Los diputados de Renovación Nacional e integrantes de la Comisión de Seguridad Andrés Longton, José Miguel Castro y Diego Schalper enviaron un oficio a la Contraloría General de la República por supuestas irregularidades en compra de carne y vegetales para el penal Colina II.

Bienes muebles por más de $100 millones “desaparecieron” desde Colina II, según se conoció el jueves recién pasado. Entre las especies birladas del centro penal, se encuentran cámaras de registro audiovisual, calefón, una lavadora y herramientas de trabajo. Situación que debe esclarecerse y ante la cual los parlamentarios de oposición oficiaron al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.

Los parlamentarios le solicitaron al secretario de Estado “sustanciar los procedimientos administrativos y actuaciones procedentes para esclarecer y sancionar la sustracción de bienes muebles desde el establecimiento penitenciario Colina II”. Además, le pidieron que tome los resguardos para “prevenir la reiteración de estos sucesos” y que informe “por escrito a los diputados suscritos el detalle, el resultado de los procedimientos y actuaciones requeridas”.

La autoridad carcelaria ya está llevando adelante las primeras indagatorias administrativas, y “se constató que al menos tres funcionarios de Gendarmería incumplieron totalmente las labores para facilitar así la sustracción o el extravío de los bienes”, según se explica en el oficio a Cordero.

En el documento enviado a Contraloría se explica que el remitente es el titular de Justicia, porque según la “Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, contemplada en el Decreto Ley N°2.859 de septiembre de 1979, señala que dicha institución es un servicio público dependiente del Ministerio de Justicia”. Agregando que la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y DD.HH., “señala que es el Subsecretario de Justicia el encargado de coordinar las acciones de los órganos y servicios del sector, entre los que se cuenta Gendarmería”.

“Le pedimos al ministro de Justicia y la Contralora General de la República que se metan rápidamente dentro de las cárceles. El germen de la corrupción está atacando algunos recintos penitenciarios a través de, al parecer, algunos funcionarios de gendarmería”, declaró el diputado Andrés Longton.

En la misma línea, el diputado José Miguel Castro, manifestó que “el robo y la corrupción son detestables, vengan de donde vengan, si son partidos políticos, el gobierno o instituciones”.

“Es por eso que hemos pedido investigar y hemos oficiado al Ministerio de Justicia y a la Contraloría para saber qué es lo que pasó en la cárcel donde más de 106 millones fueron robados en especies (…). Es imprescindible lo que estamos viviendo y por lo tanto vamos a investigar”, afirmó.

Asimismo, el parlamentario Diego Schalper destacó que desde la colectividad consideran “especialmente importante saber cómo están operando las licitaciones en los distintos recintos penitenciarios, en particular lo que ha acontecido en Colina II”.

“Vamos a ejercer todas las herramientas que la ley nos franquea para revisar cómo se están llevando estas licitaciones adelante. El compromiso es que siempre haya fiscalización del buen uso de los recursos, independiente cuál sea la repartición pública donde esto se genere”, manifestó.

Oficio a Contraloría por carnes y vegetales

Los diputados Longton, Castro y Schalper, también oficiaron a la Contraloría General de la República. Pero en este caso por supuestas irregularidades en la adquisición de alimentos (carnes y vegetales) para el mismo penal de Colina II.

En el escrito, los parlamentarios detallaron que al momento de las compras de los alimentos para el abastecimiento del centro penitenciario, hubo oferentes que fueron excluidos “a la hora de efectuarse las adquisiciones pese a ofrecer precios más favorables para el Estado, beneficiándose así a oferentes que cobran y perciben un precio mayor respecto de los mismos bienes”.

Esta situación se habría conocido por la denuncia de uno de los oferentes “aparentemente excluidos (…) y señalaría que a esto subyacen actos de corrupción al interior de la propia institución de Gendarmería que explicarían cómo es que cercanos o personas vinculadas con los funcionarios que gestionan e instruyen las compras terminan por adjudicarse las ventas”.

Lo cierto es que los parlamentarios, tras conocer de la supuesta irregularidad, pidieron a la Contralora (s) Dorothy Pérez, “dirigirse y requerir del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como de Gendarmería de Chile la información y antecedentes que fueren necesarios” para esclarecer la denuncia.