Más de 95 años tiene Mercedes, la Meche como la conocen en Parral, la ciudad del Maule donde ha vivido toda su vida. Ahí desde hace ya casi 50 años, despierta cada día a la espera de saber del destino de su hijo Luis Evangelista Aguayo Fernández, quien el 11 de septiembre de 1973, poco después del golpe de Estado, fuera detenido por una patrulla de carabineros.

Luis tenía 21 años y era inspector de un colegio. Fue llevado por los uniformados y su final se selló en los terrenos de la tenebrosa Colonia Dignidad, la Villa Baviera que hasta ahora se mantiene en funciones y hoy busca mostrar un rostro amable hacia la comunidad con una propaganda que invita a la gente a pasar un grato descanso en sus habitaciones y agasajarse con sus preparaciones culinarias de la tradición germana de la cual es originaria.

Mientras, Mercedes sigue buscando a su hijo que desde hace 50 años está desaparecido, así como lo hacen cientos de familias que exigen saber dónde están… dónde están.

Sin saber dimensionar el error que estaba cometiendo, a la salida del Servicio Médico Legal en avenida La Paz, reporteando en mi labor de periodista le pregunté a un familiar de un desaparecido cuyos restos habían sido identificados (correctamente) y les serían entregados en unas horas, dónde realizarían el velorio o ceremonia de su padre. La respuesta fueron unos ojos tristes: “qué velorio vamos a hacer si me entregaron un hueso de este porte”, me contestó mostrando con los dedos el tamaño de un par de centímetros.

La justicia no es justicia cuando tarda, cuando demora y se basa en una eterna promesa nunca cumplida.

Es entendible el argumento de que es importante que nuestro país y en particular que el Poder Judicial no haya suspendido su labor por juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad que sometidos a la normativa internacional, no prescriben y no pueden ser amnistiados. Sin embargo, este mismo Poder Judicial es el que debe responder por lo que antes hicieron aquellos que denegaron los recursos que interpusieron los mismos abogados que aún continúan litigando en sus tribunales demandando justicia por Litre Quiroga y Víctor Jara, por la dirección clandestina del Partido Socialista, por los chilenos acribillados por la Caravana de la Muerte en Calama, Tocopilla, Antofagasta y tantos otros sitios del país.

De haber acudido de manera expedita y oportuna y los castigos hubiesen sido correspondientes a la gravedad de los crímenes que fueron cometidos, Chile no tendría que experimentar el negacionismo ni tampoco se habrían relativizado las violaciones a los derechos humanos que aplicaron en la dictadura.

No es un acto de gracia el que los tribunales estén aún hoy, medio siglo después, sesionando para conocer los casos de centenares de chilenas y chilenos maltratados, denigrados, humillados y asesinados. Lo que hoy hace el Poder Judicial es nada más que saldar una deuda que tiene con el país que precisamente le entregó la misión para que este tipo de situaciones no ocurrieran y que de haberse concretado hubiese provisto de la protección a la sociedad para que no se volvieran a cometer y que aquellos que imaginaran una aventura del mismo tipo se retractaran en el acto al ver las sanciones a las que fueron sometidos quienes ya obraron de esa forma contra otros seres humanos.

En estos 50 años transcurridos desde el golpe de Estado, hay otras instituciones que tienen una deuda más profunda con la historia y los chilenos: las Fuerzas Armadas. Nunca en todas estas décadas han tenido el ánimo de terminar con ese pétreo silencio respecto del destino de quienes fueron vejados en sus cuarteles y centros clandestinos donde echaron a volar lo aprendido en los cursos de tortura de la Escuela de las Américas. Poner fin al pacto de silencio es una exigencia de la sociedad que integran. De otra forma, seguirán siendo entidades apartadas de su pueblo.

¿Habrá justicia para la mujer a la que le quemaron sus pechos con ampolletas encendidas en los locutorios del Estadio Nacional días después del golpe de Estado? ¿Habrá justicia para los familiares de los ejecutados y desaparecidos que todavía esperan ver el castigo de la justicia a los responsables de la muerte de sus hijos? ¿Habrá justicia para Mercedes Fernández?