Con profundas críticas a las enmiendas presentadas al texto propuesto por los expertos al Consejo Constitucional, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, participó en la sesión de este jueves.

Luego del encuentro, la abogada sostuvo que “hay que sincerar los debates”, ya que hay “una serie de enmiendas que se proponen al nuevo texto, buscan clausurar el debate democrático que nosotros hemos realizado en los últimos 20 años en Chile”.

Casas subrayó que “no por nada hemos discutido desde el año 2001 en adelante cuestiones tan básicas como el acceso a la anticoncepción de emergencia”.

Además, recordó que “no por nada se discutió en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional y posteriormente en el año 2010 hubo una ley, la 20.418 que permitió el acceso igualitario para todas las mujeres para un anticonceptivo de emergencia”.

Al respecto, puntualizó que “con las actuales enmiendas que propone la derecha en Chile, lo que hacemos es retrotraer los derechos de las mujeres y las niñas”.

Casas indicó que en esta discusión “no hay que perderse. Me han dicho que dramatizo. Dramatizar no es decir que el aborto en caso de violación sea un problema simplemente social. Son las vidas de las mujeres y las niñas que están en juego”.

Para la experta, “lo que aquí se pretende nuevamente a través de enmiendas constitucionales es cerrar un debate que esta sociedad ha dado duramente, simplemente incluso por tres causales tan básicas como la protección de la vida de una mujer cuando está en riesgo vital, cuando el feto padece una malformación congénita grave de carácter letal y claramente en caso de violación”.

Sobre esto último detalló que “de las 4 mil 200 mujeres que han accedido al aborto en tres causales desde el año 2018, apenas 893 han sido por la causa de violación. Aquí no hay hordas de mujeres abusando del derecho”.

Esto porque a su juicio, este sector político del país “siempre han mirado prejuiciadamente a las mujeres”.

“Nosotras como mujeres, las niñas, no valemos solo porque tenemos la capacidad de gestar, sino porque tenemos la capacidad, la autonomía moral de desarrollar un plan de vida. Y lo que se exige en una sociedad justa, igualitaria es que los derechos de las mujeres, de las niñas, sean igualmente respetados”, precisó.

La encargada del Centro de Derechos Humanos de la UDP precisó además que “en la Constitución actual dice ‘la Ley protegerá la vida del que está por nacer’. Hay un mandato expreso al legislador para que vea las distintas formas de protección”.

Mientras, “hoy día, el texto que fue presentado por los expertos, señala ‘se protege el derecho a la vida’, por lo tanto deja al legislador de ver no solamente el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, sino muchas otras cosas”.

Por eso, estimó que “el efecto que pueden tener las enmiendas es tratar de restringir el uso de técnicas de reproducción asistida como ha sucedido en otras partes de América Latina. Por lo tanto, es un tema de preocupación”.

Casas llamó a que “no hay que olvidar que un sector que hoy día ha propuesto las enmiendas también llevó al Tribunal Constitucional el uso del dispositivo intrauterino, uno de los principales métodos usado por las mujeres en los establecimientos de salud pública”.

Por último, la abogada subrayó que “este no es un problema social como se dijo, este es un problema de derechos y por lo tanto, una enmienda en ese sentido es un hecho regresivo para los derechos de las mujeres”.