La Constitución Política vigente afirma, en su artículo 76, que “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Este señalamiento es categórico frente a las acciones que viene realizando un sector del sistema político para interferir en la investigación contra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su eventual responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios policiales durante el estallido social.

El acto de presión cometido ayer por diputados del Partido Republicano, la UDI, Demócratas, Amarillos y el PPD, quienes ingresaron un requerimiento donde solicitan a la Corte Suprema que remueva al fiscal Xavier Armendáriz, se suma a las visitas de apoyo que recibió el general luego del anuncio de su formalización y que fueron profusamente difundidas, entre ellas la de la directiva de Demócratas, con los senadores Walker y Rincón, y un grupo de diputados del socialismo democrático, entre ellos los diputados Jaime Araya del PPD y Raúl Leiva del Partido Socialista. Todas estas imprudencias, que politizan mucho más la investigación que las suposiciones que hasta el momento se han hecho sin fundamento sobre el fiscal Armendáriz, no están amparadas por la institucionalidad vigente, como lo señala equivocadamente el diputado Andrés Joannet, puesto que las facultades fiscalizadoras que él invoca no lo validan para pretender incidir en la investigación, como en los hechos ha sucedido.

Más allá de que se debe respetar la presunción de inocencia del General Yáñez, puesto que su situación nos da la ocasión de repetir que se trata de una acumulación de antecedentes que justifican una investigación por eventual comisión de delitos, más no una culpabilidad de antemano, sí se debe señalar que su actitud, tanto respecto a los hechos que se le imputan como a la institución de Carabineros, no han correspondido al deber de colaborar con la justicia que es obligatoria para todo funcionario público. Los abogados que han sido parte de los procesos judiciales han señalado una evidente falta de cooperación en las investigaciones contra violaciones a los derechos humanos eventualmente perpetradas por carabineros, así como el propio General se ha negado seis veces a presentarse a citaciones judiciales, donde se le pretendía consultar sobre hechos de su responsabilidad personal.

Por lo recién señalado, es incomprensible que autoridades de la República, como son los diputados, no se pongan de parte del esclarecimiento de los graves hechos investigados que afectaron, en algunos casos letalmente o de por vida, a cientos de chilenos. Salvo que se pretenda operar políticamente a favor de la impunidad o del negacionismo sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas a fines de 2019 y principios de 2020.