El 3 de octubre de 2023, los ministerios de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo, ingresaron a la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de ley que “Regula la prevención de incendios forestales y rurales, y otras materias que indica” (Boletín N°16.335-14), el cual en una primera instancia quedó radicado en la Comisión de Vivienda donde fue aprobado y hacia fines de enero de 2024 paso a la Comisión de Hacienda de la citada corporación.

Aunque, tal como indica su título, este proyecto “regula la prevención de Incendios Forestales y Rurales”, parte importante del proyecto se orienta a establecer zonas de interfaz urbano rural en los planes reguladores intercomunales, comunales y seccionales con el propósito de reducir el riesgo asociado a la ocurrencia (número) de incendios forestales, sin lograr, una vez más, transitar de un estado “reactivo” a otro “preventivo”.

En efecto, si se revisan algunas de las recomendaciones de las comisiones investigadoras sobre incendios forestales (2012, 2017 y 2023), muchas conclusiones se repiten: aprobar un Servicio Nacional Forestal, contar con un presupuesto adecuado (más presupuesto), dotar a CONAF de atribuciones para establecer medidas preventivas y fiscalizadoras a distinto tipo de empresas (agroindustria, forestales, eléctricas, etc.) y a la vez que el Estado elabore, fomente y ejecute programas de prevención, son lagunas de ellas.

Pero hay cosas que llaman la atención por la demora o el rezago con que ocurren en el país, por ejemplo, desde hace más de 14 años que sabemos que es urgente contar con una institucionalidad forestal pública que reemplace a CONAF, pero esto aún no sucede. También sabemos que en Chile no existe una ley sobre prevención y combate de incendios y que esto es una materia urgente que debe ser regulada.

Es evidente que necesitamos contar con una legislación específica que ponga énfasis sobre la prevención, un tema poco trabajado en el país. Para ello se requiere claridad sobre la institución pública encargada de implementar las medidas que establezca una nueva regulación, las potestades de esta institución, así como especificar cuál será el ente fiscalizador. Adicionalmente, es necesario establecer cuál será el gasto público para la implementación de dichas acciones. En este sentido, el presupuesto que acompaña al proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales, no solo es insuficiente, sino que no existe un compromiso de gasto público para la implementación de acciones que se establecen en el texto legal.

Esto evidentemente resulta muy lamentable, pues uno de los problemas que existe en el país, no solo la falta de un ordenamiento territorial que defina una zona de interfaz urbano rural y que establezca las acciones que se deben implementar y fiscalizar. También es necesario contar con los recursos para hacerlo, pues si bien aumentar la dotación de personal de CONAF es una parte, esto es absolutamente insuficiente para la efectividad de las medidas propuestas. Adicionalmente la iniciativa legal contempla tareas que se le encargan a los municipios y sabemos que las capacidades y presupuestos de estos son muy disímiles. Tampoco es adecuado cómo lo hace el proyecto al cargarle la mano a los privados, pues si bien existen propietarios con recursos económicos para hacerlo, esta no es toda la población y en ese sentido el compromiso del Ejecutivo con la prevención o la reducción del número de incendios en zonas rurales debería manifestarse en financiamiento para su implementación en los sectores más vulnerables.

Tras los incendios ocurridos hace pocos días en la región de Valparaíso resulta urgente contar con una legislación que se enfoque en la prevención y no tan solo en reaccionar frente a la ocurrencia de los mismos. Si revisamos el presupuesto fiscal asignado a CONAF para la prevención de incendios forestales, para las dos últimas temporadas 2021-22 el gasto público para incendios fue casi 69.000 millones de pesos y solo el 5% de este estuvo asignado a prevención. En tanto, para el periodo 2022-23, el presupuesto total para incendios fue de 83.816 millones de pesos y con un incremento en el financiamiento en prevención del 6,1%. Es decir, se gastó el 95% y el 93,9% combatiendo el flagelo en las dos últimas temporadas.

A todas luces, asignar más recursos a la protección contra los incendios forestales es urgente, pero lo es más poner el acento en establecer una cultura preventiva. Primero, reorganizando la distribución presupuestaria de CONAF, donde se entienda que la prevención es el elemento clave del ciclo de riesgos de desastres, y es dicho componente el que requiere urgentes esfuerzos y recursos.

Este componente, de prevención, no solo se relaciona con campañas de difusión, trabajo educativo con las comunidades y el ejercicio de la fiscalización y posterior sanción. En el ámbito de la mitigación, se incluye la definición de las zonas de riesgo de incendio forestal, de las áreas con presencia de combustible, la información para la planificación territorial y el trabajo de coordinación con las compañías eléctricas, entre otros.  A lo cual debería sumarse la prohibición de cambio de uso de suelo en zonas con vegetación nativa afectadas por incendios, ya que a todas luces la intencionalidad de algunos incendios se relaciona con darle otros usos con enfoque productivo (inmobiliarios, plantaciones de frutales) a zonas cubiertas con vegetación nativa.

Entender la prevención así, de manera amplia, y dándole la prioridad que merece, podría haber evitado la dolorosa tragedia de este fin de semana en las provincias de Marga-Marga y Valparaíso.

Es lamentable constatar que solo cuando se acerca la temporada de incendios el Ejecutivo y los parlamentarios se acuerdan que esto debió haber sido una prioridad. Finalmente tendremos que esperar hasta marzo, fin de las vacaciones, para saber por cuánto tiempo las autoridades le asignarán urgencia a este tema. Es de esperar que este proyecto -todavía en primer trámite constitucional- que “Regula la prevención de incendios forestales y rurales, y otras materias que indica” sea aprobado cuanto antes y se incorporen en el medidas preventivas que efectivamente reduzcan el riesgo de incendios.

Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram.