El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, rectificó sus dichos respecto a la posibilidad de acudir a tribunales internacionales por la revocación de pensiones de gracia a víctimas del estallido social.

De acuerdo a un informe de Contraloría, cuyos resultados se conocieron hoy jueves, de las 419 personas que vieron vulnerados sus derechos durante la movilización social, 58 cuentan con antecedentes penales. Por lo que distintos sectores políticos, especialmente de la oposición, presionan al Gobierno para dejar sin efecto el beneficio.

Con todo, la diputada comunista, María Candelaria Acevedo, advirtió que, de avanzar esta medida, la llevará al Tribunal Constitucional e, incluso, a tribunales internacionales. Intención que fue respaldada por el líder de la colectividad en una entrevista al diario El Mercurio.

Precisamente, es en este contexto que Carmona se retractó de sus dichos, afirmando que el PC no acudirá a tribunales internacionales y que ve poco probable que sea necesario llegar a esa instancia.

“Que quede claro, nosotros consideramos que ese espacio no va a existir. Ustedes entenderán que a eso tribunales se llega una vez que se agotan todos los espacios a nivel país y tenemos la plena convicción que estos temas van a descomprimirse, pero con ejes correctos, mucho antes, a iniciativa del propio Gobierno del cual somos parte”.

“No es un tema que esté planteado en nuestra cabeza ni en nuestras prioridades ni en nuestras diligencias”, insistió.

La posición del Partido Comunista frente a la discusión sobre las pensiones de gracia ha sido ampliamente comentada dentro del propio oficialismo. Previo a la aclaración del presidente del PC, el diputado socialista, Rául Leiva, marcó sus diferencias con la colectividad y aseguró que no hay méritos para llevar al Estado a un tribunal internacional.

“Yo entiendo que es absolutamente improcedente. Las facultades que tiene la administración están en el derecho interno. La Ley 19.880 sobre procedimientos administrativos establece en el artículo 53 la facultad de revocar o invalidar esas pensiones de gracia, en tanto las condiciones de su otorgamiento hayan variado. Entonces, el ejercicio de una facultad en materia de derecho público no puede estar sesgado”, explicó.

Por su parte, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, abordó la fricciones que genera esta materia en la coalición oficialista y estimó que, para ir solucionando estas diferencias, es necesario que el Gobierno tenga una conversación franca con los partidos del sector.

“El Gobierno tiene que hacer un sinceramiento con sus aliados y plantear con mucha claridad que lo que les corresponde ahora es gobernar. No les corresponde administrar el malestar, no les corresponde ser oposición, les corresponde gobernar. Por lo tanto, creo que el Presidente tiene que ser muy claro en relación a que los partidos deben propender a una acción colectiva y no actuar pensando en sus agendas electorales particulares”, expresó.

En esa línea, Moreno sostuvo que el Partido Comunista se está adelantando a las elecciones municipales de octubre. “Estamos próximos a contiendas electorales y, por lo tanto, los partidos lo que buscan es afirmar su identidad para fortalecer sus posiciones en las negociaciones y en el rendimiento electoral que puedan tener con sus públicos objetivos”.

“De alguna manera, el PC le habla a su base electoral, busca reafirmar sus posiciones, pero el riesgo, cuando tu mezclas políticas públicas con cuestiones electorales, son justamente estas tensiones que dificultan la acción del Gobierno”, concluyó.