A cuatro días de que la Sala del Senado despachara la ley corta de isapres a la Cámara de Diputadas y Diputados, los senadores oficialistas, Juan Luis Castro (PS), Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC) y Juan Ignacio Latorre (RD), presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la mutualización de las aseguradoras privadas.
Fue el lunes pasado que la Cámara Alta visó esta indicación –repuesta por parlamentarios de la derecha- que permitiría reducir la deuda de las isapres de USD $1.180 millones a solo USD $451 millones, es decir, menos de la mitad de lo calculado por la Superintendencia de Salud. Lo que también se suma a la aprobación por 28 votos a favor de una nueva alza de los precios base de los planes.
El senador y presidente de la comisión de Salud, Juan Luis Castro, criticó las condiciones que llevaron a la aprobación de la mutualización e insistió en que esta determinación va en contra de la resolución de la Corte Suprema, que obliga a restituir los cobros excesivos.
“Más allá de que en el fondo se le ha hecho un favor al sistema privado de isapres, reduciendo la deuda, en este Tribunal Constitucional estamos alegando que una disposición absoluta y clara de que toda norma de seguridad social solo puede ser prerrogativa del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno, se introdujo por una moción parlamentaria, la cual se declaró flagrantemente admisible cuando no lo era y se facilitó una votación de quorum simple, que en definitiva permitió esta mutualización”, expresó Castro.
Además, el parlamentario si bien evitó profundizar en los efectos políticos de la ley corta de isapres, puesto que todavía falta pasar por la Cámara, no descartó la posibilidad de que esta termine en una comisión Mixta dada la falta de acuerdos que genera en el Congreso.
En cuanto a los efectos que esta presentación podría conllevar en el debate legislativo, el senador Juan Ignacio Latorre comentó que “mientras antes se resuelva en mi opinión es mejor, porque quedaría fuera esta norma del trámite, al ser declarada inconstitucional claramente es una norma que no tendría que seguir su curso”.
“Por tanto, en la Cámara de Diputados lo que yo espero es que se pueda reponer tal cual venía la ley corta que fue tramitada en la comisión de Salud que, recordemos, los propios senadores de derecha cuando presentaron la indicación de mutualización quisieron que el Ejecutivo la patrocinara. El Gobierno no la patrocinó y, en ese momento, los propios senadores de derecha en la comisión de Salud dijeron que esto era inadmisible y que era materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República”, apuntó.
Mientras, la senadora Claudia Pascual desestimó los argumentos de la oposición que defienden que con la mutualización se le estaría dando viabilidad al sistema privado de salud y evitaría un colapso de Fonasa.
En ese línea, la legisladora sostuvo que “la defensa que hacen senadores y senadoras de la derecha y de Demócratas nos parece tremendamente peligrosa, porque en definitiva lo que la gente espera es que quienes nos atendemos en Fonasa tengamos salud de calidad, digna, y que también la gente que se atiende en isapres tenga esa posibilidad, pero no en base al mal cobro o al abuso”.
“Por lo tanto, esto implica también repensar, y lo digo no solo a propósito de la ley corta, sino que también en términos de medidas ya más de mediano plazo, en una reforma al sistema de salud de conjunto en nuestro país”, señaló.
Con esta acción de los parlamentarios el futuro de la ley corta de isapres vuelve a complicarse en medio de una tramitación a contrarreloj en el Congreso, considerando que en mayo debiera implementarse el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores.
A cuatro días de que la Sala del Senado despachara la ley corta de isapres a la Cámara de Diputadas y Diputados, los senadores oficialistas, Juan Luis Castro (PS), Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC) y Juan Ignacio Latorre (RD), presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la mutualización de las aseguradoras privadas.
Fue el lunes pasado que la Cámara Alta visó esta indicación –repuesta por parlamentarios de la derecha- que permitiría reducir la deuda de las isapres de USD $1.180 millones a solo USD $451 millones, es decir, menos de la mitad de lo calculado por la Superintendencia de Salud. Lo que también se suma a la aprobación por 28 votos a favor de una nueva alza de los precios base de los planes.
El senador y presidente de la comisión de Salud, Juan Luis Castro, criticó las condiciones que llevaron a la aprobación de la mutualización e insistió en que esta determinación va en contra de la resolución de la Corte Suprema, que obliga a restituir los cobros excesivos.
“Más allá de que en el fondo se le ha hecho un favor al sistema privado de isapres, reduciendo la deuda, en este Tribunal Constitucional estamos alegando que una disposición absoluta y clara de que toda norma de seguridad social solo puede ser prerrogativa del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno, se introdujo por una moción parlamentaria, la cual se declaró flagrantemente admisible cuando no lo era y se facilitó una votación de quorum simple, que en definitiva permitió esta mutualización”, expresó Castro.
Además, el parlamentario si bien evitó profundizar en los efectos políticos de la ley corta de isapres, puesto que todavía falta pasar por la Cámara, no descartó la posibilidad de que esta termine en una comisión Mixta dada la falta de acuerdos que genera en el Congreso.
En cuanto a los efectos que esta presentación podría conllevar en el debate legislativo, el senador Juan Ignacio Latorre comentó que “mientras antes se resuelva en mi opinión es mejor, porque quedaría fuera esta norma del trámite, al ser declarada inconstitucional claramente es una norma que no tendría que seguir su curso”.
“Por tanto, en la Cámara de Diputados lo que yo espero es que se pueda reponer tal cual venía la ley corta que fue tramitada en la comisión de Salud que, recordemos, los propios senadores de derecha cuando presentaron la indicación de mutualización quisieron que el Ejecutivo la patrocinara. El Gobierno no la patrocinó y, en ese momento, los propios senadores de derecha en la comisión de Salud dijeron que esto era inadmisible y que era materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República”, apuntó.
Mientras, la senadora Claudia Pascual desestimó los argumentos de la oposición que defienden que con la mutualización se le estaría dando viabilidad al sistema privado de salud y evitaría un colapso de Fonasa.
En ese línea, la legisladora sostuvo que “la defensa que hacen senadores y senadoras de la derecha y de Demócratas nos parece tremendamente peligrosa, porque en definitiva lo que la gente espera es que quienes nos atendemos en Fonasa tengamos salud de calidad, digna, y que también la gente que se atiende en isapres tenga esa posibilidad, pero no en base al mal cobro o al abuso”.
“Por lo tanto, esto implica también repensar, y lo digo no solo a propósito de la ley corta, sino que también en términos de medidas ya más de mediano plazo, en una reforma al sistema de salud de conjunto en nuestro país”, señaló.
Con esta acción de los parlamentarios el futuro de la ley corta de isapres vuelve a complicarse en medio de una tramitación a contrarreloj en el Congreso, considerando que en mayo debiera implementarse el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores.
A cuatro días de que la Sala del Senado despachara la ley corta de isapres a la Cámara de Diputadas y Diputados, los senadores oficialistas, Juan Luis Castro (PS), Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC) y Juan Ignacio Latorre (RD), presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la mutualización de las aseguradoras privadas.
Fue el lunes pasado que la Cámara Alta visó esta indicación –repuesta por parlamentarios de la derecha- que permitiría reducir la deuda de las isapres de USD $1.180 millones a solo USD $451 millones, es decir, menos de la mitad de lo calculado por la Superintendencia de Salud. Lo que también se suma a la aprobación por 28 votos a favor de una nueva alza de los precios base de los planes.
El senador y presidente de la comisión de Salud, Juan Luis Castro, criticó las condiciones que llevaron a la aprobación de la mutualización e insistió en que esta determinación va en contra de la resolución de la Corte Suprema, que obliga a restituir los cobros excesivos.
“Más allá de que en el fondo se le ha hecho un favor al sistema privado de isapres, reduciendo la deuda, en este Tribunal Constitucional estamos alegando que una disposición absoluta y clara de que toda norma de seguridad social solo puede ser prerrogativa del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno, se introdujo por una moción parlamentaria, la cual se declaró flagrantemente admisible cuando no lo era y se facilitó una votación de quorum simple, que en definitiva permitió esta mutualización”, expresó Castro.
Además, el parlamentario si bien evitó profundizar en los efectos políticos de la ley corta de isapres, puesto que todavía falta pasar por la Cámara, no descartó la posibilidad de que esta termine en una comisión Mixta dada la falta de acuerdos que genera en el Congreso.
En cuanto a los efectos que esta presentación podría conllevar en el debate legislativo, el senador Juan Ignacio Latorre comentó que “mientras antes se resuelva en mi opinión es mejor, porque quedaría fuera esta norma del trámite, al ser declarada inconstitucional claramente es una norma que no tendría que seguir su curso”.
“Por tanto, en la Cámara de Diputados lo que yo espero es que se pueda reponer tal cual venía la ley corta que fue tramitada en la comisión de Salud que, recordemos, los propios senadores de derecha cuando presentaron la indicación de mutualización quisieron que el Ejecutivo la patrocinara. El Gobierno no la patrocinó y, en ese momento, los propios senadores de derecha en la comisión de Salud dijeron que esto era inadmisible y que era materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República”, apuntó.
Mientras, la senadora Claudia Pascual desestimó los argumentos de la oposición que defienden que con la mutualización se le estaría dando viabilidad al sistema privado de salud y evitaría un colapso de Fonasa.
En ese línea, la legisladora sostuvo que “la defensa que hacen senadores y senadoras de la derecha y de Demócratas nos parece tremendamente peligrosa, porque en definitiva lo que la gente espera es que quienes nos atendemos en Fonasa tengamos salud de calidad, digna, y que también la gente que se atiende en isapres tenga esa posibilidad, pero no en base al mal cobro o al abuso”.
“Por lo tanto, esto implica también repensar, y lo digo no solo a propósito de la ley corta, sino que también en términos de medidas ya más de mediano plazo, en una reforma al sistema de salud de conjunto en nuestro país”, señaló.
Con esta acción de los parlamentarios el futuro de la ley corta de isapres vuelve a complicarse en medio de una tramitación a contrarreloj en el Congreso, considerando que en mayo debiera implementarse el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores.
