Hay que “velar por la estabilidad del sistema” indicó la ministra de Salud Ximena Aguilera al dar a conocer la mirada del Gobierno frente al fallo de la Corte Suprema que ordenó fijar el costo de las primas que cobra a sus afiliados.

Junto al superintendente de Salud, Víctor Torres, Aguilera indicó que la situación que enfrenta la industria es difícil y que por eso se presentó al Parlamento una iniciativa legal que busca contener los efectos adversos que tendría para la el sistema de salud en general las decisiones evacuadas en los últimos meses por el máximo tribunal sobre el tema.

“Con respecto al fallo anterior, nosotros hemos reconocido que la situación es compleja y como Ejecutivo hemos presentado un proyecto de ley justamente para otorgar garantías a la estabilidad del sistema y poder dar cumplimiento a la sentencia que es lo que tenemos que hacer”.

La titular del Minsal indicó que “tenemos que velar por la estabilidad del sistema y el acceso de las personas al sistema prestador y al prestador privado que depende en mayor medida de las isapres”.

Por eso recalcó que “es en ese sentido las disposiciones que se están discutiendo en el Senado”, donde además se dispuso un comité de expertos para evaluar alternativas y así amortiguar el impacto del fallo en las aseguradoras.

Respecto al análisis que hace el Ejecutivo de la sentencia, Aguilera explicó que “deja sin efecto esta prima reciente y sin embargo, se mantiene la prima interior y si era inferior, se lleva a la prima del 7,2 del estudio de verificación de costos”. 

Es decir, “se tiene que ver de acuerdo a la prima que ellos mismos han definido”, agregó la ministra.

Consultada por los cuestionamientos sobre la decisión de la Suprema, la secretaria de Estado indicó que no corresponde comentarlos, sino acatarlos y verificar que se cumplan.

“A nosotros no nos corresponde realizar comentarios de lo que ha realizado otros poderes del Estado dentro de sus atribuciones. La corte ha fallado en relación a los requerimientos de los mismos afiliados a las isapres”, indicó.

A lo anterior sumó que la industria de las isapres tiene limitaciones y funciona con los aportes de la seguridad social, pero no tiene el mismo fin.

Por eso estimó que lo que está ocurriendo “tiene relación con las mismas prácticas de la industria que ha llevado a la judicialización”.

Por su parte, el superintendente Víctor Torres señaló que respecto a los plazos para implementar la sentencia se debe cumplir una vez esté ejecutoriada, aunque precisó que “hay una cuestión administrativa que considerar”.

A eso agregó que “cualquier modificación a los valores que se cobran por parte de las isapres requieren ser notificadas a las personas que cotizan, a los cotizantes independientes o a los empleadores para poder realizar la operatoria de esta rebaja a través de las comunicaciones que se denominan FUN”.

Torres precisó que “las isapres que han sido notificadas deberían implementar lo antes posible esta rebaja”, aunque subrayó que “no todas hoy día tienen aún sentencia”.

Cuestionado por los montos que podrían involucrar este nuevo fallo, el superintendente indicó que “no se ha hecho un cálculo que pueda permitir dar una cifra determinada y no sería responsable aventurarnos con una cifra que incluso podría ser bastante menor que eso”.

Respecto a la decisión anunciada de las isapres Banmédica, Vida Tres y Consalud de no vender nuevos planes de salud, estimó que se trata de “una decisión comercial y que puede responder al análisis que requiere tomar la isapre que puede tener seguir vendiendo planes que podrían estar desfinanciados”.

Imagen de portada: Agencia ATON