El océano de la derecha chilena tiene sucesivos naufragios de naves que quisieron separar aguas del pasado pinochetista. No han sido muchos en cantidad ni en tripulación, pero su valor cualitativo es enorme y su fracaso una mala noticia para todo el país, puesto que luego de ello tenemos un sector que a 50 años del Golpe coquetea con el negacionismo, reivindica solapadamente al dictador y, por cierto, a sus cómplices no uniformados, como Sergio Onofre Jarpa.

La UDI y Renovación Nacional fueron fundados casi en su totalidad por funcionarios civiles del régimen e incluso militares en retiro, por lo que se les ha hecho difícil renegar de su origen. Ni siquiera el conocimiento mundial de las monstruosidades cometidas por la dictadura contra sus compatriotas, ni el saqueo perpetrado por Pinochet contra el erario público, constituido en el más grande de la historia de Chile, han logrado que la derecha se desentienda sin ambigüedades de diecisiete años de ilegalidad, violaciones a los derechos humanos y corrupción a niveles insólitos, como el regalo de empresas públicas a familiares y de una fundación con cuantiosos inmuebles fiscales a la esposa del dictador, Lucía Hiriart.

Renovación Nacional no puede, no sabe, no quiere -o todas las anteriores- renegar de su fundador Sergio Onofre Jarpa, así como tampoco del Tronco Torrealba, cuyo eventual desfalco a recursos públicos de Vitacura en extensión temporal, descaro y montos superaría muy largamente a lo investigado en relación a la Fundación Democracia Viva en Antofagasta. Pero, en ese caso, no se ha dudado en pedir insistentemente la renuncia al Gobierno del fundador del partido, se deduce por el hecho de serlo, ya que en meses no se ha presentado un solo argumento sólido que vincule al defenestrado Giorgio Jackson con la comisión de delitos o la infracción a la Constitución.

La reacción del presidente de Renovación Nacional y la defensa que hacen las tres directivas de los partidos de Chile Vamos, con la firma de cada uno de sus integrantes, de Sergio Onofre Jarpa, es más que la defensa de un individuo. Es una demostración política de la incapacidad de hacer una revisión autocrítica de su rol en la Unidad Popular, donde el dirigente coqueteó permanentemente con la intervención militar y posteriormente durante la dictadura. Fue su representante en Naciones Unidas, donde negó los horrores que el mundo ya conocía que sucedían en Chile, y luego ministro del Interior entre el 10 de agosto de 1983 y el 12 de febrero de 1985, periodo donde se asesinó a decenas de personas, entre ellas el sacerdote católico André Jarlán y a 29 manifestantes en las protestas de 1984. Recordemos además que la CNI dependía del Ministerio del Interior, por lo que los actos cometidos por el órgano represivo del régimen fueron de su responsabilidad política. Jarpa murió sin haber hecho expresión alguna de arrepentimiento ni perdón, bajo una orden de captura internacional por los crímenes de los que se le considera eventual responsable.

Así como hace falta que el Ejército reivindique más a sus dos comandantes en jefe asesinados, René Schneider y Carlos Prats, también sería necesario que la derecha buscara otros referentes de su pasado que no estuvieran vinculados de manera tan irrefutable con la dictadura. La declaración de los partidos de Chile Vamos es negacionista por omisión, puesto que al hacer la semblanza de Jarpa no menciona ni en una línea las verdades históricas -no opiniones- reproducidas en esta columna.