Comisión de Sistema Político aprueba enmienda que permitiría a acusados constitucionalmente optar a cargos de elección popular
En tanto, con posiciones cruzadas miembros de la comisión de Función Jurisdiccional visaron una indicación que crea una unidad especializada para víctimas de delitos investigados por la Fiscalía Supraterritorial, es decir, vinculados al terrorismo.
Lunes 4 de septiembre 2023 17:18 hrs.
En el marco de la votación del Capítulo IV sobre Congreso Nacional, por 7 votos a favor, 4 en contra y una abstención, miembros de la comisión de Sistema Político aprobaron una enmienda que permitiría a autoridades acusadas constitucionalmente a optar a cargos de elección popular, contraviniendo, incluso, lo planteado en la actual constitución.
Se trata de una modificación al numeral 4 del artículo 60, suscrita por los consejeros Jorge de la Maza (Rep), Edmundo Eluchans (UDI), María Claudia Jorquera (UDI), Beatriz Hevia (Rep), Gloria Hutt (Evópoli), Ricardo Ortega (Rep), Carlos Solar (Rep) y Patricia Spoerer (Rep). Esta señala que “por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, salvo aquellas que sean de elección popular, por el término de cinco años”.
El consejero mapuche y delegado de la bancada de Revolución Democrática e independientes, Julio Ñanco, cuestionó la aprobación de la medida, puesto que “altera la esencia del anteproyecto, en términos de las consecuencias cuando un ministro es destituido”.
“Lo que ocurriría en este caso, con la enmienda ya aprobada por la derecha, es que una persona que es destituida por parte de una sanción constitucional podría presentarse a un cargo de elección popular. Esto quiere decir que una persona que reciba esa sanción podría ingresar al mismo órgano que le aplicó esa sanción”, explicó.
Mientras la consejera republicana y presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, defendió que “nos parece que hay que dejar la puerta abierta a que Chile pueda cumplir con sus obligaciones internacionales y que por una sanción política se impida a las personas acceder a cargos de elección popular, que es la sanción que existe actualmente”.
“Entonces, creemos que tiene que ser algo que se habilite en la constitución para una discusión posterior, en que podamos cumplir con la Declaración Americana de Derechos Humanos y no en virtud de una sanción política y no criminal que estemos inhabilitando ciudadanos de ser candidatos”, mencionó.
“Las víctimas VIP”
Mientras en la comisión de Función Jurisdiccional también se suscitaron cuestionamientos a propósito de una enmienda de unida de propósito, que plantea un nuevo capítulo titulado “Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas”, la que fue aprobada por 8 votos a favor y cuatro abstenciones por parte del oficialismo.
Previo a la votación, si bien este último sector se mostró a favor de la medida, solicitó la votación separada de los dos artículos contenidos en la indicación, toda vez que en una de las disposiciones menciona que “la Defensoría contará con una unidad especializada a cargo de la defensa de las víctimas de delitos que sean investigados por la Fiscalía Supraterritorial”, es decir, de aquellas víctimas vinculadas a delitos de terrorismo. Sin embargo, esta petición fue declinada por el consejero republicano y presidente de la instancia, Antonio Barchiesi.
La consejera de Convergencia Social, María Pardo, dijo que “nos parece preocupante este inciso en particular, porque lo que hace es priorizar a algunas víctimas respecto de las demás. Nos hemos referido a este inciso como aquel que se refiere a las víctimas VIP, por qué decimos esto, porque nos parece que todas las víctimas son importantes, todas requieren atención especial, no solamente algunas”.
“Nos parece que la Defensoría de las Víctimas es una buena iniciativa, estábamos con toda la disposición de votarla a favor, porque contribuimos en la redacción y contribuimos con nuestra propuesta a que la redacción mejorara. Por lo mismo, lamentamos la falta de nobleza que tuvo la derecha y en particular republicanos para conceder este punto de permitirnos la votación separada”, acusó.
Por su parte, el consejero Barchiesi valoró la aprobación de esta norma, indicando que “millones de chilenos año a año son víctimas de la delincuencia, del narcotráfico y del terrorismo y hasta ahora quedaban abandonadas a su suerte y desprovistas de toda protección o resguardo. Llegó la hora de cambiar y este es el primer gran paso”.
En el marco de la votación del Capítulo IV sobre Congreso Nacional, por 7 votos a favor, 4 en contra y una abstención, miembros de la comisión de Sistema Político aprobaron una enmienda que permitiría a autoridades acusadas constitucionalmente a optar a cargos de elección popular, contraviniendo, incluso, lo planteado en la actual constitución.
Se trata de una modificación al numeral 4 del artículo 60, suscrita por los consejeros Jorge de la Maza (Rep), Edmundo Eluchans (UDI), María Claudia Jorquera (UDI), Beatriz Hevia (Rep), Gloria Hutt (Evópoli), Ricardo Ortega (Rep), Carlos Solar (Rep) y Patricia Spoerer (Rep). Esta señala que “por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, salvo aquellas que sean de elección popular, por el término de cinco años”.
El consejero mapuche y delegado de la bancada de Revolución Democrática e independientes, Julio Ñanco, cuestionó la aprobación de la medida, puesto que “altera la esencia del anteproyecto, en términos de las consecuencias cuando un ministro es destituido”.
“Lo que ocurriría en este caso, con la enmienda ya aprobada por la derecha, es que una persona que es destituida por parte de una sanción constitucional podría presentarse a un cargo de elección popular. Esto quiere decir que una persona que reciba esa sanción podría ingresar al mismo órgano que le aplicó esa sanción”, explicó.
Mientras la consejera republicana y presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, defendió que “nos parece que hay que dejar la puerta abierta a que Chile pueda cumplir con sus obligaciones internacionales y que por una sanción política se impida a las personas acceder a cargos de elección popular, que es la sanción que existe actualmente”.
“Entonces, creemos que tiene que ser algo que se habilite en la constitución para una discusión posterior, en que podamos cumplir con la Declaración Americana de Derechos Humanos y no en virtud de una sanción política y no criminal que estemos inhabilitando ciudadanos de ser candidatos”, mencionó.
“Las víctimas VIP”
Mientras en la comisión de Función Jurisdiccional también se suscitaron cuestionamientos a propósito de una enmienda de unida de propósito, que plantea un nuevo capítulo titulado “Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas”, la que fue aprobada por 8 votos a favor y cuatro abstenciones por parte del oficialismo.
Previo a la votación, si bien este último sector se mostró a favor de la medida, solicitó la votación separada de los dos artículos contenidos en la indicación, toda vez que en una de las disposiciones menciona que “la Defensoría contará con una unidad especializada a cargo de la defensa de las víctimas de delitos que sean investigados por la Fiscalía Supraterritorial”, es decir, de aquellas víctimas vinculadas a delitos de terrorismo. Sin embargo, esta petición fue declinada por el consejero republicano y presidente de la instancia, Antonio Barchiesi.
La consejera de Convergencia Social, María Pardo, dijo que “nos parece preocupante este inciso en particular, porque lo que hace es priorizar a algunas víctimas respecto de las demás. Nos hemos referido a este inciso como aquel que se refiere a las víctimas VIP, por qué decimos esto, porque nos parece que todas las víctimas son importantes, todas requieren atención especial, no solamente algunas”.
“Nos parece que la Defensoría de las Víctimas es una buena iniciativa, estábamos con toda la disposición de votarla a favor, porque contribuimos en la redacción y contribuimos con nuestra propuesta a que la redacción mejorara. Por lo mismo, lamentamos la falta de nobleza que tuvo la derecha y en particular republicanos para conceder este punto de permitirnos la votación separada”, acusó.
Por su parte, el consejero Barchiesi valoró la aprobación de esta norma, indicando que “millones de chilenos año a año son víctimas de la delincuencia, del narcotráfico y del terrorismo y hasta ahora quedaban abandonadas a su suerte y desprovistas de toda protección o resguardo. Llegó la hora de cambiar y este es el primer gran paso”.
En el marco de la votación del Capítulo IV sobre Congreso Nacional, por 7 votos a favor, 4 en contra y una abstención, miembros de la comisión de Sistema Político aprobaron una enmienda que permitiría a autoridades acusadas constitucionalmente a optar a cargos de elección popular, contraviniendo, incluso, lo planteado en la actual constitución.
Se trata de una modificación al numeral 4 del artículo 60, suscrita por los consejeros Jorge de la Maza (Rep), Edmundo Eluchans (UDI), María Claudia Jorquera (UDI), Beatriz Hevia (Rep), Gloria Hutt (Evópoli), Ricardo Ortega (Rep), Carlos Solar (Rep) y Patricia Spoerer (Rep). Esta señala que “por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, salvo aquellas que sean de elección popular, por el término de cinco años”.
El consejero mapuche y delegado de la bancada de Revolución Democrática e independientes, Julio Ñanco, cuestionó la aprobación de la medida, puesto que “altera la esencia del anteproyecto, en términos de las consecuencias cuando un ministro es destituido”.
“Lo que ocurriría en este caso, con la enmienda ya aprobada por la derecha, es que una persona que es destituida por parte de una sanción constitucional podría presentarse a un cargo de elección popular. Esto quiere decir que una persona que reciba esa sanción podría ingresar al mismo órgano que le aplicó esa sanción”, explicó.
Mientras la consejera republicana y presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, defendió que “nos parece que hay que dejar la puerta abierta a que Chile pueda cumplir con sus obligaciones internacionales y que por una sanción política se impida a las personas acceder a cargos de elección popular, que es la sanción que existe actualmente”.
“Entonces, creemos que tiene que ser algo que se habilite en la constitución para una discusión posterior, en que podamos cumplir con la Declaración Americana de Derechos Humanos y no en virtud de una sanción política y no criminal que estemos inhabilitando ciudadanos de ser candidatos”, mencionó.
“Las víctimas VIP”
Mientras en la comisión de Función Jurisdiccional también se suscitaron cuestionamientos a propósito de una enmienda de unida de propósito, que plantea un nuevo capítulo titulado “Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas”, la que fue aprobada por 8 votos a favor y cuatro abstenciones por parte del oficialismo.
Previo a la votación, si bien este último sector se mostró a favor de la medida, solicitó la votación separada de los dos artículos contenidos en la indicación, toda vez que en una de las disposiciones menciona que “la Defensoría contará con una unidad especializada a cargo de la defensa de las víctimas de delitos que sean investigados por la Fiscalía Supraterritorial”, es decir, de aquellas víctimas vinculadas a delitos de terrorismo. Sin embargo, esta petición fue declinada por el consejero republicano y presidente de la instancia, Antonio Barchiesi.
La consejera de Convergencia Social, María Pardo, dijo que “nos parece preocupante este inciso en particular, porque lo que hace es priorizar a algunas víctimas respecto de las demás. Nos hemos referido a este inciso como aquel que se refiere a las víctimas VIP, por qué decimos esto, porque nos parece que todas las víctimas son importantes, todas requieren atención especial, no solamente algunas”.
“Nos parece que la Defensoría de las Víctimas es una buena iniciativa, estábamos con toda la disposición de votarla a favor, porque contribuimos en la redacción y contribuimos con nuestra propuesta a que la redacción mejorara. Por lo mismo, lamentamos la falta de nobleza que tuvo la derecha y en particular republicanos para conceder este punto de permitirnos la votación separada”, acusó.
Por su parte, el consejero Barchiesi valoró la aprobación de esta norma, indicando que “millones de chilenos año a año son víctimas de la delincuencia, del narcotráfico y del terrorismo y hasta ahora quedaban abandonadas a su suerte y desprovistas de toda protección o resguardo. Llegó la hora de cambiar y este es el primer gran paso”.
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