Los intentos por imponer el negacionismo a 50 años del cruento Golpe de Estado de 1973 han tenido, afortunadamente, una reacción vigorosa de esa reserva del país que está comprometida con los mínimos civilizatorios no solo respecto del pasado, sino también del presente y del futuro, lo cual se traduce en la reivindicación de dos conceptos irreductibles: la democracia y los derechos humanos. En los últimos días y semanas ha habido una serie de acciones y voces para reivindicarlos. Nos permitimos ejemplificar con el conmovedor acto en favor de las víctimas del llamado Caso de los 119 o Operación Colombo, cuyas figuras fueron enarboladas por las calles del centro de Santiago bajo una intensa lluvia por los familiares, algunos de ellos jóvenes que no alcanzaron a conocerlos, y otros adultos mayores que han luchado más de la mitad de sus vidas por verdad, justicia y reparación.

En paralelo, el Poder Judicial se ha esmerado en llegar al final de una serie de casos que también han esperado 50 años por la acción reparatoria de las instituciones, entre ellas la dirección clandestina del Partido Socialista desaparecida en 1975 y el asesinato de Víctor Jara. Desuela y comprensiblemente indigna que haya transcurrido medio siglo sin justicia, pero en medio de esto también oímos la voz del abogado Nelson Caucoto, otro defensor desde siempre de los derechos humanos, quien nos invita a mirar el lado lleno del vaso que supone que al fin podamos tener sentencias condenatorias.

Todo esto es el marco para ponderar la propuesta del Partido Republicano de sacar de la cárcel a los adultos mayores, lo cual parecería tener una inspiración humanitaria que no se alcanza a sostener ni un segundo. Por tres razones: primero, porque como ha señalado el ministro de Justicia, casi todos los adultos mayores encarcelados son condenados por crímenes de lesa humanidad; segundo, porque tales adultos mayores cometieron atroces crímenes cuando tenían veinticinco o treinta años y recién han sido condenados hace poco, es decir, pasaron casi toda su vida en la impunidad; y tercero, porque la jurisprudencia internacional en derechos humanos sí establece mecanismos de cumplimiento de condena alternativo para genocidas, lo cual requiere arrepentimiento eficaz y colaboración con justicia, cosas que no han hecho y porque no han querido, condenando con ello a la falta de conocimiento a los familiares de las víctimas y al país. No son, por lo tanto y como balbucean algunos, víctimas de estar presos, sino culpables por su contumaz militancia no solo en el bando del genocidio, sino también en el de la impunidad.

Esta ola que no proviene solo de Chile, sino de distintas partes del mundo, llega en hora buena porque nuestro país, nuestra comunidad, no pueden cejar jamás en el esclarecimiento de los atroces crímenes cometidos por la dictadura, así como también debe situar nuestra convivencia presente y futura en el piso mínimo de la democracia y los derechos humanos.