Las isapres durante muchos años han hecho excelentes negocios con la salud de los millones de adscritos a ellas, pero como consecuencia de un clarificador fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, se inició una fuerte y hasta insolente campaña de desprestigio en contra de sus 5 magistrados, orquestada por los propietarios de esas empresas privadas, utilizando para ello a ciertos conocidos abogados e ingenieros comerciales, quienes con sesudas interpretaciones legales, han llegado a decir que esa sentencia del máximo tribunal del país no puede producir efectos.
Otros tantos lenguaraces han amenazado a la opinión pública, en orden a que este sistema privado no puede seguir operando y que, por ello, el sistema estatal Fonasa tendrá que atender a todos los chilenos, sin disponer de la capacidad para ello, con lo cual se concluye que estamos ante una guerra sucia impulsada por aquellos privilegiados que detentan el poder económico.
Los contratos de las todas las isapres con sus clientes se formalizan a través de diversos planes de salud, que tienen precios fijados en UF por ellas mismas y como se producían muchos abusos con esas tablas de factores, en el año 2010 el Tribunal Constitucional estableció que los reajustes de los precios por sexo y edad de cada contratante eran contrarios a la propia Constitución Política vigente, ello pues así se vulneraba el derecho que tenemos todos a la salud.
Durante años se interpusieron muchos recursos de protección en las Cortes de Apelaciones en contra de dichas desmesuradas alzas de precios, los que llegaban a la Suprema, instancia máxima que obligaba a las isapres a no subir los precios de los recurrentes, teniéndose en cuenta que la mayoría de los suscriptos a esas isapres, por comodidad o indolencia, aceptaban las alzas sin chistar. A todo esto, los distintos gobiernos miraban contemplativamente lo que sucedía, pues el sistema seguía funcionado como si nada indeseable aconteciera.
El plácido recreo de las isapres y la abulia de la administración de salud, terminó el 30 de noviembre de 2022, con unas cuantas sentencias de la Corte Suprema, en las cuales, esa máxima instancia, tomando el toro por las astas, determinó que las famosas tablas de factores de riesgo que perjudicaban a los afiliados de las isapres son impropias en un Estado de Democrático de Derecho y por esa misma razón concluyó en los siguientes términos: “esta Corte deberá declarar como ilegal y arbitrario el hecho de mantener su vigencia con carácter general para todos los contratos individuales de salud que administra y a los que aplica”.
La Suprema, para evitar nuevas dilaciones administrativas, le dio un plazo de 6 meses a la Superintendencia de Salud, para que resuelva la aplicación del fallo, período que está vencido. En todo caso los funcionarios del sector salud dicen que la deuda total que deberán devolver las isapres a sus afiliados sería equivalente a los US$ 1.400 millones, cobros excesivos que todavía se desconoce cómo se devolverán a todos sus clientes. Muchos de ellos ya se han trasladado a Fonasa.
Los interesados detractores de la Corte Suprema argumentan que ella carece de atribuciones para involucrarse en esta materia, a quienes les respondemos que, si dicha Corte, no se “hubiera mojado el potito” para zanjar esta situación ilegal, el problema continuaría campante a vista y paciencia de todos los involucrados.
Finalmente, tal como aseguró la ministra de Salud, las isapres continuarán prestando sus servicios y para ello es indispensable que el sector privado que las controla, algunos son inversionistas extranjeros, entienda que siendo muy deseable el lucro, éste debe ser razonable para que sus empresas continúen ejerciendo sus indispensables roles.
