La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado a las autoridades de Perú que se abstengan de ejecutar por ahora la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la excarcelación “inmediata” del expresidente Alberto Fujimori hasta examinar en detalle dicho fallo, con el objetivo de estudiar básicamente si cumple con los criterios establecidos en 2022.
Fujimori se encuentra recluido en el centro penitenciario de Barbadillo, donde cumple una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad. El expresidente peruano alude a sus 85 años de edad y delicado estado de salud para argumentar que debe purgar el resto de su pena fuera de la cárcel.
Sin embargo, la Corte Interamericana ha pedido que no sea excarcelado a la espera de ver si la última orden encaja con todos los criterios y resoluciones previas, con el objetivo básico de “garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta“, masacres ambas por cuya responsabilidad tuvo que rendir cuentas Fujimori.
Considera que debe evitarse a toda costa que se produzca “un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia” de las citadas víctimas, que sufrieron “crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal”, según el dictamen recogido por la emisora RPP.
El caso de Fujimori se remonta a diciembre de 2017, cuando el entonces presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le concedió un indulto humanitario que, sin embargo, fue revocado por la Justicia apenas unos meses más tarde, en verano de 2018. Se abrió entonces un pulso judicial cuyo cierre parece ahora definitivo.
Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.
