A través de una declaración pública, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad (AMCD) denunció una falta de acceso a la información a las actas de las sesiones de la Comisión Mixta chileno-alemana sobre Colonia Dignidad, la que –según reza el Ministerio de Relaciones Exteriores- busca “abordar la memoria histórica” del enclave liderado por el predicador y pederasta, Paul Schäfer, “y la integración de las víctimas en sociedad”.

“Por medio de la prensa y de una nota en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, hemos tomado conocimiento del desarrollo de la XI sesión de la Comisión Mixta chileno-alemana sobre Colonia Dignidad, realizada el 18 de abril en Berlín”, parte señalando el documento.

En ese contexto, detallaron que “como fue determinado por las partes, las sesiones de la Comisión son reservadas y sus actas secretas. Sólo a partir de la X sesión celebrada en Chile el 17 de noviembre 2022 se cambia esta disposición para hacer actas públicas, por lo cual hasta la fecha y habiendo transcurrido ya más de 5 años desde la constitución de esta instancia, las víctimas y la opinión pública no han podido acceder a información precisa sobre los temas tratados y acuerdos adoptados”.

Por ello acusaron que “esta condición contraviene abiertamente los estándares de derechos humanos emanados de instrumentos internacionales, que se refieren a la participación de las víctimas en procesos de decisión e implementación de medidas de reparación”.

Sobre esto último, apuntaron que “la Resolución 60/147 de la Asamblea General ONU (2005) señala que es un derecho de las víctimas el ‘Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación’, mientras la Resolución 3/2019 de la CIDH indica explícitamente ‘Los Estados tienen la obligación de garantizar que las víctimas y comunidades locales puedan participar en todas las etapas de las políticas públicas de memoria y que puedan impulsar y gestionar iniciativas autónomas de memoria’”.

Es por estos antecedentes que enfatizaron en que “el Estado chileno tiene la responsabilidad de reparar las masivas y sistemáticas violaciones a los DD. HH cometidas por la dictadura civil-militar con colaboración de la Colonia Dignidad y no puede ni debe supeditar el cumplimiento de esta obligación a los intereses, condiciones y limitaciones impuestas por un Estado extranjero”.

Asimismo, desde la AMCD consideraron que “resulta inaudito que se continúen efectuando propuestas sobre la Colonia Dignidad en ausencia de las agrupaciones y organizaciones que por 50 años han luchado por verdad, justicia, reparación y memoria por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el enclave alemán”.

En esa línea, comentaron que “la nota publicada por MINREL el 19 de abril, informa sobre lo tratado en esta última sesión y habla de la constitución de “una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, que tenga por misión principal desarrollar las acciones necesarias para el establecimiento de un sitio de memoria y centro de documentación”, algo que sólo es posible porque en el año 2016 la Asociación por la Memoria y los DD.HH Colonia Dignidad en conjunto con agrupaciones de memoria y DD.HH, obtuvo la declaratoria de Monumento Nacional para el predio y para la documentación incautada desde allí por los procesos judiciales que conducidos por los jueces Juan Guzmán y Jorge Zepeda, ante este último, la Asociación realizó gestiones para que dicha documentación fuera trasladada el año 2017 al Archivo Nacional”.

“Todas ellas son gestiones que se hicieron sin la participación ni interés de Alemania, quien sólo cuando no pudo ignorar el escándalo provocado por el estreno de la película “Colonia” en 2016 y las exigencias de su Parlamento, reconoció que era necesario buscar formas de abordar ese vergonzoso capítulo de su historia reciente”, cuestionaron.

De hecho, señalaron que “a la fecha Alemania no ha contribuido con los procesos judiciales llevados adelante en Chile, por el contrario, sólo ha dado refugio a jerarcas de la Colonia cómplices de los crímenes allí cometidos, o sentenciados por la justicia chilena, como ocurre con Hartmut Hopp, Reinhard Döring y otros”.

De modo que ante este escenario “donde continúa el secreto y la intromisión de un Estado extranjero en el cumplimiento de las obligaciones del Estado chileno para con las víctimas de la dictadura, no existen garantías para confiar en tardías promesas de participación en instancias derivadas de una comisión que no es la llamada a abordar ni resolver sobre dichas obligaciones, por lo cual exigimos al Gobierno la conformación de una mesa de trabajo para avanzar en verdad, justicia, reparación y memoria, por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura en la Colonia Dignidad, dando cumplimiento a los estándares que el derecho internacional de los derechos humanos establece en la materia”, emplazaron.