Fiscal Retamal y espionaje contra funcionarios del Ejército: “No correspondió a casos que tuvieran por objeto resguardar la seguridad nacional”

En la formalización del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete y del exjefe de la DINE, Schafik Nazal, el persecutor acusó a ambos de 12 delitos en carácter de reiterados, entre ellos de escuchas ilegales.

En la formalización del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete y del exjefe de la DINE, Schafik Nazal, el persecutor acusó a ambos de 12 delitos en carácter de reiterados, entre ellos de escuchas ilegales.

El exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete, y el exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Schafik Nazal, fueron formalizados hoy por los delitos de falsificación de instrumento público y solicitud de intervención maliciosa de comunicaciones en el caso Espionaje.

La audiencia se realizó en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía Alta Complejidad Centro Norte presentó los cargos contra ambos imputados por realizar interceptaciones telefónicas contra militares y un periodista que denunciaron irregularidades en el marco del caso Fraude en el Ejército.

Las escuchas se realizaron entre 2017 y 2018 y habrían afectado a siete personas, entre ellas, el capitán de Ejército Rafael Harvey y el periodista Mauricio Weibel. En total, el fiscal Jaime Retamal acusó a los dos imputados por 12 delitos en carácter de reiterados.

Según el fiscal Retamal, de Nazal “solicitó, ordenó, dirigió una serie de operaciones ilícitas en las que se interceptó y grabó, sin la debida autorización, diversas señales de telefonía móvil de servicios públicos e telecomunicaciones”. Además, obtuvo “oficios secretos” de carácter judicial dirigidos a compañías de telecomunicaciones que eran avalados por el ministro del tribunal de alzada capitalino.

“No se trató de casos vinculados a actividades de inteligencia y contra inteligencia. No correspondió a casos que tuvieran por objeto resguardar la seguridad nacional y proteger al Estado de Chile y sus habitantes de las amenazas de terrorismo, crimen organizado y narcotráfico. Y tampoco se trató de medidas de inteligencia que tuvieran por objeto detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas nacionales o internacionales”, aseguró el fiscal.

Debido a que hubo vulneraciones a documentos fiscales, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte del caso a través de una querella.





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