Se ha hecho común la creencia que el actual Gobierno está resultando uno de mera administración. Las coaliciones gobernantes están lejos de cumplir las expectativas que millones cifraron en su gestión transformadora en beneficio de las grandes mayorías de la población.

Sostenemos que si el actual Gobierno impulsa con decisión y coraje la aprobación y ratificación del Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), podría reencontrarse con su electorado, ampliar su base electoral, y tomar la iniciativa en los planos político, social y económico.

El debate político y constitucional de las últimas cinco décadas ha tenido como uno de sus elementos centrales la vigencia y eficacia de los derechos sociales, económicos y culturales (desc). El golpe de estado puso término a su reconocimiento constitucional del año 1971 e inició, a partir de 1980, un retroceso significativo de su protección (a pesar de la ratificación por el Estado de Chile, el año 1972, del Pacto Internacional que protege estos derechos). Así, mientras en el plano internacional se avanzó en el mejoramiento de la comprensión de su alcance y de su vigencia, el ordenamiento jurídico chileno, atado a las instituciones neoliberales y al principio de subsidiariedad, ha tenido escasos avances desde que se retrocedió como consecuencia de la regulación de la carta otorgada de 1980.

Desde entonces (1980) la comunidad internacional ha dado pasos significativos al sostener la interdependencia, indivisibilidad e interrelación de todos los derechos humanos (Viena, 1993), abandonando la peregrina idea que unos tenían mayor jerarquía que otros, y que solo los derechos civiles y políticos eran auténticos derechos. Se sostiene actualmente que: “El concepto de <<dignidad inherente al ser humano>>, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y piedra de toque de los derechos humanos, es fundamental y la base misma del principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos” (1).

Es del caso que el 10 de diciembre de 2008, hace ya 15 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas gestó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto que se encuentra vigente en Chile y que cuenta ahora con un mecanismo destinado a velar por su eficacia.

El nuevo tratado de 2008, que contiene el Protocolo, consagra mecanismos efectivos de amparo de los desc. en el plano internacional a través de tres procedimientos de protección: 1. Comunicaciones individuales; 2. Comunicaciones interestatales; 3. Procedimiento de investigación de violaciones graves o sistemáticas de derechos económicos, sociales y culturales (2).

Habiéndose cumplido el requisito de las firmas (ya lo han suscrito más de 30 estados) y ratificaciones (ya ha sido ratificado por 13) el Protocolo ya se encuentra vigente. Chile solo lo ha suscrito, faltando la aprobación y ratificación (3).

Si Chile aprueba y ratifica el Protocolo cualquiera sea el grado de intensidad con que se consagren constitucionalmente los derechos sociales, económicos y culturales, e incluso si el Partido Republicano logra no consagrarlos en el proyecto de nueva Constitución que propondrán al país, podrán los particulares contar con mecanismos eficaces para tutelar su vigencia.

Ya sabemos que una economía pujante sin derechos solo permite la acumulación de riqueza en manos de unos pocos grandes empresarios. También sabemos que si el mundo del trabajo no tiene certeza de que el fruto de su quehacer le permitirá una vida digna y libre, no contribuye de modo eficiente al proceso productivo afectando la competitividad país.

Hablar en serio acerca de los derechos sociales, tener una voluntad auténtica de consagrarlos y promoverlos, pasa por someter a aprobación y ratificar el Protocolo del Pacto que los consagra. Todo lo demás son palabras de buena crianza, pero ningún interés serio en su protección.

El Gobierno tiene en sus manos el reencontrar el camino que lo conecte con ese sector del pueblo que demanda condiciones de vida dignas, que hagan posible gozar de una auténtica libertad. La decisión de impulsar la aprobación y de ratificar el Protocolo puede marcar la diferencia, y permitir al Gobierno tomar la iniciativa en la construcción del Chile justo y solidario que nos merecemos como población. Si el presidente Boric y sus coaliciones logran la aprobación y luego ratifican, pasarán a la historia como uno de los gobiernos que más han hecho en términos reales por asegurar el bienestar presente y futuro de su población.

* Columna publicada originalmente en el sitio semanarioaulamagna.cl.