Decía ayer el senador Manuel José Ossandón en estos micrófonos: “tenemos que unirnos porque la delincuencia no es de izquierda ni de derecha”. Su afirmación se dio en el contexto de que los problemas que hoy padece el país en la materia fueron incubados en gobiernos de distinto signo y que las nuevas maneras de delinquir requieren ser enfrentadas con transformaciones institucionales profundas gracias a acuerdos amplios. Sin embargo, el baleo a tres carabineros en la Población Los Quillayes de La Florida no solo volvió a evidenciar formas de hacer política populistas, sino también confusas.

Porque, curioso, opera una construcción política y mediática según la cual cuando la delincuencia opera en Santiago la culpa es de la alcaldesa Irací Hassler y cuando actúa en La Florida, según palabras del propio alcalde Rodolfo Carter, la culpa es de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y del subsecretario Manuel Monsalve. Si queremos ser mínimamente coherentes pongámonos de acuerdo: o la culpa es de los dos o no es de ninguno.

Yendo al estricto funcionamiento de la institucionalidad y de las autoridades, los alcaldes tienen muy pocas atribuciones en la seguridad pública. Su rol más bien es preventivo y de coordinación con las instituciones que sí deben enfrentar el tema, misma razón por la que la demolición de las narco-casas aparece como una medida efectista, estéril y, lo peor, que termina confundiendo a la ciudadanía metiendo a los ediles en un tema donde su experiencia es relevante, más no en relación a tareas que no les asigna la ley.

En ese contexto, es peligrosa la práctica ya instalada de usar los repudiables ataques contra Carabineros para zanjar rápidamente asuntos y políticas que necesariamente requieren análisis y perspectiva. Recapitulemos: luego del asesinato de la sargento Rita Olivares se legisló febrilmente la Ley Naín-Retamal, cuestionada por la totalidad de los expertos en seguridad y por las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos; cuando se asesinó al suboficial mayor Daniel Palma, se generó un clima tal que inhibió la recurrencia al Tribunal Constitucional respecto a artículos que son y seguirán siendo cuestionables; y ahora, con el ataque en La Florida, la oposición desahució en un punto de prensa apenas media hora después el reglamento para el uso de la fuerza, mientras se empujaba al Gobierno a decretar estado de excepción en la Región Metropolitana, medida que tampoco es aconsejada por los expertos. Fijémonos en la racionalidad: el primero de los últimos cuatro ataques contra carabineros ocurrió en Concepción, el segundo en Quilpué, el último a las dos de la tarde y, frente a esto, la solución que se propone es el estado de excepción para la Región Metropolitana.

En estos momentos, donde parece imperar en la política la sinrazón y en donde reconocemos que el clima político-comunicacional que se crea puede llegar a ser asfixiante, el Gobierno debe sostener claridad y convicciones, puesto que de lo contrario el país pagará más adelante consecuencias mucho peores. Las poco claras afirmaciones de la ministra del Interior sobre el llamado “criterio Valencia” (que según las organizaciones migrantes estigmatiza a la totalidad de un sector de la población que en su gran mayoría no infringe la ley) y respecto al propio estado de excepción podría dar la razón a quienes piensan que basta con empujar esta agenda para que tarde o temprano el Gobierno se deje presionar. El problema es que cuando la política gira a costa del miedo de las personas las acciones caen en saco roto: nunca será suficiente y se exigirán más y más medidas hasta que Chile se convierta sin que nos demos cuenta en un Estado policial.