A la hora de analizar la prioridad comparativa de las políticas públicas, el primer criterio que asoma en estos tiempos es el de las cuántas personas beneficia. Si una decisión del Estado tiene consecuencias sobre muchos, esto debería –según el argumento- ser más urgente que si afecta a pocos. No se puede desconocer que un criterio como éste se hace especialmente conveniente en años electorales, puesto que se busca que estas medidas vuelquen la voluntad de la población a favor.
Pero en un país tan diverso y largo como éste, donde las necesidades son de distinta naturaleza, no debería ser el único criterio. Hay situaciones donde no se afecta a grupos mayoritarios, pero en que el Estado por acción u omisión ha cometido injusticia, como por ejemplo ha ocurrido con el Crédito con Aval del Estado o en lugares como Quintero-Puchuncaví, al igual que en las demás llamadas zonas de sacrificio. También hay otras que se prolongan demasiado a lo largo del tiempo, por lo que asiste el deber moral de intentar resolver mientras las personas sigan vivas, como en el caso de los familiares de los detenidos desaparecidos. Y, en el mismo caso, podríamos situar la llamada “deuda histórica” a los profesores.
Según la propia web del Ministerio de Educación, se le denomina Deuda Histórica “al perjuicio salarial que sufrieron miles de profesoras y profesores de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, lo que impidió que los profesionales recibieran el reajuste salarial que estaba contemplado en el Decreto Ley N° 3.551 (Artículo 40), pues éste fue desconocido por sus nuevos empleadores. Esto hizo que vieran mermados sus salarios, por lo que en las últimas cuatro décadas miles de docentes han exigido la reparación de esta deuda”. Esta demanda es, como resulta obvio, de carácter cuantitativo, puesto que las mejoras salariales a los profesores –aún insuficientes- se han realizado recién en los últimos lustros, por lo que la situación económica de los maestros actualmente en edad jubilar suele ser precaria o derechamente mala.
Pero hay dos factores adicionales que explican la importancia y la urgencia. Uno es que con el paso del tiempo miles de profesores a los cuales se les debió pagar la deuda histórica, probablemente la mayoría, han fallecido sin ver una solución. Y una segunda es que esas generaciones de profesores fueron humilladas por éstas y otras acciones tomadas por la dictadura (recordemos que su máximo dirigente gremial, Manuel Guerrero Ceballos, fue degollado en 1985), por lo que el tema también porta el valor simbólico de la reparación.
Se comprende que el monto total a día de hoy de la deuda histórica es tan alto que ha impedido resolver el tema, pero tampoco es adecuado que gobiernos sucesivos se hayan desentendido del problema hasta el punto que se han acumulado más de cuatro décadas. Es sabido que el gremio docente estaría dispuesto a buscar una fórmula realista para el actual estado de las arcas públicas, a su vez que hay una promesa del presidente de la República que realizó –en palabras del presidente del Magisterio, Mario Aguilar- mirando a los ojos a los dirigentes. Mientras esperamos saber en la víspera de la cuenta presidencial si se hará mención al tema, decenas de profesores, cada vez menos en cantidad y cada vez más ancianos, se reúnen cada jueves en la Plaza de la Constitución para recordar a los sucesivos gobiernos que hay una deuda del Estado que, es cierto, no afecta a un grupo mayoritario de la población, pero que no por eso su solución deja de ser justa y urgente.
