La educación superior no solo es fundamental para la formación de capital humano avanzado, sino que también sirve como una plataforma crucial para la movilidad social. Por otro lado, se ha estudiado que un mayor nivel educacional se relaciona con una mejor salud mental. Sin embargo, mientras se está cursando estudios de educación superior, los problemas de salud mental son frecuentes.

Un estudio publicado el año 2018 de la iniciativa de la OMS “World Mental Health International College Student” (WMH-ICS), liderada por la Universidad de Harvard, encontró que aproximadamente un tercio del estudiantado de educación superior tenía al menos un trastorno de salud mental.

Chile es parte de esta iniciativa desde el año 2019 a través del Núcleo Milenio Imhay. El estudio ha sido llevado a cabo en cinco universidades en cuatro regiones del país. Los resultados han indicado que particularmente a partir de la pandemia, las prevalencias de depresión son aún más altas que en otros países de la iniciativa. Adicionalmente, se ha encontrado que estudiantes mujeres, de la población LGBTQ+, que proviene de colegios públicos y de primera generación (cuyos padres/madres no han asistido a la educación superior), tienen mayores niveles de problemas de salud mental como ansiedad y depresión.

En los últimos años en Chile, la salud mental del estudiantado de educación superior ha sido visibilizada como una preocupación no solo desde los y las estudiantes, sino también desde sus familias y entorno, sus docentes, y distintas autoridades universitarias y nacionales.

Es así como en nuestro país se han constituido varias comisiones y mesas de trabajo para abordar el problema. Aunque estas iniciativas son valorables, gran parte de ellas quedan solo en la etapa de diagnóstico al no tener el respaldo de las autoridades, al ser realizadas desde solo un sector o estamento, sin mayor participación en la generación o socialización de las propuestas, o por no tener los recursos humanos y materiales para avanzar en implementarlas.

Es destacable la iniciativa de la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación que, en conjunto con la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, convocó y condujo el trabajo de un Consejo Asesor en Salud Mental para la Educación Superior. Este Consejo fue ampliamente participativo, integrando evidencia científica internacional y nacional con la experiencia de actores y actrices clave, para llegar a una propuesta de 33 recomendaciones divididas en cuatro ejes de acción: (1) trayectorias académicas y procesos formativos, (2) promoción y prevención, (3) atención focalizada, y (4) atención especializada.

Algunas de estas recomendaciones por ejemplo relativas al seguimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes, la identificación de problemas de salud mental, y la evaluación de la carga académica, ya han sido implementadas o se está avanzando en ello en gran parte de las instituciones de educación superior. Sin embargo, como señala el informe, existe aún una gran brecha entre el subsistema universitario y centros de formación técnica e institutos profesionales, lo cual es crítico ya que en estos últimos es donde acuden estudiantes con mayores factores de riesgo y que podrían tener más necesidades de salud mental.

Para lograr un sistema educativo equitativo, es fundamental brindar apoyo y asesoría técnica a las instituciones que más lo necesitan. Esto implica cerrar la brecha entre los subsistemas universitarios y técnico-profesionales, garantizando que todos los estudiantes tengan acceso a los recursos y servicios necesarios para cuidar su salud mental. Además, la implementación de las recomendaciones de promoción, prevención y atención requiere una inversión significativa de recursos económicos, lo que demanda un compromiso real por parte de las autoridades e instituciones para llevar a cabo estos cambios.

La asignación de recursos adecuados es esencial para implementar varias de las recomendaciones clave del informe, como habilitar espacios de recreación, implementar programas de prevención del consumo de alcohol y drogas, prevenir el suicidio, y brindar apoyo y contención en crisis de salud mental. Asimismo, no podemos olvidar la importancia de la evaluación constante y la investigación científica en la mejora continua de los programas e intervenciones. El uso de tecnologías puede facilitar este proceso, permitiendo un seguimiento más efectivo y una toma de decisiones basada en evidencia. Además, establecer redes de colaboración es fundamental para maximizar el impacto de las iniciativas exitosas, adaptándolas a las realidades locales.

El diagnóstico está hecho y las recomendaciones para enfrentarlo ya están propuestas. Ha llegado la hora de que pasemos a la acción.

Por Scarlett Mac-Ginty Fontecilla, magíster en Salud Pública y PhD(c) en Servicios de Salud e Investigación Poblacional, junto a Vania Martínez Nahuel, psiquiatra infantil y del adolescente.

Ambas autoras son investigadoras del Núcleo Milenio Imhay.