Tras tres extensas jornadas de formalización, este lunes la jueza Paulina Moya resolvió las medidas cautelares que se le aplicará al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien es imputado por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco de la investigación sobre la administración de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

“Este tribunal no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión (…). Nadie debe recibir un trato preferencial y las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos del caso, en los antecedentes aportados y en las leyes aplicables sin considerar factores extralegales”, dijo la magistrada en la parte introductoria.

Desde el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, la jueza Moya señaló que esta etapa del proceso judicial corresponde a la formalización de cargos y no de juicio oral. Por ello, indicó que: “El estándar de convicción que establece el Artículo 140 del Código Procesal Penal para imponer medidas cautelares más intensas no es el mismo que se requiere para una sentencia condenatoria que exige convicción más allá de toda duda razonable”.

De esa manera, tras repasar los antecedentes presentados por la Fiscalía Centro Norte y los argumentos presentados por la defensa, la magistrada presentó las medidas cautelares. Según Moya, la cantidad de delitos y las penas asociadas a los mismos requieren de la prisión preventiva, dado que las medidas de menor intensidad son “insuficientes”.

Así, la jueza consideró que la libertad del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, representa un “peligro para la sociedad”, por lo que decretó prisión preventiva para el jefe comunal y edil deberá ingresar al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.