Luego que se diera a conocer el polémico informe de Contraloría, que reveló que 19 personas que optaron a pensiones de gracia no presentaron informes médicos o entregaron documentos pocos claros para acreditar su calidad de víctimas, diputados de la UDI pidieron la destitución de un grupo de consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

En ese contexto, el consejero del organismo, Cristián Pertuzé, aseguró, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, que “en todos los casos que evaluamos hubo informes médicos”.

El ingeniero comercial recordó que el involucramiento del INDH en el proceso de acreditación de víctimas, para la posterior entrega de pensiones de gracia, comenzó con una glosa de la Ley de Presupuesto 2021.

“Eso nosotros lo discutimos bastante, dentro del Consejo, de si realmente teníamos las competencias para hacer estas acreditaciones y nuestra conclusión era que no las teníamos. No obstante, dado que estábamos mandatos por ley, teníamos que hacer las gestiones que nos pedían dentro de nuestras posibilidades”, afirmó.

Pertuzé explicó que, posteriormente, se dio curso a un proceso de recopilación de antecedentes, que luego eran visados por el Consejo del INDH en consideración a dos criterios: La posibilidad de que las personas hayan sido víctimas de violaciones a los derechos humanos y un menoscabo laboral permanente.

“Evaluábamos la plausibilidad de que cumplieran con los criterios que nos solicitaban para ser ingresados después al Ministerio del Interior y ahí terminaba nuestro rol, el Ministerio tenía sus procedimientos internos para la entrega de las pensiones de gracia. De hecho, las pensiones de gracia que se entregaron no fueron en función de la glosa que nos daba un mandato a nosotros, sino que fueron por otra glosa que definía la entrega de pensiones de gracia a personas afectadas por el estallido social”, detalló.

Asimismo, reafirmó que “nosotros nos involucramos porque había una glosa que establecía que nos involucráramos, pero por qué el Ministerio del Interior entregó por otra glosa, que era general, que hablaba de personas afectadas sin el rol del Instituto, esa ya es una pregunta que hay que hacerle al Ministerio del Interior”.

Consultado sobre las posibles fallas del proceso, en vista de los datos del informe de Contraloría, Pertuzé indicó que “en todos los casos que evaluamos hubo informes médicos”, pero que al mismo tiempo aún queda por “establecer, efectivamente, si los antecedentes eran suficientes, no eran suficientes o tenían alguna falla”.

“Eso yo creo que es justamente lo que hay que determinar a través de la investigación sumaria que solicitó la Contraloría General de la República”, añadió.

En esa línea, el consejero del INDH señaló que después de los sumarios, al organismo le puede corresponder un “mea culpa”. Sin embargo, también insistió en que “se entregó una competencia que el Instituto no tiene por ley”.

“Nunca el Instituto ha sido una institución creada para la acreditación de violaciones a los derechos humanos. No somos una comisión como lo fue la Comisión Rettig o las Comisión Valech, que tenían competencias, recursos y todos los informes. Por eso, nosotros siempre hablamos de convicciones o plausibilidad en función de los antecedentes que teníamos. Nunca acreditamos fehacientemente ni la violación a los derechos humanos ni el menoscabo laboral permanente”, sostuvo.

En cuanto a la posibilidad de que se constituya una comisión de verdad para los casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social, Pertuzé estimó que es mejor dejar la acreditación de las vulneraciones en manos del Poder Judicial.

“En un Estado democrático de derecho como estamos viviendo hoy día, que es diferente a lo que ocurrió durante la dictadura, son los tribunales de justicia los que pueden acreditar estos casos”, concluyó.