Algunos inversionistas de la construcción expertos en “vender la pomada”, para obtener ventajas impropias en sus negocios, han iniciado una campaña comunicacional en los medios que protegen sus intereses, informando a la opinión pública, como un hecho de la máxima preocupación para el país, lo que sucede con los plazos de vigencia de los permisos de edificación. Así fue como en el reportaje del 28/07/2024  de El Mercurio “Los meses negros del mercado inmobiliario: más de 90.000 viviendas en riesgo por permisos a punto de vencer”, en donde, ante este temor, dice la nota periodística, el gobierno abordará la caducidad de estas autorizaciones para eventualmente ampliarlas. Para presionar al Minvu en un epígrafe se lee “se estima una gran concentración de vencimientos a partir del tercer trimestre de 2024”.

De acuerdo a la reglamentación vigente, la caducidad de estos permisos se produce a los 3 años de otorgados, si sus titulares no han realizado los trazados y comenzado las excavaciones de los proyectos o bien que las obras estén paralizadas en dicho período, lo que es una obligación muy sencilla y barata y si se produce la paralización, es porque el titular se desentendió del negocio. Por ende, lo que busca esa industria, con la ayuda de cierta prensa, es disponer de un acto administrativo vigente a todo evento y por plazo indefinido. ¿Nos preguntamos si el gobierno accederá a esa pretensión asociada al más puro laissez faire?

En nuestra anterior columna en este medio dimos cuenta del episodio hotel Punta Piqueros en Concón y como los abogados Juan Carlos Manríquez y Darío Calderón se habían reunido con Raúl Letelier, presidente del CDE, para darle a conocer las “bondades” de una conciliación entre los dueños del hotel y el alcalde de Concón, nuestra fundación Defendamos la Ciudad hizo lo propio el 24/07/2024 con el fin de expresarle a este importante servicio público la otra cara de la moneda.

El resumen de nuestra exposición ante el CDE se aprecia en este link.

Si bien es cierto nuestra entrevista se circunscribe al asunto del hotel, el cual en rigor se debía demoler, conforme al mandato de la ley, allí como una salida para no hacerlo, propusimos que los pisos que superan los admitidos en el respectivo Plan Regulador Comunal (PRC), los inversionistas del mismo se los traspasaran al municipio para que fueran ocupados como equipamientos públicos y sociales, ello en la medida de que esta fórmula fuera aceptadas por el Minvu, el cual debería modificar la respectiva ley. Si ello fuera posible, el hotel podía funcionar en los primeros pisos equivalentes a los 7 metros de altura, que son los permitidos en el instrumento normativo local. Esto ha sido corroborado en la 4a audiencia de conciliación del 26/07/2024, en la cual el director de obras de Concón dice ante los jueces que el proyecto, ahora con cambio de nombre, “debe analizarse a la luz de la actual normativa”. Más claro echarle agua.

En esta línea, ampliamos el modelo para que también fuera utilizado en el edificio ilegal de 20 pisos localizado en la esquina de Pío Nono con Dardignac, comuna de Recoleta, el que no puede contar con recepción final debido a que el PRC para ese sector considera una altura de 9 pisos, lo mismo que sucede con 4 edificios ilegales llamados guetos verticales en la comuna de Estación Central. La idea en Recoleta es traspasar el dominio de los pisos que superan la norma al municipio para que éste utilice los departamentos para familias vulnerables y en Estación Central el traspaso sería del 10% del total de los departamentos de cada edificio, para los mismos fines. De esta manera, ya que en Chile no se demuelen los edificios ilegales, no existirían “elefantes blancos”.

El 24/07/2024 el mismo diario publica la nota “Comisión de Ética resuelve hoy si indagará a juez Muñoz por eventual entrega a su hija de información privilegiada sobre causa”, ello conforme a denuncia del abogado Marco Antonio Fuentes de la inmobiliaria Fundamenta, la que tiene un proyecto inmobiliario en Ñuñoa de 4 torres de 32 pisos con un permiso de edificación que se cursó con un Estudio de los Conos de Sombra irregular, materia que este columnista denunció en la Contraloría General de la República y en la Seremi Minvu, sin que a la fecha se nos responda. Como un hecho revelador, la 3a Sala de la Suprema, presidida por el mismo juez Muñoz, había resuelto en un fallo que en este aspecto técnico no se pronunciaba, pues era un asunto que tenían que resolver las instancias administrativas. Esta “noticia” fue publicada después por algunos otros medios.

El denunciante Fuentes, según El Mercurio, le dijo a dicha Comisión de Ética que el magistrado Muñoz “le habría” (sic) entregado información sensible a su hija, quien deseaba rescindir una promesa de compraventa de 2 departamentos en el proyecto de Fundamenta. Para ello el acusador entrega una conversación en whatsapp entre la promitente compradora y una empleada de la empresa, en donde la primera le dice a la segunda que “mi papá es el que ve este tema, ya que participa en la Corte Suprema”, luego se vale de un dicho no empleado por el juez Muñoz. Como vemos, Fuentes utilizando términos condicionales intenta perjudicar a un juez de primer nivel sin argumentos válidos, suponiéndose que su imprudente actitud se deriva del hecho cierto de que la Suprema dejó pendiente la validez del Estudio de los Conos de Sombra del proyecto de su cliente Fundamenta.

En resumen, estamos ante pura chismografía propalada por un abogado que está molesto con el juez Sergio Muñoz.