En Santiago, como en muchas otras comunas de Chile, enfrentamos a diario la dolorosa realidad de ver cómo terrenos, ante el abandono de sus dueños, han sido tomados por la delincuencia. Terrenos despoblados se han transformado en verdaderos centros de operaciones para la comisión de delitos, convirtiéndose en una amenaza latente para la seguridad de las y los vecinos de la comuna.

La ley vigente no permite a los municipios destinar para uso comunitario espacios abandonados que son objeto de delitos, por lo que hemos adoptado la estrategia de recuperación de casas tomadas en comisión de delito para entregar tranquilidad a barrios afectados, acción que ya nos ha permitido desalojar 81 inmuebles y dos sitios eriazos, que ha traído consigo la significativa reducción del 56% de homicidios en la comuna, según el dato entregado por la Subsecretaría de Interior. Sin embargo, el trabajo desarrollado de manera interinstitucional, debe ir de la mano con una ley que nos permita ir más allá de acciones policiales y declaratorias de abandono que pueden derivar solo en multas a beneficio municipal, especialmente cuando no hay dueños de inmuebles o sitios eriazos disponibles a darles un buen uso.

Ante la crisis de seguridad que vivimos, necesitamos leyes que robustezcan el rol que los municipios hemos cumplido en favor del bienestar de las comunidades. Por esto, el proyecto de ley que permite la destinación temporal de propiedades abandonadas, que están generando problemas de seguridad pública, se vuelve una herramienta imprescindible para que estos espacios, que son un verdadero dolor de cabeza para la comuna y sus vecinos, se transformen en lugares de uso vecinal.

Este proyecto propone que los terrenos abandonados que generan problemas de seguridad sean administrados provisionalmente por el municipio. Esto permitiría una intervención rápida y efectiva para enfrentar la delincuencia y convertir estos espacios en áreas que beneficien a la comunidad, como parques, centros comunitarios o plazas seguras, donde nuestras familias puedan reunirse. Este es un paso fundamental hacia la recuperación de nuestros barrios.

Los alcaldes no pretendemos expropiar estas propiedades, sino utilizarlas mientras la situación de inseguridad persista. Una vez controlada la situación, el propietario tendrá pleno derecho a solicitar el alzamiento de la medida, garantizando que el proceso sea justo y respetuoso de los derechos de propiedad privada. Sin embargo, es crucial entender que, mientras estos espacios sigan siendo refugios para la delincuencia, se están perdiendo oportunidades valiosas para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos.

La aprobación de esta ley será un acto de justicia social y tendrá un impacto directo en la vida de nuestras comunidades. En Santiago, entendemos la importancia de contar con espacios públicos seguros y bien mantenidos, y cada terreno recuperado simboliza una victoria contra la marginalización y el abandono. Este proyecto envía un mensaje claro: nuestras comunidades no están solas en la lucha contra la delincuencia y estamos firmemente comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos.

El proceso para llevar a cabo la destinación temporal de terrenos no es arbitrario; se fundamenta en un análisis riguroso y en la aprobación del Concejo Municipal, lo que asegura que cada decisión esté respaldada por un consenso y una necesidad real de mejorar la seguridad pública. Esta ley es una herramienta poderosa que nos permitirá revitalizar nuestros barrios y devolver a nuestros vecinos los espacios que legítimamente les pertenecen.

Por eso, desde Santiago, hacemos un llamado urgente al Congreso para que actúe con la celeridad que esta situación amerita. No podemos permitir que estos terrenos sigan siendo territorios perdidos para la delincuencia. Es tiempo de recuperarlos, es tiempo de construir juntos una comuna más segura, más justa y más próspera para todos.