Siempre que se acerca el 30 de agosto es bueno tomar un momento para hacer memoria. Chile, desde 2006, conmemora en este día a todas las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura. Actualmente, son más de mil las que siguen con paradero desconocido y, ¿qué se ha hecho en Chile para remediar esta grave herida?

El gobierno dio un paso adelante en este sentido justo hace un año, cuando oficializó la implementación del “Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia respecto de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”, con el objetivo de pesquisar e identificar a las víctimas de estas violaciones a derechos humanos.

Y es, justamente, el Estado de Chile quien tiene el deber moral y jurídico de seguir poniendo todos los esfuerzos para avanzar en el cumplimiento del derecho a la verdad respecto a las personas detenidas desaparecidas. 

Lo valoramos en su día, pues sin duda fue un hito necesario para la obtención de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición tanto para los familiares de las víctimas, como para todo el país. Pero es sabido que para el desarrollo de este plan es necesario que existan los recursos suficientes. Es por eso que esperamos que en el nuevo presupuesto que pronto se hará público se continúe dando prioridad a este proyecto, independiente de las pesquisas que han salido a la luz recientemente. Es crucial, por tanto, que este Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas se implemente con transparencia y de manera permanente, independiente del gobierno de turno.

Recordamos y honramos a las víctimas de tales atrocidades y seguiremos esforzándonos para asegurar que la justicia prevalezca y que tales violaciones de los derechos humanos no se repitan. Detrás de cada víctima de desaparición forzada hay alguien que no se ha cansado de buscar, mujeres que han barrido el desierto con la esperanza de encontrar una respuesta. Es sabido que históricamente han sido los familiares quienes se han encargado de la búsqueda y, por lo mismo, llamamos al Estado a trabajar estrechamente con las agrupaciones de familiares, a consultar lo que sea necesario para que este impulso, por décadas buscado, no se empañe de dudas.

Además, es una instancia relevante para que el gobierno instruya a las instituciones uniformadas a que implementen medidas que puedan dar respuesta a los requerimientos de las agrupaciones de familiares y sobrevivientes y terminen con los pactos de silencio aportando la información que se requiera para seguir avanzando.

En Amnistía Internacional seguimos y seguiremos de pie por las víctimas de desaparición forzada, para que el “nunca más” no se quede en simples palabras.

Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile