Este lunes comienza la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del acuerdo de Escazú en la sede central de la a Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), reunión que busca consolidar la democracia ambiental y reúne a 24 países de América Latina y el Caribe, entre ellos, Chile.

La instancia, que se extenderá hasta el 24 de abril y en cuya inauguración participará el Presidente de la República, Gabriel Boric, tiene como objetivo principal la aprobación del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, elaborado en un proceso participativo bajo el liderazgo del Grupo de Trabajo ad hoc coordinado por Chile, Ecuador y Saint Kitts and Nevis.

Asimismo, se presentarán informes de la Secretaría, Mesa Directiva, Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento y hojas de ruta para la implementación nacional, y se podrá conocer cualquier otro asunto que las partes decidan.

Sobre la importancia de esta reunión, en entrevista con la primera edición de Radioanálisis, la directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Pilar Moraga, explicó que “estamos en plena implementación del acuerdo de Escazú y por lo tanto ese es el principal objetivo de las partes de poder avanzar en cómo hacer efectivo y concreto estos derechos de acceso a la participación, a la información y el acceso a la justicia en materia ambiental“.

“Este es un acuerdo llamado de los derechos de acceso, estos se consagraron en la declaración de Río como primera etapa en 1992 y su propósito es poder mejorar la toma de decisiones ambientales, puesto que con el mayor involucramiento de las personas, de las comunidades, de los grupos, distintos actores de la sociedad se toman mejores decisiones, ese es el paradigma”, detalló Moraga.

Respecto de la incorporación de la figura de los defensores y defensoras ambientales en el tratado, la directora del CR2 afirmó que “ha sido una reivindicación de parte de muchas organizaciones y de la sociedad civil, puesto que en nuestro continente y en el mundo quienes se dedican a la protección del medioambiente en un rol de activismo, de defensoría, sufren muchas veces de situaciones muy extremas de hostigamiento, de persecución e incluso de muerte“.

“Y en ese contexto, el acuerdo se hace cargo de esta situación y establece esta institución de los defensores ambientales, lo que va a requerir un sistema de reconocimiento y protección”, enfatizó.

Recordemos que el  Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional de política ambiental para América Latina y el Caribe. A nivel mundial es pionero en establecer disposiciones específicas para la defensa de los defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales y en Chile se ratificó la adhesión a este tratado el 31 de mayo del 2022.