Después de 46 años de haber sido desalojados ilegalmente de sus casas en la Villa San Luis de Las Condes, pobladores afectados y agrupados en la Fundación de Desalojados Villa San Luis, presentaron una querella criminal en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices y encubridores de la aplicación de tormentos, como crimen de guerra y de lesa humanidad.

La querella fue presentada esta mañana ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en representación de 19 personas que sufrieron directamente estos vejámenes y busca reparar parte del daño causado durante todos estos años.

Francisco Ugás Tapia, abogado patrocinante y parte del Equipo Jurídico Caucoto abogados explicó que se trata de la primera acción judicial de carácter criminal ejercida desde la ocurrencia de estos eventos. La querella tiene el objetivo de esclarecer los hechos, determinar quiénes fueron los responsables de estos delitos para que sean sancionados penalmente en caso de que corresponda.

“Buscamos que estos hechos que se han perpetuado, con cierta impunidad durante tanto tiempo, puedan ser investigados y esclarecidos por la Justicia. Para nosotros lo ocurrido en esos años son aplicaciones de tormentos o apremios elegimos en contra de estas personas como crímenes de guerra y de lesa humanidad”, señaló el jurista.

La Villa San Luis de Las Condes fue un proyecto urbano emblemático de integración social, diseñado a fines de los años 60 por el arquitecto Miguel Lawner, Premio Nacional de Arquitectura 2019, el cual estaba ubicado en la que es actualmente la calle Presidente Riesco de dicha comuna.

En total, la noche del 27 de diciembre de 1976, fueron mil 38 familias las afectadas por el desalojo a manos de militares, las cuales fueron trasladadas y repartidas en camiones castrenses a diversas comunas de la Región Metropolitana, en sitios eriazos, canchas barriales, basurales y otros lugares de la periferia de Santiago.

Pese a ser dueños legítimos de sus viviendas y contar con la documentación que así lo establecía, para entonces aún no estaba la recepción final de la obra y los títulos de dominio estaban en trámite. Esto sirvió para que la Villa San Luis fuera epicentro de los brutales desalojos que se realizaron entre los años 1975 y 1980 por la dictadura militar.

La presidenta de la Fundación de desalojados Villa San Luis, Antonieta Miranda, tenía 8 años al momento del desalojo y con su familia fueron trasladados a la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en donde permanece actualmente.

Así, Miranda señaló que este es un momento histórico y que esta acción judicial viene a romper con años de silencio. “Después de 50 años estamos siendo escuchados en busca de una reparación. Queremos justicia que no sea impune y que nos reconozca el daño que nos hicieron en dictadura. 50 años de silencio y gracias a don Miguel, fuimos despertando. Pedimos que la justicia haga su trabajo.”, expresó.

Igualmente, Miguel Lawner, el arquitecto impulsor de lo que fue el proyecto Villa San Luis y quien ha apoyado a las familias afectadas a agruparse, concordó que este es un momento histórico.

“Primera vez después de casi 50 años hemos venido a iniciar el proceso de reparación de un despojo inaudito del que fueron víctimas más de 5 mil personas. Fueron lanzados en forma inaudita algunos en camiones de la basura de la municipalidad de las Condes, otros arrojados en potreros, desconociendo los derechos que tenían como dueños de sus propiedades”, dijo Lawner.

Además, agregó que “desde entonces se inició una historia de lucha de recuperar de alguna manera una indemnización por el daño causado, proceso que comienza hoy con la querella que hemos presentado”.

En el año 2022, las personas afectadas crearon la Fundación Desalojados Villa San Luis de Las Condes, la cual está integrada por cerca de 800 familias víctimas y que casi en su totalidad eran menores al momento de los hechos. Solo sobreviven 2 adultos de aquel entonces y que bordean los 90 años.

Después de 46 años y ya constituidos como Fundación, sus miembros están decididos a dar a conocer sus historias y hacer frente a tantas décadas de silencio e injusticias. Quieren ser escuchados y visibilizar lo ocurrido; que los responsables respondan por todo lo que tuvieron que vivir.

A la fecha se ha podido ubicar a una parte importante de estas personas, quienes  fueron distribuidas en 7 comunas de la capital: 17 de ellas fueron llevadas a un sitio eriazo de la comuna de Pudahuel, para luego ser trasladadas y ubicadas en albergues en la comuna de Lo Prado, en donde permanecen hasta la fecha; otras 64 familias fueron abandonadas en el paradero 20 de Santa Rosa, en la comuna de La Granja; 58 en Los Espejo; 34 en Conchalí; 54 en la población Juan Antonio Ríos de Independencia; 115 familias en Pedro Aguirre Cerda y 280 en la comuna de Renca. Mientras otro grupo importante fue trasladado a San José de Maipo y Lo Ocurro, pero aún no han podido ser localizadas.