El presidente Gabriel Boric recurrentemente señala que hay que respetar el Estado de Derecho, por ejemplo, en el caso del Memorándum de Entendimiento Codelco-SQM, ha sido defensor del carácter de esta negociación porque el Estado chileno respeta los contratos, incluso cuando la contraparte permanentemente hace maniobras para defraudar al Estado. Resulta admirable este apego al Estado de Derecho que profesa el presidente. En esta línea y a propósito de la contingencia de las últimas semanas, la pregunta que surge es si la Ley del Lobby es o no parte del Estado de Derecho para este gobierno, pues en los hechos pareciera que no lo es.

La ley que regula el lobby es el resultado de un proceso de tramitación legislativa que demoró más de 10 años, trámite no exento de presiones y obstáculos de quienes querían seguir descaradamente capturando en la oscuridad la voluntad de las autoridades y administración del Estado para decidir sobre asuntos públicos que afectan el bien común. Legislar sobre esta materia se desarrolló en tres momentos: se inició con un proyecto que se tramitó entre el 2003 y 2007, que fue aprobado y luego desestimado mediante un veto presidencial; un segundo proyecto que se tramitó entre el 2008 y 2009, pero que no contó con la voluntad política necesaria, quedando olvidado por el mismo gobierno de Bachelet; y un tercer momento, con una indicación sustitutiva al proyecto de 2008,  impulsado por el gobierno de Piñera en 2012, el que finalmente fue promulgado en 2014.

La Ley 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, cuando define lobby señala que es “aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones” que deban tomar los sujetos pasivos. Esos intereses particulares resultan evidentes y fáciles de desprender de las “comidas” en casa de Zalaquett.

Acá es importante tener a la vista otros elementos de la ley, pues no se trata de una normativa que regule acuciosamente el lobby, sino la transparencia y publicidad con la que deben registrar algunas reuniones ciertos funcionarios del Estado. En este sentido, no se establecen incompatibilidades o inhabilidades para aquellas personas que se dedican al lobby, es decir, que lo hacen de manera remunerada, dejando abierta, además, la posibilidad a la puerta giratoria; tampoco existe norma para conocer de sus honorarios, objetivos, clientes o intereses para los cuales trabajan, todo depende de su voluntad. A esto se suma que la ley trata de la misma manera a organizaciones o personas que buscan hacer presentes sus intereses, pero no de manera remunera, los que se denominan gestores de intereses particulares, como lo podría ser una comunidad en defensa del territorio. ¿Se hubieran sentado a comer a la mesa los ministros con la misma disposición si quienes hacen la solicitud fueran defensoras/es ambientales? Sabemos que la respuesta es no, pues nos consta que se niegan a reuniones solicitadas conforme a la ley, no iban a disponer de otros horarios para conocer de los problemas socioambientales de los territorios.

Todos los ministros y ministras involucradas cometieron una ilegalidad, las explicaciones que hemos escuchado lo que hacen es agravar la falta. El giro que da el mismo presidente resulta paradójico, pues en primera instancia defendió el accionar de sus ministros tratando de colocar estas reuniones en una gesta dialogante de su gobierno, diciendo “dialogar hasta que duela”, distrayendo la atención del meollo del asunto e intentando ocultar la ilegalidad cometida, para luego entregar la orden a sus ministras/os que deben registrar las reuniones conforme a ley. Algo parecido hizo la ministra vocera Camila Vallejo, asegurando a la prensa que no había nada ilegal, señalando incluso -respecto de la ministra de medio ambiente- que “no ha pretendido engañar a nadie”.

Maisa Rojas, ocultó, al igual que los otros ministros, la ocurrencia de estas reuniones en la casa de Zalaquett. Luego intentó dar unas explicaciones a través de la prensa, excusando su falta en la poca experiencia dado su origen académico y, finalmente, a pesar de que el caso ya estaba destapado por Ciper, siguió ocultando una de las tres reuniones/comidas en que ella había participado.

La reunión olvidada -casualmente- es donde asisten Antofagasta Minerals (Luksic), Colbún y CMPC (Matte), Blumar, Multi X y PWC, en donde el tema tratado habría sido cambio climático y pérdida de biodiversidad. ¿Era necesario una reunión de estas características para tratar ese tema justo en el tiempo que la institucionalidad ambiental está procesando fiscalizaciones y evaluando las inversiones de estas empresas? ¿Es necesario apuntar cuáles son los intereses que están detrás de estos conglomerados?

En el marco de la agenda del Pacto por el Crecimiento, el Desarrollo Social y la Sostenibilidad Fiscal, ¿qué podemos pensar como ciudadanía sobre una reunión con estas empresas en la previa de la presentación de los proyectos de ley que modifica la normativa ambiental en aspectos tan relevantes como la obtención de permisos denominado “Evaluación Ambiental 2.0” y otro en materia de permisos sectoriales llamado “Sistema Inteligente de Permisos”? Ministra, esto es tráfico de influencias.

Estos proyectos, en clave de “permisología”, buscan reformar un sistema para desregular el ya débil  sistema de permisos que tenemos, da más facilidades a las empresas y desprotegen a las comunidades y los territorios. La fórmula ya es conocida: inversión privada y productividad a costa de los mismos de siempre ¿Por qué los esfuerzos no están en mejorar el estándar de participación vinculante? ¿Dónde quedó la perspectiva de derechos humanos y crisis climática en este nuevo intento de mejorar las condiciones para el extractivismo?

Transgredir la ley de lobby, intentar una explicación desde la ingenuidad y, además, ocultar una tercera reunión con representantes muy relevantes del empresariado, hacen dudar seriamente de su idoneidad para seguir en ese cargo. La ilegalidad de las reuniones, el ocultamiento de información e intentar pasar por ingenua ante algo tan grave, se constituye en una falta de respeto a la ciudadanía, pues no solo hay un engaño, sino una subvaloración de la inteligencia de la gente y las organizaciones sociales.

Todos los ministros y ministras involucrados debieran renunciar, especialmente Maisa Rojas. A este gobierno que le preocupa el Estado de Derecho y el respeto a los contratos, como se está acostumbrando a usar como argumento, también debiera preocuparle la democracia y la confianza en las instituciones.