciales. Los legisladores deben definir si los nuevos comicios se realizan en el 2023 -como lo plantea el dictamen de la Comisión de Constitución- o en el 2024.

El presidente del Congreso de Perú, José Williams Zapata, dijo que desde la Presidencia de la República se ha decidido continuar con las sesiones hasta el 31 de enero de 2023. Contrario a lo que ocurre con las sesiones ordinarias, que terminaron este jueves y se retomarían recién en marzo.

Tras el aumento de víctima fatales y heridos la Defensoría del Pueblo de Perú emitió recientemente un comunicado en el que informó que interpuso una denuncia ante las autoridades fiscales penales, con el objetivo de que se investiguen las muertes vinculadas a la crisis política y se administren las responsabilidades correspondientes a los culpables.

“Demandamos cese inmediato de hechos de violencia en protestas sociales y pedimos a fuerzas armadas y policiales actuar conforme a la Constitución y la ley”, dice el mensaje en el que adjuntan el comunicado en su cuenta de Twitter.

Así, Boluarte también utilizó la plataforma mediática para expresar sus condolencias ante los fallecidos por las movilizaciones en todo el país. “Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho y sufrimos el dolor de las familias en todo el país”, escribió la mandataria en su cuenta oficial junto con una imagen de un listón negro y la palabra “condolencias”. Además, reiteró su llamado de paz.

Por otro lado, aproximadamente 300 turistas están varados en Machu Picchu debido a las protestas que se desarrollan en el país, según dijo a CNN el alcalde de la ciudadela inca, Darwin Baca. Entre los varados hay peruanos, otros sudamericanos, estadounidenses y europeos.





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