Entramos al final del tercer mes del año y el Gobierno aún sigue atado al intento por dejar atrás la crisis provocada por el errático manejo de los indultos. Nadie imaginó, cuando el Gobierno hizo el anuncio en la víspera del Año Nuevo, antes de que el Presidente se desplazara en helicóptero a una Viña del Mar asediada por los incendios, que el proceso se enredaría de esta forma.

Los costos para el Ejecutivo ya han sido altos: ha tenido disputas con Poder Judicial y el Poder Legislativo, ha debido sacar de sus cargos a la ministra de Justicia Marcela Ríos y al jefe de gabinete de Boric, Matías Meza Lopehandía. Entremedio hubo una acusación constitucional rechazada contra la propia Marcela Ríos, pero nada de esto ha dado por superado el problema, puesto que la Cámara de Diputados ha anunciado una comisión investigadora. Ni siquiera el rechazo del Tribunal Constitucional a la presentación realizada por un grupo de senadores opositores pondrá punto final al problema.

En paralelo con los errores en la elección de los indultados -reconocidos por el propio Gobierno- y declaraciones que han debido ser corregidas o precisadas, está probablemente -y mirado a la distancia- el principal problema de lo que ha sucedido: la renuncia o imposibilidad total del Ejecutivo de hacer una defensa política de la medida que tomó y, con ello, dar todo el espacio a las oposiciones para que instalen la idea de que los llamados presos de la revuelta son, por generalización, vándalos cuya situación no debía ser abordada políticamente. Es, en resumen, la misma tesis que sostuvieron en su momento los ministros del Interior Blumel y Delgado en representación del gobierno del presidente Piñera: éste no es un problema político, sino policial-judicial.

Más en general aún, el mal modo en que se han manejado estos indultos desde el punto de vista comunicacional, político y procedimental ha sido funcional al proceso de relectura del estallido social como una mera obra del lumpen. Deslegitima o peor, hace olvidar denuncias que en su momento fueron muy sentidas y muy fundadas incluso con apoyo de organismos internacionales, como la gran cantidad de personas en prisión preventiva, varias por más de dos años, sin que terminaran formulándose cargos en su contra. De hecho, era plena expresión del estado de la discusión política del momento que, hace un año, la primera “medida” de este gobierno fuera anunciada en la víspera del 11 de marzo por las entonces aún no asumidas ministras Izkia Siches y Marcela Ríos: retirar 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado contra los presos del estallido. Por todas estas razones, en privado, abogados se han lamentado que el tema de los indultos ya no podrá volver a ser tratado durante este gobierno.  

En esa perspectiva más amplia es que se constata la dificultad del Gobierno para imponer sus términos, con ministros arrinconados explicando procedimientos y no defendiendo el trasfondo de por qué lo hicieron. Da la impresión a veces que la música está siendo puesta por la oposición mediática y política. Así, por extensión, argumentos que hace un año se decían con total convicción hoy se callan porque casi parecen herejías.