En el ámbito de la educación, el triunfo de la nueva propuesta pondría a nivel constitucional el vocuher, como forma de financiamiento (garantizando el financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados, art 23.c), la “igualdad de trato” (el Estado asignará recursos a instituciones estatales y privadas, sin discriminación alguna art 23.f), y la total autonomía a los sostenedores (en ningún caso dicha asignación podrá condicionar la libertad de enseñanza, art 23.f). Estos, entre otros cambios, consumarían el control que ya tienen los privados sobre el sistema de educación pública. La nueva propuesta tampoco nada dice sobre el propósito de la educación pública, más allá del necesario desarrollo libre de las personas, que instaló, como “único norte” para la educación, la Constitución del 80, hace más de 43 años.[i] Se cierra el proceso. Nada que reclamar. Así es la democracia.
Es impresionante este retroceso, después de todo el debate público que se dio desde que las/os estudiantes secundarias/os salieron a la calle el 2006. Tras el largo silencio de los 80 y 90, se naturalizó que la educación era solo una herramienta para la inclusión, o competencia individual, es decir, servir al desarrollo de la persona primordialmente, sin otro sentido. La Revolución Pingüina vino a remecer la conciencia colectiva al respecto.
Desde el 2006, abundaron conversatorios, seminarios y hasta congresos, sobre como la educación pública debía ser también una herramienta para la construcción de la sociedad en que queremos vivir. Aumentaron los programas de radio y TV, columnas en diarios y medios de internet que informaban sobre los sentidos que debía tener la educación para todas y todos. A partir del 2011 (cuando mucha más personas salieron a las calles), proliferaron propuestas sobre “la educación que queremos”, de profesores, estudiantes, familias, y de distintas organizaciones, corporaciones, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, incluso las, hoy famosas , “fundaciones” tuvieron que salir al debate. Durante la revuelta popular del 2019/2020 todas estas propuestas nutrieron la intensa discusión que se dió en organizaciones sociales, asambleas territoriales, cabildos, escuelas, incluso al interior de las familias, todo esto en el “peak” de la movilización social. Es decir, durante 14 años, una importante parte de la sociedad chilena, remecida por la movilización social, se planteaba que la educación pública debía no solo ser democrática e inclusiva, también no sexista, inter/endocultural, orientada a cuidar el medio ambiente, entre otros propósitos colectivos, que, desde un nuevo sentido común, ponían en cuestión la naturaleza neoliberal del sistema educativo. Incluso, en algunos espacios, lo público se resignificó también como comunitario, y hoy comenzaba a emerger como un sentido, situado histórica y culturalmente, para la educación pública en Chile. La pandemia y, las formas y plazos de la democracia neoliberal, detuvieron este proceso.
La deliberación popular, si es democrática, no es un proceso corto, ni ordenado, ni homogéneo, como lo ha querido imponer la llamada salida institucional. La deliberación popular funciona en formas diversas y, además debe ser permanente, porque debe incluir progresivamente, a cada vez más grupos sociales. Esto lo impulsa la movilización, uno de los pocos medios que permiten remecer la conciencia social de la modorra política que provoca tanta democracia delegativa.
La próxima elección, muestra el absurdo al que nos lleva la democracia neoliberal. Habría que ir a votar para seguir con la constitución más neoliberal de la región, porque podría haber una peor, y no hay más discusión. Ante este absurdo, quizás lo único que hoy tenga sentido sería retomar el “otro proceso”, el que esta elección, más allá del resultado, quiere cerrar.
[i] Otras constituciones, recientemente promulgadas en la región sí dicen algo sobre los propósitos colectivos que puede tener la educación. Por ejemplo, la Constitución de Bolivia (2009), habla de la formación de “una conciencia social crítica en la vida y para la vida”, o de la “promoción del entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del Estado”, entre otros aspectos. La ecuatoriana (2008), destaca el “respeto a los derechos humanos”, “el medio ambiente” y la “democracia”, y agrega que “la educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos”.
Juan González López- Centro Alerta/OPECH-Foro por el Derecho a la Educación Pública
