La última ejecución bajo el concepto de pena de muerte en Chile ocurrió hace casi 40 años. La condena fue derogada del Código Penal en el Siglo XXI, pero hoy vuelve a instalarse la discusión en el debate público.

Mientras analizaba la crisis de seguridad que enfrenta el país, el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se refirió a la posibilidad endurecer las sanciones para combatir la delincuencia.

“Cuando digo combatirla con el máximo rigor, creo que hay discusiones que están pendientes y que nadie quiere instalar”, aseguró en entrevista con Súbela Radio. Así, ejemplificó que “la discusión en torno a la pena de muerte” es “un tema que está pendiente”.

No obstante, este martes la autoridad regional aclaró sus declaraciones y apuntó a que el país necesita una “una reestructuración de fondo”, respecto al combate contra la delincuencia y el crimen organizado.

“Chile es suscriptor de pactos internacionales que eliminó en nuestra jurisprudencia la aplicación de la pena de muerte. Yo estoy a favor de aquello, eso es y lo preciso”, explicó a Radio Bío Bío. Además, agregó que “la discusión que tenemos que tener hoy día como país tiene que ver con lo que señalé al final”.

“Tiene que haber una reestructuración de fondo de los servicios policiales, penitenciarios y judiciales, y esto tú ya lo dijiste al principio, esto no es una discusión nueva”, sostuvo.

Rechazo transversal a la pena de muerte desde el mundo político

Las declaraciones el gobernador Mundaca provocaron una oleada de declaraciones tanto desde el oficialismo como de la oposición. Para la diputada Mercedes Bulnes (IND-FA), “más allá de que haya delitos que sean imperdonables, está claro que no puede restablecerse la pena de muerte“.

“Hay una discusión filosófica profunda, larga, de muchos dogmáticos penales y se ha considerado que la pena de muerte no tiene realmente la calidad de pena porque es el término de la vida, sino que es una forma de venganza”, declaró.

La parlamentaria sostuvo que comparte la proscripción de la pena de muerte en el país y que no cree que pueda “ser restablecida de acuerdo a los convenios y tratados internacionales”.

Por su lado, la diputada Maite Orsini (RD) consideró que “los dichos del gobernador Mundaca son sumamente irresponsables”. Asimismo, lamentó que tales declaraciones vinieran de una autoridad oficialista y llamó a tener “más cautela” con ese tipo de pronunciamientos. “La discusión sobre la restitución de la pena de muerte no es una debate que esté pendiente, es un debate que está zanjado”, subrayó.

“En el año 2002 aproximadamente, en el Gobierno del presidente Ricardo Lagos, hace más de 20 años, como Estado abolimos la pena de muerte. ¿Y por qué digo que la discusión está zanjada? Porque en el año 1991 firmamos y ratificamos el Pacto de San José de Costa Rica que señala que los Estado parte de ese pacto, como lo es el caso de Chile, no pueden volver a instaurar la pena de muerte cuando ésta ya ha sido abolida”, detalló Orsini.

Desde la otra vereda, el diputado Miguel Mellado (RN) argumentó que “políticamente no se puede dar un debate ya cerrado”. Y planteó que lo que sí se podría hacer es “avanzar en una pena efectiva, completa y sin salidas alternativas“.

“Porque la gente, la ciudadanía, cree que con la pena de muerte se van a terminar los delitos. No es así. Es un debate cerrado por el tema de derechos humanos y la verdad es que es muy difícil que pueda avanzar eso en este parlamento hoy día. Por lo tanto, gobernador, busque otra cuña para ganar votos porque creo que esa no le va a servir”, emplazó.

En tanto, su par de Renovación Nacional, el parlamentario Andrés Celis, indicó que en periodos de elecciones se “producen milagros“: “Pasamos de un gobernador que se inició como un personaje más bien parecido a un Che Guevara, y terminamos con un gobernador más similar a un Bukele. Por lo mismo, yo al menos no soy partidario de la pena de muerte, sino de la cadena perpetua, que no salga jamás de la cárcel en aquellos delitos que son atroces, como por ejemplo la violación de un menor”.

Para Celis, los dichos de la autoridad regional son parte de “un populismo electoral desaforado por tratar de ganar esta reelección”.