Un nuevo escollo se presentó para el acuerdo nacional de seguridad. Desde Chile Vamos han condicionado su adhesión al denominado Compromiso Transversal por la Seguridad Pública -para el cual el Gobierno ha estado trabajando más de un mes con los partidos presentes en el Parlamento- al establecimiento de estado de excepción constitucional en la Macrozona Norte.
Para zanjar el acuerdo previo a que termine el mes de diciembre -que fue el plazo autoimpuesto por el Gobierno- este miércoles los representantes de las colectividades se reunieron nuevamente con la ministra Carolina Tohá, esta vez, de forma telemática. La sesión que comenzó a las 11 de la mañana contó con un receso a las 13 horas y se retomó cerca de las 18 horas de la tarde con la idea de discutir “hasta total despacho”.
Pero la postura adoptada por la oposición volvía remota la posibilidad de llegar a una agenda legislativa y administrativa en común. El jefe de bancada de diputados RN, Andrés Longton, aseguró que el partido no concurriría al acuerdo en caso de que no se adopten las medidas que propusieron para robustecer el control migratorio.
“Si estas no son recogidas dentro de la mesa de acuerdo, primero, no lo vamos a firmar. Y, segundo, se hace absolutamente necesario de que se decrete el estado de excepción en la macrozona norte entendiendo que hay una inmovilidad donde el Gobierno está presionado por los sectores más radicales de la izquierda”, señaló.
Desde el oficialismo en tanto, ven con particular molestia la arremetida de la derecha, considerando que el estado de excepción en la Macrozona Norte no fue parte de las demandas que el sector planteó en un principio. Por lo demás, recuerdan que el Ejecutivo aceptó incluir en la agenda el debate sobre la Ley Antiterrorista en la mesa de trabajo, la que el sector también planteó en un minuto como un intransable.
En réplica, la diputada representante del PC en la instancia convocada por Tohá, Alejandra Placencia, aseveró que “la derecha sabe que no hay temas vetados en la mesa, eso ha quedado demostrado cunado ellos han planteado sus inquietudes, sus dudas y sus propuestas, pero tratar de condicionar el acuerdo a temas distintos cada semana es poco aceptable y yo los invito a tener un ánimo respetuoso y colaborativo con que hemos debatido estos temas“.
Por lo demás, la parlamentaria descartó que los partidos de Gobierno hayan impuesto condiciones para suscribir al acuerdo, considerando el requerimiento que realizó la diputada Maite Orsini (RD) en nombre del Frente Amplio para integrar una norma que permita el desarme total de particulares.
“Solo nos hemos dispuesto a trabajar de manera seria en temas de corto plazo que son urgencias en materia de seguridad que nos ha impuesto la ciudadanía y en temas de mediano y largo plazo como políticas de Estado en este ámbito. No es momento de populismo penal ni tampoco de darse gustitos personales”, señaló Placencia.
A su vez, Orsini señaló que “si bien hay sectores que han puesto condiciones al acuerdo o que de entrada, no se han sumado a esta instancia, para nosotros sí es prioridad sacar esto adelante y estamos trabajando arduamente en las medidas que todo Chile está esperando para combatir la delincuencia. Esperamos pronunciar las propuestas esta semana y entregar las noticias buenas noticias al país”.
Leiva (PS): “La ciudadanía no entendería que por una mezquindad la oposición no se hiciera parte de un acuerdo transversal en seguridad”
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Raúl Leiva, diputado concurrente por el Partido Socialista a la mesa sobre el Compromiso Transversal por la Seguridad Pública, aseguró que la instancia ha tenido avances importantes. No obstante, dijo desconocer si el acuerdo logrará ser presentado antes que concluya el año.
“El trabajo de la mesa transversal se ha dividido en comisiones, ahora se ha establecido un trabajo más reducido para ir cerrando las brechas en aquellas materias donde si bien hay consenso, hay que trabajar muchas veces cual es la bajada que se le va a dar a esa materia especifica”, indicó.
A modo de ejemplo señaló que “en materia de ley antiterrorista existe un consenso de que hay que abordar esa materia, la diferencia es de qué manera se realiza, a través, por ejemplo, de una indicación al proyecto de ley que actualmente se tramita o de un nuevo proyecto de ley que presente el Ejecutivo para tramitar esta materia o una tercera alternativa que es generar una instancia pre legislativa que dentro de un plazo específico se dé el tiempo para generar un insumo y un nuevo proyecto de ley en materia antiterrorista”.
En cuanto a la fecha del acuerdo, Leiva advirtió que “si bien es cierto en un principio se estableció como plazo diciembre, esperamos que se pueda cumplir. Quedan solo unos días hábiles para poder desarrollarlo y sino, dentro de la primera semana de enero”.
En ese sentido acotó que “hay que tener en claro que, tal como lo ha señalado incluso la oposición, esta es una mesa de trabajo que solo va a ser declaraciones de buena voluntad, sino que un trabajo y una bajada especifica en cada una de las materias con plazos y proyectos de ley específicos, así que esperamos se pueda concretar este acuerdo que sin lugar a dudas se va a hacer cargo de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía”.
Respecto al requerimiento de desarme, el diputado explicó que hay diferentes matices en la discusión. “Hay aquellos que proponen que la tenencia de armas sea una excepción y no una regla general hoy día, que la ley permite o habilita a cualquier ciudadano, cumpliendo ciertos requisitos por cierto, a ser poseedor de un arma de fuego. Esas son diferencias de fondo que hay que evaluar y trabajar, pero tal como lo señalaba la ministra del Interior, la última modificación a la ley de armas se realizó recientemente”.
Por tanto, afirmó que “uno entendería que es importante evaluar el cumplimiento de esa norma para seguir profundizando en materia de desarme. Lo que sí está medianamente claro que el tema de desarme, en mi opinión, no solo tiene que estar en un adecuado control y fiscalización de las armas legalmente inscritas sino que lo que hay que hacer es luchar contra la intervención irregular y contra el sinfín de armas de fuego que hoy día entregan mucho poder a las organizaciones criminales y al narcotráfico, todas armas ilegales”.
En cuanto a las condiciones de Chile Vamos, el legislador sostuvo que “la oposición hoy día viene a plantear materias o supeditar un eventual acuerdo a ciertas condiciones, temas, que no estuvieron sobre la mesa desde el inicio del trabajo de esta comisión. Si eso se hubiera establecido en un primer momento, bueno es digno de análisis y se podría evaluar, pero supeditar un acuerdo complejo que requiere aunar voluntades y criterios de distintos sectores políticos a un acto específico del Gobierno como es decretar estado de excepción constitucional, no me parece”.
En esa línea, destacó que “la propia ministra del interior, Carolina Tohá, ha propuesto y así lo ha señalado, que es necesario indicar la ley de infraestructura critica para que dentro de estas zonas a proteger, estén las fronteras y los accesos a los límites fronterizos quedaría no solo una solución puntual o especifica o excepcional a través de este estado de excepción sino que establecería una forma de enfrentar la temática de migración irregular de una manera estable y permanente en el tiempo”.
Ahora bien, el diputado atribuyó la intransigencia de la oposición a cierta “voces disonantes”, considerando que la gran mayoría del sector está por suscribir a un acuerdo que se reconoce transversalmente como urgente y necesario.
“La ciudadanía no entendería que por una mezquindad la oposición no se hiciera parte de un acuerdo transversal en seguridad donde hay temas tan importantes como la implementación o la discusión inmediata al proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública para poder establecer en Chile por fin políticas de mediano y largo en materia de persecución criminal y combate contra el crimen organizado y el narcotráfico con los énfasis que por cierto cada gobierno quiera tener, pero no a estas medidas efectistas que no tienen resultado a mediano y largo plazo sobre todo en materia de prevención social y de habilitación o reinserción de jóvenes que delinquen”, señaló.
En cuanto a las críticas que Chile Vamos ha dirigido al Gobierno por haber anunciado proyectos de ley en paralelo a la mesa de trabajo, Leiva aseguró que el Ejecutivo cumple con su trabajo. “Estos cuatro proyectos de ley que ha enviado al Congreso Nacional, particularmente a la Cámara de Diputados, son producto de su trabajo permanente y constante. El Gobierno no puede inhibirse a ejercer o desarrollar su acción supeditándolo a un acuerdo que no tiene fecha clara y específica, que nos ha llevado más de un mes, pero en el intertanto el Gobierno tiene que seguir ejerciendo su labor y particularmente legislando, por ejemplo con estos proyectos de ley que entregan mayores facultades legislativas a Gendarmería, sanciona de mejor manera el sicariato y también el porte de armas de fuego en lugares de alta concurrencia, son temas imperiosos y necesarios”, sostuvo.