La carta de renuncia de Patricio Fernández hace apelaciones de gran valor, que trascienden a la polémica de la cual fue parte y que se hacen muy necesarias en los tiempos crispados y agresivos que estamos viviendo. Especialmente, su deseo de que “se alimente la curiosidad entre los distintos”, que es la base para la construcción de una sociedad que valore y cuide su diversidad.
Cosa diferente es que a propósito de este asunto haya sectores que realicen afirmaciones que no tienen ningún asidero en la realidad, como por ejemplo, que la renuncia de Fernández “fue orquestada por el PC y sus satélites”, que el mundo de los derechos humanos sería “una familia en el sentido siciliano del término”, que este asunto sería parte de una disputa entre las dos almas del oficialismo y que Fernández habría sido víctima de la cultura de la cancelación. Esto último, más allá de que no se puede negar que hay personas que han actuado de forma virulenta, en especial en las redes sociales.
Como hemos señalado y como lo han explicado en estas horas algunas entrevistadas como la diputada Lorena Pizarro y la representante del espacio de memorias Londres 38, Gloria Elgueta, el problema de fondo para las organizaciones no es la entrevista a Patricio Fernández en Radio Universidad de Chile, sino la gestión confusa, tardía y excluyente por parte del Gobierno de la conmemoración de los 50 años del Golpe. Las organizaciones tienen la percepción, lo han dado a entender públicamente aunque en privado la percepción es extendida y categórica, que el Ejecutivo tendría interés en bajarle el perfil a la fecha y/o, citando a la propia Gloria Elgueta, que desde el Gobierno se ha impuesto “un enfoque que tiende a omitir” un rechazo categórico del Golpe de Estado de 1973. Esta apreciación está en la base de la desconfianza y el alejamiento entre las organizaciones de derechos humanos y el Gobierno, que éste tiene la tarea de revertir en los dos meses que faltan para la conmemoración.
Cuesta explicarse por qué hasta esta fecha, 6 de julio, las organizaciones no se han sentido parte del proceso, ni por qué, como lo reconocieron ayer los secretarios generales del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y del PPD, José Toro, el Gobierno aún no ha presentado definitivamemente lo que pretende hacer a los partidos del oficialismo, más allá de algunas consultas previas. Así las cosas, es perfectamente legítimo que se critique la gestión de la cara más visible del Ejecutivo en esta materia, pero, en todo caso, este atraso, falta de energía, exclusión o como se le quiera llamar, excede largamente a Patricio Fernández y no se resuelve con su renuncia.
Por otro lado, es absurdo y solo podría atribuirse a la ignorancia o a la mala fe, señalar que el mundo de los derechos humanos esté controlado por el Partido Comunista. Es evidente que esta tienda tiene una importante participación, por la atroz obviedad de que sus militantes fueron ferozmente perseguidos luego del Golpe, pero muchas de las organizaciones que solicitaron la renuncia de Fernández están encabezadas por independientes o por militantes de otros partidos, como, por poner solo un ejemplo, el Centro de Formación Memoria y Futuro, liderada por los familiares de la dirección clandestina del Partido Socialista secuestrada y desaparecida desde 1975.
Más allá del relato que el Gobierno en su legítima deliberación pretenda hacer sobre los 50 años del Golpe, sería un grave revés que éste se lleve a cabo con la discrepancia y la exclusión de las organizaciones de derechos humanos. Eso, exactamente eso, es lo que está ocurriendo a día de hoy, por lo que el Ejecutivo tiene una muy importante tarea contra el tiempo que llevar a cabo.
