Agenda Derechos Humanos
“Agenda Derechos Humanos” es un espacio creado para dar seguimiento a temas internacionales relativos a derechos humanos que sean relevantes para Chile. Este proyecto de la Cátedra de Derechos Humanos de la VEXCOM y Radio Universidad de Chile intercala sesiones mensuales a través de la radio (último lunes de cada mes a las 09:30 hrs) y columnas de opinión como la que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en la página web de Radio Universidad de Chile radio.uchile.cl y que desde este mes cuenta con su propio micrositio, lo que nos tiene muy felices.
En esta columna de “Agenda Derechos Humanos”, haremos una reseña de las conclusiones de una reunión convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y que se realizó en Washington DC, Estados Unidos, los días 17 y 18 de julio pasado sobre “Corrupción, crimen organizado y derechos humanos: avances y desafíos para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Corrupción y Derechos Humanos
Esta reunión tenía como objetivo permitir un debate entre organismos de derechos humanos, expertos/as en materia de corrupción y organizaciones no gubernamentales que tramitan casos en este campo y que sus conclusiones pudieran servir como un insumo para la elaboración -en el último trimestre de 2024 o primer trimestre de 2025- de una nueva resolución de la CIDH en torno al tema de corrupción y derechos humanos, que se sume a las resoluciones dictadas en 2017, 2018 y le dé continuidad al Informe Temático “Corrupción y Derechos Humanos” (en adelante “Informe Temático”) de diciembre de 2019.
Atendido el debate que se ha abierto en Chile sobre esta materia los últimos años y que tiene plena actualidad, tal como señalamos en Agenda Derechos Humanos correspondiente a junio de 2024, es importante compartir algunas de las principales conclusiones a que se llegó en cuanto a la estrecha relación entre corrupción y derechos humanos, una perspectiva que no ha sido incorporada con fuerza en la discusión nacional.
En primer lugar, es necesario hacerse cargo de un contexto regional complejo en estas materias. Así, es evidente que en la región existe un creciente autoritarismo que luego de la pandemia se profundizó en diversos países de la región y a esto se suma una escalada en materia de gran corrupción y crimen organizado, particularmente, en forma de criminalidad transnacional, que avanza a una velocidad muy superior a la que han demostrado los Estados para enfrentarla. A esto se suma el hecho de que la impunidad sigue siendo un enorme desafío en esta materia y la persecución eficaz no siempre se da con pleno respeto a los derechos humanos, lo que afecta su legitimidad.
Del debate que se dio en la reunión surgieron algunas cuestiones interesantes. Por una parte, se ha consolidado el vínculo entre corrupción y derechos humanos, y hoy, parece no haber dudas en torno al proceso de convergencia de la agenda anticorrupción y la de protección de los derechos humanos. Asimismo, existe acuerdo en que el impacto negativo de la corrupción y, particularmente de la gran corrupción, en la democracia, el estado de derecho y la protección de derechos humanos es un dato de la realidad y que dicho impacto negativo se profundizó en el marco de la pandemia del COVID-19. Por otro lado, es evidente que existen nuevos desafíos regionales en la materia, que están marcados por el creciente autoritarismo en la región y las respuestas punitivistas frente a los problemas ocasionados por la desigualdad social, la crisis de seguridad y el creciente poder del crimen organizado.
Algunas de las recomendaciones para la CIDH que emanaron de esta materia fueron: la corrupción y el crimen organizado deben ser enfrentados como fenómenos vinculados, pero que tienen características diferentes y que requieren estrategias diferenciadas; se deben priorizar los casos en materia de corrupción y aprovechar los mecanismos de monitoreo -en particular los casos que se remiten a la Corte Interamericana- para abordar la temática de corupción de acuerdo con las recomendaciones del Informe Temático de 2019, se deben profundizar los mecanismos institucionales en la CIDH para incorporar esta temática en forma transversal, creando una relatoría o grupo de trabajo en la materia.
En este sentido, me parece importante recalcar que el Informe Temático sobre “Corrupción y Derechos Humanos” (2019) sigue siendo un instrumento que da respuesta a los principales temas que surgen del proceso de convergencia entre ambas agendas. De esta forma, las conclusiones se recomendaciones formuladas debieran ser una guía general para los Estados, la sociedad civil y la propia Comisión Interamericana para avanzar y profundizar en una lucha contra la corrupción eficazmente construida sobre la base de un enfoque de derechos humanos que le dé legitimidad. En este sentido, se debe recordar que la principal conclusión de la CIDH en el referido informe es que
“La magnitud del fenómeno de corrupción estructural que vive la región y que tiene consecuencias negativas para el sistema democrático, el Estado de Derecho y los derechos humanos requiere esfuerzos proporcionales al problema. Para ello, es necesario que la sociedad civil, los movimientos sociales y toda la población demanden y exijan transformaciones para erradicar la corrupción y un liderazgo político que impulse esos cambios” (párr. 502).
Por tanto, se hace evidente que en Chile debemos asumir que la crisis de corrupción es más profunda de lo que históricamente habíamos estado dispuestos a aceptar y que las medidas que se requieren son estructurales y, para ello, el poder político es parte del problema y, por tanto, la ciudadanía tiene que tener un rol activo en plantear el tema, darle seguimiento y presionar por cambios profundos y no medidas superficiales.
En este mismo sentido, un enfoque de derechos humanos es de gran utilidad no sólo para plantear el impacto que la corrupción y la gran corrupción, en particular, tienen sobre los derechos humanos, sino que las soluciones deben darse en el marco de los compromisos internacionales del Estado en esta materia, que obligan al Estado a tomar medidas efectivas para prevenir la corrupción, combatirla con medidas eficaces, sancionar efectivamente a los responsables y reparar integralmente a las víctimas. No de debe olvidar que la corrupción sí tiene víctimas y estas deben ser visibilizadas y reparadas integralmente.
Crimen organizado y Derechos Humanos
El segundo eje de discusión estuvo centrado en el tema de “Captura del Estado: crimen organizado, corrupción y derechos humanos”.
La conversación en esta materia se centró en buscar una caracterización del crimen organizado que permita plantear estrategias adecuadas para su combate con una perspectiva de derechos humanos. Un aspecto en que hubo consenso fue en que el elemento que caracteriza al crimen organizado no es la violencia (su expresión más visible), sino que es la multiplicidad de intereses o negocios que manejan a través de complejas formas de organización, con control territorial, control de los sistemas penitenciarios y con fuerte articulación internacional.
En cuanto a la lucha contra el crimen organizado se puso particular énfasis en la necesidad de enfocar los esfuerzos en la desarticulación de los negocios que desarrolla el crimen organizado a través de esfuerzos internacionales (lo que exige coopación internacional eficaz), evitar la captura de los poderes del Estado (policías, política y poderes judiciales), control de la corrupción que sirve de herramienta para garantizar impunidad y facilitar los negocios ilícitos, inteligencia para comprender los alcances de las estructuras organizativas, y evitar que se usen las cárceles como centros de operación de la criminalidad. Sobre la violencia, si bien este es el elemento más visible de la criminalidad y donde los Estados ponen su atención por los réditos políticos que esto trae aparejado, hubo consenso que la criminalidad organizada no se derrota policialmente, sino que solo es posible dicha derrota con medidas coordinadas y complejas que apunten a los elementos que les dan sustento político, económico y social a estas prácticas delictuales.
Esta discusión dio paso a algunas recomendaciones para la CIDH y estas se centraron en abordar la gran corrupción y el crimen organizado de forma integral, como dos diseños ilícitos que se relacionan, interactúan y se potencian; se constató el hecho de que para abordar este tema desde una perspectiva de derechos humanos el rol de la CIDH es fundamental, particularmente, en el contexto regional caracterizado por un desbordamiento del tema de la criminalidad organizada y la opción por respuestas punitivistas; también se consensuó en la necesidad de desarrollar principios y buenas prácticas en relación con las víctimas de graves crímenes de corrupción y abusos estatales.
En este sentido, es interesante constatar cómo los efectos del crimen organizado y la macro criminalidad, y el impacto de estos fenómenos criminales en la población y, particularmente, en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, ha llevado a muchos Estados -Chile incluido- a asumir políticas punitivistas (leyes de gatillo fácil, aumento de penas, limitación a los derechos procesales, uso excesivo de la prisión preventiva, entre otras) que entran en clara tensión con la protección de los derechos humanos. Una conclusión evidente de esta reunión es que la agenda de lucha contra el crimen organizado y la de la protección de los derechos humanos no son contradictorias, al contrario, son perfectamente complementarias y necesarias. Un sistema estatal que no respeta los derechos humanos, que genera más violencia en la lucha contra el crimen organizado y que no sea capaz de proteger a la población y reparar las consecuencias de los actos criminales, pierde legitimidad y este es un aliciente para quienes procuran una efectiva “gobernanza criminal”.
Asimismo, es relevante destacar cómo una adecuada descripción del fenómeno de la criminalidad organizada da luces sobre las prioridades que deben guiar un accionar eficiente para enfrentarla. Así, es claro que centrarse en los síntomas no soluciona el problema de fondo. Por ello, es esencial que las acciones del Estado en esta materia apunten a desarticular las redes transaccionales, lo que implica un enorme esfuerzo para seguir los flujos del dinero; controlar los sistemas penitenciarios y evitar que estos se transformen en espacios de articulación y mando del negocio criminal; desarticular las redes de macro criminalidad donde concurren actores estatales y privados; y hacer un esfuerzo a nivel local, nacional e internacional para enfrentar estas nuevas formas de criminalidad con medidas coordinadas y coherentes, y no con medidas efectistas que no resuelven los aspectos estructurales que permiten estas acciones criminales.
De esta forma, en Chile es fundamental fortalecer el Estado y así evitar la captura de las agencias que pueden facilitar el crimen organizado. En este sentido, las policías, el poder judicial y los partidos políticos son objetivos claros de la criminalidad organizada. Controlar estas funciones estatales les garantiza impunidad y les permite realizar sus “negocios” con tranquilidad. Sin duda, pese a los problemas serios de corrupción de que ya hemos dado cuenta en Agenda Derechos Humanos (junio 2024), aún estamos a tiempo de evitar la captura del Estado por parte de la criminalidad organizada, pero se debe actuar de una manera más profunda de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Asimismo, se debe evitar que los casos de corrupción queden en la impunidad, desalentando de esta forma la articulación entre el aparato estatal y la criminalidad organizada. Finalmente, es necesario generar mayores mecanismos de control y supervisión de las actividades estatales relevantes; las policías, el poder judicial y los partidos políticos deben tener mecanismos de rendición de cuentas más eficaces y se debe profundizar en el diseño de procedimientos que permitan las denuncias de actos de corrupción.
A qué estar atentos los próximos días
En “Agenda Derechos Humanos” queremos ser un espacio de información en materia de derechos humanos y para ello hemos establecido una colaboración con el Instituto Nacional de Derechos Humanos a fin de que esta institución nos pueda señalar cuáles son los principales hitos a los que debiéramos estar atentos en el mes de julio.
Para el mes de agosto queremos relevar algunos eventos a los que debiera prestarse atención por parte del movimiento de derechos humanos:
- El INDH junto al Artequin y el artista Cubotoy lanzaron un material educativo para NNA, sobre los 7 premios nacionales de derechos humanos. El material se puede solicitar al INDH y/o ir a buscar a Artequin. O descargarlo para impresión manual aquí https://indhciudadano.indh.cl/una-historia-para-construir/
- El INDH está haciendo escuelas para líderes comunitarios en Antofagasta, Maule y Coquimbo. La de Coquimbo comienza este mes, el 28 de agosto. Para más información contactarse con las Sedes Regionales del INDH
- Antofagasta: 14 de febrero 2065, piso 14, oficina 1401. Antofagasta. tel:228878885
- Coquimbo: Los Carreras 380, piso 3, oficina 326. La Serena. tel: 228878887
- Maule: 6 Norte 952. Talca. tel: 228878625
