En el marco de las investigaciones que realiza el Ministerio Público por el caso Convenios, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, junto a la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en las oficinas del Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso tras detectar irregularidades en un proyecto adjudicado a Fundación ProCultura.

Los artículos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras, pendrives, tablets y todo tipo de soporte de memoria, físicos o en la nube fueron incautados en el allanamiento que se llevó a cabo en las oficinas principales del GORE de Valparaíso, encabezado por el gobernador Rodrigo Mundaca Cabrera.

La diligencia supone ser una acción clave respecto a las indagatorias por el caso Convenios, el cual comenzó a ser investigado en el 2023 en Gobierno Regional de Antofagasta.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, reagrupó todas las investigaciones del caso y las asignó al fiscal Palma -debido a su experticia en materia de corrupción pública-. Así, se fijaron distintas líneas de investigación por cada una de las instituciones públicas, sobre las cuales recaen hipótesis delictivas que van desde el tráfico de influencias, el fraude al fisco, la negociación incompatible y la apropiación indebida.

El total de dineros que se investigan supera los $5.600 millones. Antofagasta, Atacama, Región Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Aysén y Magallanes son las regiones donde se concentra la investigación -en calidad de reservada- de convenios millonarios ejecutados con la Fundación ProCultura.

La fundación registra su giro en la promoción de actividades culturales, pero ésta fue favorecida con la asignación directa de fondos para ejecutar proyectos en materias tan diversas como el diseño de loteos para erradicar asentamientos precarios, programas de salud mental, turismo creativo y muralismo, entre otras.

El hilo que llevó a la fiscalía a ingresar con la fuerza pública a las oficinas del gobernador Mundaca —quien busca la reelección en los comicios de octubre de este año— surge del resultado del levantamiento del secreto bancario realizado a la persona jurídica de la Fundación ProCultura, cuyo fundador y presidente es el psiquiatra Alberto Andrés Larraín Salas, y la representante legal, la actriz María Constanza Gómez Cruz. Desde esa cuenta se detectaron transacciones sospechosas hacia la cuenta personal de Larraín por $77.000.000 y otros $33.000.000 hacia la cuenta de su representante legal.

En ambas transacciones, no hay constancia de la emisión de boletas de honorarios u otros documentos que justifiquen los traspasos. Además, es de conocimiento público que la cuenta de la fundación no mantiene fondos a la fecha, desconociéndose el destino de los recursos obtenidos en los múltiples convenios celebrados con instituciones públicas en al menos siete regiones.

Siguiendo el rastro de las adjudicaciones a ProCultura, la investigación condujo al Ministerio Público a levantar una hipótesis criminal en la asignación del proyecto “1ª Residencia de Muralismo con Intercambio Cultural La Calera – Rosengård, Suecia”, suscrita el 10 de enero de 2023 por el gobernador regional, Rodrigo Mundaca Cabrera.