El diputado Patricio Pinilla afirmó que existía un borrador avanzado de la acusación constitucional, pero la Democracia Cristiana decidió restarse de la acción, pese a la ausencia de la extitular de Seguridad en la CEI que revisa su caso.
El biministro Alvarado planteó que el Ejecutivo podría promulgar la reforma antes de la resolución del TC si los tiempos son prolongados. El oficialismo defendió los vetos, mientras la oposición acusó perjuicios para las pymes.
El paquete de medidas contempla más de 30 proyectos de ley, entre los que se incluye una reforma constitucional. Desde el progresismo cuestionaron que el Ejecutivo mezcle el combate al crimen organizado con medidas para enfrentar el vandalismo.
El jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, advirtió que la iniciativa puede cambiar con la eventual constitución de una comisión mixta o con los vetos que pueda ingresar el Gobierno. Los requerimientos serán ingresados cuando exista un texto definitivo.
La votación se dio en medio de los cuestionamientos a una posible designación de Steinert en la embajada en Perú. El diputado PS, Raúl Leiva, señaló que lo correcto sería que el Gobierno espere un pronunciamiento definitivo de la Contraloría.
El parlamentario socialista advirtió que las bancadas opositoras analizan la vía política y constitucional tras el categórico dictamen de la Contraloría General de la República que acreditó un exceso de atribuciones de la exministra.
El diputado PS, Raúl Leiva, señaló que evaluaran todas las acciones “del punto de vista penal, administrativo y constitucional”. En tanto, el Gobierno afirmó que valoran la labor del organismo fiscalizador y también la realizada por la exministra.
El jefe de bancada socialista cuestionó la falta de una hoja de ruta clara en seguridad, criticó los recortes en áreas sensibles y emplazó al Mandatario a abrir espacios reales de diálogo tras rendir cuentas a la ciudadanía este 1 de junio.
El ministro aseguró que la propuesta será presentada en el Senado e incluirá más de 20 proyectos con urgencia, refuerzo policial y medidas para fortalecer el Plan Cuadrante.
La acción fue presentada por diputados del Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido de la Gente. El integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, sostuvo que es una oportunidad para que el Gobierno transparente información.
El Mandatario adelantó las medidas en la ceremonia de aniversario de la institución, pero dejó afuera una esperada iniciativa: un proyecto de ley que permitiría que aquellos delitos cometidos por policías sean juzgados por la justicia militar.
Parlamentarios advirtieron que el incremento en las bencinas repercutirá directamente en el bolsillo de las familias. Y acusaron al Ejecutivo de generar un “clima de incertidumbre” con una decisión que calificaron de “realmente perversa”.
La oposición acusa falta de fundamentos, cuestionan el procedimiento y exigen aclarar el alcance del oficio reservado vinculado al caso “Clan Chen”. “No sé si dimensionan el tremendo daño que están provocando en la PDI”, dijo el senador Flores (DC).
Mientras que en la oposición cuestionaron al ejecutivo por meditar el envío de auxilio sin condiciones al régimen cubano y exhortaron a aclarar en que consistirá la ayuda.
La futura vocera de Gobierno aseguró que no hubo improvisación en la designación de la exfiscal y que “era una conversación que ya llevaba un buen tiempo”. Con ello, volvió el debate sobre la independencia del Ministerio Público.
El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, acusó al Mandatario de inmiscuirse en una decisión del Poder Judicial. En contraste, el parlamentario del Partido Socialista, Raúl Leiva, aseguró que se actuó de acuerdo a la ley.
El diputado socialista enfatizó en que se deben generar cambios en la manera en que se regula el lobby y en el proceso de nombramiento de los jueces. Además, sugirió la creación de normas de buenas prácticas para los servicios públicos.
