Este jueves, cinco rectoras de universidades estatales, entre ellas la profesora Rosa Devés de la Universidad de Chile, han expuesto en una carta publicada por El Mercurio su preocupación por la presentación que un grupo de diputados y diputadas realizó ante el TC, con el propósito de que se declare inconstitucional la parte referida a la educación no sexista en la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Al respecto, en una entrevista publicada el pasado lunes en nuestro medio, una de las parlamentarias suscriptoras de la presentación, la diputada Ximena Ossandón, señalaba no estar en contra de la educación no sexista como tal, pero sí que aquella fuera obligatoria para los colegios porque “pasa a llevar la voluntad y el querer de muchas personas”. Señalaba, además: “a mí me gustaría que a mis hijos se les enseñara que son dos sexos: hombres y mujeres, pero bajo esa mirada (de educación no sexista) podrían determinar que eso se prohíbe porque hay más de dos sexos”.

Más allá de lo planteado por la diputada, lo que subyace de manera más general en este debate es una diferencia de paradigmas sobre cuál es el sentido más profundo de la educación, cuando ésta aterriza como política pública. Porque, aunque nos guste o no, las personas desde niños nos relacionamos con seres distintos. Y vivir en comunidad implica que aquello no sea un problema, sino una oportunidad. Como señala el propio Mineduc “cuando hablamos de Educación No Sexista nos referimos a la consciencia profunda en la práctica educativa de una formación en igualdad de género y de derechos para todas las personas, con independencia de su credo, edad, clase social, cultura, identidad de género u orientación sexual, lengua y condición”.

Tenemos una sociedad segregada y desigual, realidad que se agrava en la medida que el sistema político no lo aborda prioritariamente. Es paradójico que haya sectores que se opongan a que Chile pueda alcanzar mayores niveles de igualdad a través de políticas redistributivas, argumentado que mejor le damos esa tarea al sistema educativo, pero que cuando a éste se le quieren asignar roles que vayan en esa dirección son rechazados, bajo el argumento de que aquello afectaría las libertades de las familias o los padres. Si se cuestiona la obligatoriedad de la educación no sexista ¿podríamos concluir que hay quienes quieren que haya colegios que sí puedan ejercer educación sexista? Por sentido común, parecería evidente que sí.

La desigualad y la segregación son caldos de cultivo para la agresividad con quienes son diferentes, fenómeno que se expresa en distintos planos con cada vez mayor frecuencia. Por eso, en lo más profundo, políticas como la educación no sexista tienen por propósito ampliar los horizontes de comprensión, favorecer la empatía y que podamos tener comunidades más integradas. Es decir, un futuro donde nuestra sociedad sea mucho más acogedora con las personas.

Por todo ello, es muy importante que esta parte de la Ley Integral contra la Violencia de Género no sea cercenada. Simplemente por la constatación que Chile es diverso, aunque haya quienes se resistan a aceptarlo.