La reciente medida de prisión preventiva dictada contra el alcalde de Recoleta y eventual presidenciable de la izquierda trasformadora, Daniel Jadue, ha despertado preocupación, críticas y condenas por parte de diversos sectores de la sociedad nacional e internacional. La decisión judicial, justificada por la jueza bajo el argumento de que Jadue representaba un “peligro para la sociedad”, ha puesto en evidencia la desigualdad en la interpretación de la ley y aplicación de la justicia en nuestro país.

Mientras alcaldes de derecha han sido acusados de delitos graves sin siquiera ser formalizados, otros gozan de arresto domiciliario o libertad bajo fianza. Esta disparidad de tratamiento revela la existencia de una evidente “justicia de clase e ideológica” que privilegia a los poderosos y persigue a quienes amenazan el statu quo. Al mismo tiempo devela una operación con el fin de inhabilitarlo en la previa de las próximas elecciones presidenciales.

El argumento de que Jadue es un peligro para la sociedad resulta, por lo menos, absurdo. Por el contrario, su gestión al frente de la comuna de Recoleta ha generado un impacto positivo en la vida de miles de habitantes. Jadue ha implementado iniciativas pioneras como las farmacias populares, ópticas populares, una biblioteca pública y un festival cultural masivo y gratuito. Su gestión y visión política, siempre consecuente y coherente con los postulados de su partido y de la izquierda trasformadora, ha destacado por la ampliación, desde el nivel local, mediante la innovación política y social de la gestión municipal, el acceso a servicios esenciales y promoviendo el desarrollo social y cultural.

Recoleta, es sin duda, un ejemplo comunal respecto de los avances sociales que una izquierda trasformadora, con un liderazgo solido en sus convicciones, sin complejos ni titubeos, puede implementar con horizonte de igualdad y una mejora significativa de las condiciones materiales de vida de las personas.

Los índices de calidad de vida en Recoleta han mejorado notablemente bajo la administración de Jadue. Desde 2017, la población de la comuna ha aumentado en un 22%, lo que demuestra la confianza y el bienestar de sus habitantes. La gestión de Jadue es un ejemplo de administración pública transformadora que prioriza el bienestar de las personas por sobre el lucro y los intereses particulares.

La prisión preventiva de Jadue es un intento de acallar una voz disidente, de limitar la capacidad de acción política de un líder popular que ha demostrado que otras políticas públicas son posibles y que el abandono de los paradigmas neoliberales continúa siendo una alternativa vigente para ofrecer mejoras en las condiciones de vida de nuestra gente. Entonces, la medida busca deslegitimar su gestión ejemplar y enviar un mensaje de intimidación a quienes se atrevan a desafiar el orden establecido.

El caso de Daniel Jadue es un claro ejemplo de cómo se utiliza la justicia para fines políticos y para proteger los intereses de las élites y la conservación del statu quo. Por tanto, Daniel Jadue sí constituye un “peligro para la sociedad”, para la sociedad neoliberal y por ello, por esa rebeldía, convicción y atrevimiento en tiempos de mesuras, acomodos y entreguismo ideológico debe ser castigado.