La mesa de trabajo convocada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, a fin de contar con un análisis general del sistema de medios de comunicación en Chile y recoger propuestas para modernizar y democratizar las comunicaciones en el país, entregó su informe el pasado viernes y, con ello, una hoja de ruta que debe orientar toda la política pública y las leyes que se adopten de aquí en adelante en materia de comunicaciones.

La instancia estuvo integrada por académicos y académicas de tres importantes casas de estudios, las universidades de Chile, La Serena y de la Frontera, quienes realizaron un total de trece sesiones con entrevistas grupales y se desplazaron a distintos puntos del país recabando opiniones y posturas de organizaciones, gremios, entidades y personas vinculadas a estas temáticas, elaborando con ello este diagnóstico de la situación actual y de los principales desafíos que enfrentamos.

En el informe se destaca con preocupación la alta concentración en la propiedad de medios de comunicación que existe en el país, las restricciones que impone la legislación vigente a los medios comunitarios y el acceso inequitativo al sistema de concesiones, lo anterior, considerando el estrecho vínculo existente entre la calidad de la democracia y el ejercicio de la libertad de expresión, lo cual se robustece con la multiplicidad de medios, diversidad entre ellos y calidad de sus emisiones, de acuerdo a lo declarado por UNESCO.

No existe, por tanto, democracia posible, sin un sistema de medios democrático. Ni tampoco un sistema democrático sin que se nivele la cancha entre los medios comunitarios y comerciales, más allá de su alcance, más aún cuando los primeros desempeñan un rol insustituible para beneficio de la comunidad y su voz requiere ser robustecida para fortalecer la democracia.

En esa línea, uno de los aspectos más destacables y centrales del informe entregado, son las cinco recomendaciones que se hacen en el acápite “Medios Comunitarios”, planteando como primer punto y central para avanzar: la adecuación de las leyes que rigen el funcionamiento de las radios y televisoras comunitarias a los estándares internacionales de libertad de expresión, ampliar el acceso de los medios comunitarios a recursos que permitan su sostenibilidad, ampliar su cobertura, y permitir sus transmisiones en conjunto con otros medios comunitarios.

Todas estas restricciones, como la prohibición de hacer publicidad -que, durante la entrega del informe, la subsecretaria Naranjo anunció el gobierno suprimiría-, limitan el rol y el alcance de los medios comunitarios y, por tanto, su contribución al bienestar social y la democracia.

Más aún, la actual Ley de Telecomunicaciones 18.168, que corresponde a un decreto de la dictadura, que no ha sido sustituido hasta hoy por una ley marco de comunicaciones democrática y que contiene normas contrarias a derechos humanos, fue establecida por Pinochet para encarcelar y acallar voces radiales que comenzaban a surgir en las poblaciones, y más tarde usada también por los gobiernos sucesivos en contra radios comunitarias.

Por eso la recomendación de derogar el artículo 36B de dicha ley, que penaliza la transmisión sin licencia con penas de cárcel, millonarias multas e incautación de equipos, constituye una buena señal de que avanzamos hacia dejar atrás la criminalización de la transmisión sin concesión, uso de herramientas penales que instancias internacionales le han cuestionado al Estado chileno y práctica que un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en el caso de Guatemala, siendo por ende un nuevo estándar regional aplicable a todos los estados.

Esta derogación incidirá en el cese al hostigamiento y la persecución de la que son objeto los medios comunitarios, y a que deje de tildarse de “radios piratas” a quienes ejercen su legitimo derecho a la libertad de expresión, sin una concesión. Siendo deber del Estado, en tanto como administrador del espectro radioeléctrico -un bien público y patrimonio de la humanidad que nos pertenece a todos y todas y por el que circulan, entre otras, las ondas radiales-, el regularizar estas emisiones y garantizar su derecho de expresión.

Sobre el espectro radioeléctrico el informe también se pronuncia, llamando al Estado a optimizar su uso, incorporando nuevas concesiones de TV y radio y mecanismos que resguarden que empresas y modelos lucrativos usen la categoría comunitaria, en una clara alusión a la concentración de propiedad que han adquirido algunas radios de corte religioso y que manejan importantes recursos. Ante la necesidad de una adecuada y proporcional distribución del uso del espectro, es importante recodar la histórica demanda que desde la sociedad civil se viene levantado para que se realice una auditoria de espectro, que permita conocer de forma efectiva la disponibilidad existente y realizar una mejor gestión de este bien público y trazar una política pública que promueva la pluralidad de voces y tipos de medios de comunicación.

Pero una adecuada administración técnica del espectro es inoficiosa, si no se acompaña de un cambio profundo del sistema de concesiones, donde en la actualidad prima el derecho preferente, es decir, un concesionado que viene a renovar su licencia se adjudicara la concesión por sobre los demás oferentes de forma automática, lo que impide la llegada de nuevos medios de comunicación. Por otra parte, cuando llegan a haber frecuencias disponibles y hay más de un oferente, la decisión de la adjudicación se toma con una tómbola, sin importar lo interesante del proyecto del medio.

Por eso, la sugerencia del informe de que se incorporen “criterios de evaluación social, pertinencia cultural y aporte comunitario”, planteado por nuestro gremio al exponer en la mesa, apunta a que la pluralidad se vea reflejada no solo en el aumento del número de concesiones, sino también en la diversidad de contenidos y de propuestas, avanzar hacia un pluralismo mediático que represente a los distintos sectores de la sociedad, comunidades y pueblos que habitan el territorio nacional.

Finalmente, sabida la realidad económica de los medios comunitarios, se valora la recomendación en el informe que insta al Estado a “aumentar, fortalecer y mejorar los fondos de apoyo económico y capacitación profesional, que permitan un acompañamiento y soporte permanente a medios comunitarios”, un respaldo del todo urgente, en un país donde la ciudadanía clama por nuevos y mejores medios de comunicación.

Es de esperar que el gobierno de Gabriel Boric y, en particular, el Ministerio Secretaría General de Gobierno, que solicitó este estudio, entiendan la centralidad que tiene contar en el Chile de hoy con un sistema de medios de comunicación moderno y democrático -plural, descentralizado y diverso-, capaz de informar veraz y oportunamente a la ciudadanía.

Asimismo, que el debate sobre las transformaciones al sistema de medios de comunicación debe darse en el marco de una mesa de trabajo permanente, en donde se incluyan a las diversas actorías interesadas en aportar al proceso, y no divididas por sectores, para en conjunto sentar las bases para una nueva Ley Marco de Comunicaciones democrática, discutir reformas a las leyes de TV y radios comunitarias y al sistema de concesiones, debatir en torno a qué es lo “comunitario”, el derecho a la comunicación, el acceso a la conectividad universal, la concentración de la propiedad y la distribución del espectro radio eléctrico.

Para contribuir a todas estas transformaciones y para aportar con nuestro trabajo a diversificar las voces de las comunicaciones en Chile, es que hemos conformado la Asociación Gremial Nacional de Comunicadores y Medios Independientes y Comunitarios de Chile, ANAMIC A.G., compuesta por más de 40 asociadas y asociados que queremos aportar decididamente a la democratización de las comunicaciones y al fortalecimiento de la comunicación independiente, comunitaria, y popular en el país.

La autora es periodista y presidenta de ANAMIC A.G.