Durante el año pasado, a 50 años del Golpe Militar de 1973, las organizaciones de derechos humanos y en general de la sociedad civil debieron erguirse ante el evidente retraso, por parte del Gobierno, de lo que iban a ser las actividades oficiales de conmemoración. Entremedio se produjo la polémica luego de las declaraciones en Radio Universidad de Chile del encargado, Patricio Fernández, pero lo que estaba en el trasfondo era la percepción de que se había avanzado muy poco. A dos meses del 11 de septiembre, las organizaciones de derechos humanos no habían sido convocadas y los entonces secretarios generales de los dos partidos más perseguidos por la dictadura, Camilo Escalona del Partido Socialista y Lautaro Carmona del Partido Comunista, reconocieron en este medio que tampoco se les había convocado, por lo que habían decidido organizar actividades por su propia iniciativa.

Más allá de que luego de la renuncia de Fernández el Gobierno reaccionó y fue el propio Presidente Boric quien recibió a las organizaciones de derechos humanos, lo sucedido activó no solamente a las agrupaciones directamente vinculadas con el tema, sino a otras de distinto tipo que se autoimpusieron el firme propósito de preservar la memoria, como por ejemplo ocurrió con la conmovedora velatón feminista en la noche del 10 de septiembre, por nombrar una entre cientos de actividades. De este modo coral y ciudadano, la memoria se mantuvo a salvo de los embates del olvido.

Fue en ese contexto que, como parte de las iniciativas del Gobierno para financiar instancias que siempre han desarrollado su labor en condiciones precarias y adversas, surgió el Programa de Sitios de Memoria que, según narran las organizaciones, traía consigo la promesa de estabilización del financiamiento y por lo tanto de posibilidad de trabajo en el mediano y largo plazo. Pero había dos situaciones que no se explicitaron y que hoy por hoy están produciendo, literalmente, el cierre de los sitios de memoria. Primero, la conversión de un programa de financiamiento en un fondo concursable, lo que, como señala Marta Cisternas de José Domingo Cañas, además de hacer del presupuesto algo incierto obliga a organizaciones hermanas a competir entre ellas. Y segundo, que como consecuencia del concurso, la asignación de los fondos se ha atrasado hasta el segundo semestre, lo que en el caso del sitio de memoria de Neltume se tradujo el viernes pasado en la desvinculación de los integrantes del equipo y en el cierre de las instalaciones.

La respuesta ante la consulta de nuestro medio del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, con un discurso de valoración de los sitios de memoria y una justificación administrativa por la demora en la asignación de los fondos, no es suficiente en la medida que una situación como ésta no puede sino resolverse con voluntad política, es decir, con hechos concretos. No es un organismo sectorial, por muy valiosa que sea su labor, la que debe explicar, sino las más altas autoridades de Gobierno, pues ha sido personalmente el propio Presidente Boric quien ha hecho compromisos públicos con las políticas de memoria.