El economista del Centro Nacional de Desarrollo Alternativo (CENDA), Manuel Riesco, afirmó que el Presidente Gabriel Boric tiene las atribuciones constitucionales “para recuperar la explotación del litio ahora” y que confía en que no cederá a las presiones de intereses poderosos, apuntando, incluso, a los de las empresas transnacionales.
Se espera que antes de fin de mes el mandatario anuncie la Política Nacional del Litio y entre los movimientos sociales hay expectativas en relación a si tomará en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de Litio, que contemplan la creación de una Empresa Nacional para controlar el recurso energético.
En declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile, Riesco afirmó que el 90 por ciento del mineral se encuentra en el Salar de Atacama y el control puede estar en manos de CODELCO si el Ejecutivo toma la decisión de traspasar la explotación del recurso una vez que se terminen las concesiones mineras.
El economista recordó que la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) tiene la responsabilidad de administrar el recurso. Sin embargo, hizo mención de la firma de contratos de administración que vencen en 2030 con SQM y en 2043 con Albemarle.
En esa línea, afirmó que existe una fuerte presión de SQM con los que graficó como su “ejército de lobbistas” para mantener la explotación del Salar de Atacama, a lo que suma la presión de distintos países, principalmente de Europa y Estados Unidos. “Pretenden tomar control de la producción del litio en los salares pequeños y por tanto, están haciendo un lobby brutal para que el Presidente entregue contratos de administración”, precisó.
“Espero que el Gobierno se ponga firme y no ceda a las presiones y ejerza sus atribuciones”, señaló el economista, quien agregó que el Ejecutivo no debe “entregar autorización para explorar y explotar ni un gramo más de litio en ninguna parte a las empresas privadas”.
En concreto, Riesco comentó que entre los lineamientos que debiera seguir la actual administración es que “el Estado reserve en forma exclusiva la exploración y explotación del litio para empresas del Estado o filiales controladas absolutamente por el Fisco”.
Sobre esto último, precisó que esto se establece en la Constitución, que señala que “el Estado es el propietario del litio conforme con la legislación de 1979, impuesta por la dictadura, que declaró al litio estratégico y no concesible. Además, en virtud de las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Litio de 2015 del gobierno de la presidenta (Michelle) Bachelet, en el sentido de que el Estado debe controlar el mineral”.
Por lo mismo, consideró que el Ejecutivo tiene la atribución de crear una compañía estatal del recurso y “transformarla de inmediato en la principal empresa del litio en el mundo y esa es una atribución exclusiva del Presidente”.
En esa línea, sostuvo que la manera de hacer efectiva esta medida es que “CORFO firme un contrato con una de las grandes empresas estatales, como CODELCO y le entregue a la cuprífera la facultad de explotar el litio en el Salar de Atacama a partir del vencimiento de los actuales contratos, con plazos de extracción y regalías a pagar al Estado, similares a los que tiene con las dos empresas privadas”.
Riesco aseveró que ese contrato CORFO-CODELCO tiene un valor “equivalente a los ingresos totales del Estado durante un año completo, con todos los conceptos tributarios y de recaudación. Hablamos de una cifra del orden de los 100 mil millones de dólares y que el Presidente Boric puede firmar inmediatamente ahora con CODELCO. Eso significa que el patrimonio de CODELCO se incrementa al valor del contrato, antes de que saque un gramo de litio”.
También añadió que este acuerdo implicaría que la cuprífera estatal podrá extraer 4 millones de toneladas de carbonato de litio por un precio de 50 mil dólares por tonelada, de acuerdo al valor de los últimos 12 meses.
“Para CODELCO ese contrato constituye un hecho esencial, pero también constituye un hecho esencial contrario para las actuales explotadoras del litio, particularmente SOQUIMICH, porque despeja la muy inconveniente incertidumbre que existe en este momento sobre qué va a pasar sobre el contrato de la empresa privada y, por ello, SOQUIMICH está presionando brutalmente para que se lo extiendan y seguir explotando el recurso que nos pertenece y que ha transformado al propietario de esta empresa (Julio Ponce Lerou) en el segundo hombre más rico de Chile”, puntualizó Riesco.
El economista del Centro Nacional de Desarrollo Alternativo (CENDA), Manuel Riesco, afirmó que el Presidente Gabriel Boric tiene las atribuciones constitucionales “para recuperar la explotación del litio ahora” y que confía en que no cederá a las presiones de intereses poderosos, apuntando, incluso, a los de las empresas transnacionales.
Se espera que antes de fin de mes el mandatario anuncie la Política Nacional del Litio y entre los movimientos sociales hay expectativas en relación a si tomará en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de Litio, que contemplan la creación de una Empresa Nacional para controlar el recurso energético.
En declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile, Riesco afirmó que el 90 por ciento del mineral se encuentra en el Salar de Atacama y el control puede estar en manos de CODELCO si el Ejecutivo toma la decisión de traspasar la explotación del recurso una vez que se terminen las concesiones mineras.
El economista recordó que la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) tiene la responsabilidad de administrar el recurso. Sin embargo, hizo mención de la firma de contratos de administración que vencen en 2030 con SQM y en 2043 con Albemarle.
En esa línea, afirmó que existe una fuerte presión de SQM con los que graficó como su “ejército de lobbistas” para mantener la explotación del Salar de Atacama, a lo que suma la presión de distintos países, principalmente de Europa y Estados Unidos. “Pretenden tomar control de la producción del litio en los salares pequeños y por tanto, están haciendo un lobby brutal para que el Presidente entregue contratos de administración”, precisó.
“Espero que el Gobierno se ponga firme y no ceda a las presiones y ejerza sus atribuciones”, señaló el economista, quien agregó que el Ejecutivo no debe “entregar autorización para explorar y explotar ni un gramo más de litio en ninguna parte a las empresas privadas”.
En concreto, Riesco comentó que entre los lineamientos que debiera seguir la actual administración es que “el Estado reserve en forma exclusiva la exploración y explotación del litio para empresas del Estado o filiales controladas absolutamente por el Fisco”.
Sobre esto último, precisó que esto se establece en la Constitución, que señala que “el Estado es el propietario del litio conforme con la legislación de 1979, impuesta por la dictadura, que declaró al litio estratégico y no concesible. Además, en virtud de las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Litio de 2015 del gobierno de la presidenta (Michelle) Bachelet, en el sentido de que el Estado debe controlar el mineral”.
Por lo mismo, consideró que el Ejecutivo tiene la atribución de crear una compañía estatal del recurso y “transformarla de inmediato en la principal empresa del litio en el mundo y esa es una atribución exclusiva del Presidente”.
En esa línea, sostuvo que la manera de hacer efectiva esta medida es que “CORFO firme un contrato con una de las grandes empresas estatales, como CODELCO y le entregue a la cuprífera la facultad de explotar el litio en el Salar de Atacama a partir del vencimiento de los actuales contratos, con plazos de extracción y regalías a pagar al Estado, similares a los que tiene con las dos empresas privadas”.
Riesco aseveró que ese contrato CORFO-CODELCO tiene un valor “equivalente a los ingresos totales del Estado durante un año completo, con todos los conceptos tributarios y de recaudación. Hablamos de una cifra del orden de los 100 mil millones de dólares y que el Presidente Boric puede firmar inmediatamente ahora con CODELCO. Eso significa que el patrimonio de CODELCO se incrementa al valor del contrato, antes de que saque un gramo de litio”.
También añadió que este acuerdo implicaría que la cuprífera estatal podrá extraer 4 millones de toneladas de carbonato de litio por un precio de 50 mil dólares por tonelada, de acuerdo al valor de los últimos 12 meses.
“Para CODELCO ese contrato constituye un hecho esencial, pero también constituye un hecho esencial contrario para las actuales explotadoras del litio, particularmente SOQUIMICH, porque despeja la muy inconveniente incertidumbre que existe en este momento sobre qué va a pasar sobre el contrato de la empresa privada y, por ello, SOQUIMICH está presionando brutalmente para que se lo extiendan y seguir explotando el recurso que nos pertenece y que ha transformado al propietario de esta empresa (Julio Ponce Lerou) en el segundo hombre más rico de Chile”, puntualizó Riesco.
El economista del Centro Nacional de Desarrollo Alternativo (CENDA), Manuel Riesco, afirmó que el Presidente Gabriel Boric tiene las atribuciones constitucionales “para recuperar la explotación del litio ahora” y que confía en que no cederá a las presiones de intereses poderosos, apuntando, incluso, a los de las empresas transnacionales.
Se espera que antes de fin de mes el mandatario anuncie la Política Nacional del Litio y entre los movimientos sociales hay expectativas en relación a si tomará en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de Litio, que contemplan la creación de una Empresa Nacional para controlar el recurso energético.
En declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile, Riesco afirmó que el 90 por ciento del mineral se encuentra en el Salar de Atacama y el control puede estar en manos de CODELCO si el Ejecutivo toma la decisión de traspasar la explotación del recurso una vez que se terminen las concesiones mineras.
El economista recordó que la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) tiene la responsabilidad de administrar el recurso. Sin embargo, hizo mención de la firma de contratos de administración que vencen en 2030 con SQM y en 2043 con Albemarle.
En esa línea, afirmó que existe una fuerte presión de SQM con los que graficó como su “ejército de lobbistas” para mantener la explotación del Salar de Atacama, a lo que suma la presión de distintos países, principalmente de Europa y Estados Unidos. “Pretenden tomar control de la producción del litio en los salares pequeños y por tanto, están haciendo un lobby brutal para que el Presidente entregue contratos de administración”, precisó.
“Espero que el Gobierno se ponga firme y no ceda a las presiones y ejerza sus atribuciones”, señaló el economista, quien agregó que el Ejecutivo no debe “entregar autorización para explorar y explotar ni un gramo más de litio en ninguna parte a las empresas privadas”.
En concreto, Riesco comentó que entre los lineamientos que debiera seguir la actual administración es que “el Estado reserve en forma exclusiva la exploración y explotación del litio para empresas del Estado o filiales controladas absolutamente por el Fisco”.
Sobre esto último, precisó que esto se establece en la Constitución, que señala que “el Estado es el propietario del litio conforme con la legislación de 1979, impuesta por la dictadura, que declaró al litio estratégico y no concesible. Además, en virtud de las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Litio de 2015 del gobierno de la presidenta (Michelle) Bachelet, en el sentido de que el Estado debe controlar el mineral”.
Por lo mismo, consideró que el Ejecutivo tiene la atribución de crear una compañía estatal del recurso y “transformarla de inmediato en la principal empresa del litio en el mundo y esa es una atribución exclusiva del Presidente”.
En esa línea, sostuvo que la manera de hacer efectiva esta medida es que “CORFO firme un contrato con una de las grandes empresas estatales, como CODELCO y le entregue a la cuprífera la facultad de explotar el litio en el Salar de Atacama a partir del vencimiento de los actuales contratos, con plazos de extracción y regalías a pagar al Estado, similares a los que tiene con las dos empresas privadas”.
Riesco aseveró que ese contrato CORFO-CODELCO tiene un valor “equivalente a los ingresos totales del Estado durante un año completo, con todos los conceptos tributarios y de recaudación. Hablamos de una cifra del orden de los 100 mil millones de dólares y que el Presidente Boric puede firmar inmediatamente ahora con CODELCO. Eso significa que el patrimonio de CODELCO se incrementa al valor del contrato, antes de que saque un gramo de litio”.
También añadió que este acuerdo implicaría que la cuprífera estatal podrá extraer 4 millones de toneladas de carbonato de litio por un precio de 50 mil dólares por tonelada, de acuerdo al valor de los últimos 12 meses.
“Para CODELCO ese contrato constituye un hecho esencial, pero también constituye un hecho esencial contrario para las actuales explotadoras del litio, particularmente SOQUIMICH, porque despeja la muy inconveniente incertidumbre que existe en este momento sobre qué va a pasar sobre el contrato de la empresa privada y, por ello, SOQUIMICH está presionando brutalmente para que se lo extiendan y seguir explotando el recurso que nos pertenece y que ha transformado al propietario de esta empresa (Julio Ponce Lerou) en el segundo hombre más rico de Chile”, puntualizó Riesco.
